Santiago de Chile, 6 oct (EFE).- La Fiscalía chilena anunció este martes la detención de tres policías acusados de cometer delitos de tortura contra varios manifestantes en octubre de 2019, episodio que tuvo lugar tras una protesta en el marco de la actual crisis social que vive el país.
Los agentes detenidos, del cuerpo policial de Carabineros, serán imputados el miércoles, según informó la Fiscalía Oriente.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 21 de octubre, tres días después del inicio del estallido social, en una comisaría en Peñalolén, un barrio periférico al este de la capital.
Durante un proceso de detención, los tres agentes sospechosos torturaron supuestamente a un total de seis víctimas, cuatro de ellas menores.
"Las detenciones realizadas dan cuenta del compromiso permanente del Ministerio Público con los derechos humanos, en orden a esclarecer todo el tipo de delitos que atenten contra la dignidad de las personas", afirmó el fiscal Manuel Guerra.
El funcionario agregó que la investigación se abrió tras recibir de una denuncia de supuestas crucifixiones a detenidos en esa misma comisaría, hechos que fueron descartados pero que llevaron a la institución a constatar los presuntos delitos de tortura con registros audiovisuales.
El portavoz de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al caso y aseguró que "los policías tienen el mandato de que exista orden público", pero agregó que ese precepto tiene un "límite en el respeto de los derechos humanos".
La Fiscalía Nacional informó esta semana que elevó a 8.575 la cifra de víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la actual crisis social que vive el país austral.
CARABINEROS, EN EL PUNTO DE MIRA
La Policía chilena se encuentra en el punto de mira de la oposición y de gran parte de la sociedad chilena, especialmente tras el incidente del pasado viernes en el que un agente supuestamente lanzó a un joven a un río durante una manifestación.
Este episodio reavivó las críticas de diversos organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI), que ya habían denunciado un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes durante las protestas y que, en esta ocasión, exigieron una reforma urgente de la institución policial.
Las revueltas, que comenzaron en octubre de 2019, han dejado más de una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos, además de episodios de violencia extrema con incendios, saqueo y destrucción de mobiliario público.
Chile vive la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en una clamor popular por un modelo económico más justo.