Bélgica roza la formación de Gobierno tras pulverizar los récords de bloqueo

Bruselas, 27 sep (EFE).- Transcurridos 646 días desde de la caída del último Gobierno estable, y habiendo destrozado por el camino su propio récord mundial de 541 días de interinidad anotados entre 2010 y 2011, Bélgica parece estar a punto de conseguir formar un Ejecutivo con plenos poderes. El primero desde diciembre de 2018.
El presidente del Partido Socialista de Valonia, Paul Magnette, y el líder de los liberales flamencos del Open VLD, Alexander De Croo, han tenido éxito en las negociaciones multilaterales y podrán cumplir con el encargo del rey Felipe de los belgas de formar Gobierno y relevar así a la actual primera ministra en funciones, Sophie Wilmès, cuyo mandato interino acaba el próximo 1 de octubre.
Bélgica habrá pasado entonces 650 días consecutivos con gobiernos en funciones, interrumpidos técnicamente durante los tres meses en los que Wilmès gozó de poderes especiales para poder lidiar con la pandemia de coronavirus.
Tras superar distintos obstáculos, incluido el positivo por COVID-19 de uno de los negociadores, apoyarán al Ejecutivo siete partidos de cuatro familias políticas que reúnen 87 escaños de los 150 del Parlamento Federal (socialistas, liberales y ecologistas tanto de Flandes como de Valonia, más los democristianos flamencos).
En Bélgica existe una tradición de otorgar un sobrenombre a las coaliciones (pequeño olivo, tripartito, arcoiris, roja romana, violeta, jamaicana, sueca, burguiñona, portuguesa...). Y la que está configurándose se conoce como "coalición Vivaldi", un guiño a "Las cuatro estaciones" del compositor barroco italiano Antonio Vivaldi por las cuatro familias políticas que la configuran.
Quedan fuera del pacto, entre otros, el partido más votado del país, los nacionalistas flamencos de la N-VA (24 diputados), y la ultraderecha flamenca del Vlaams Belang (18 diputados), primera y segunda fuerza de la región norte del país, la más rica de Bélgica.
"Los amigos azules (liberales flamencos) tendrán que ponerse de rodillas, abrir la boca y tragar todo lo que haga falta", ha dicho esta semana el líder de la N-VA, Bart de Wever, a quien el tacticismo político ha dejado en fuera de juego.
Falta por dilucidar si Bélgica tendrá un jefe de Gobierno valón y francófono o flamenco y neerlandófono, entre otros flecos, si bien consejo de ministros deberá respetar la paridad lingüística, como exige desde 1970 la Constitución belga.
En principio, el jefe del Ejecutivo sería uno de los dos "preformadores" de Gobierno: Magnette, del ala más izquierdista del socialismo, o De Croo, un liberal clásico.
Pero se da por hecho que el acuerdo de base es definitivo y que dará tiempo a cerrar un Gobierno antes del próximo jueves, es decir, 21 meses después de que la N-VA dejara caer, por discrepancias sobre inmigración, al Gobierno de Charles Michel, actualmente presidente del Consejo Europeo, y 16 meses después de las últimas elecciones, en mayo de 2019, que arrojaron un hemiciclo aún más dividido.
El pacto incluye el compromiso de eliminar en 2023 las llamadas "regularizaciones fiscales", canceladas ya en 2013 pero resucitadas por el Ejecutivo de Michel, una amnistía fiscal al dinero de oscura procedencia mediante la declaración espontánea de esa riqueza y el pago de los impuestos no abonados más un recargo que aumenta cada año.
Socialistas y ecologistas han logrado también el compromiso de elevar la pensión mínima a 1.500 euros y la creación de un impuesto a los muy ricos, aún por definir, mientras que los liberales han conseguido que no se abra el debate sobre la imposición de las plusvalías sobre activos y patrimonio, además de compromiso de cierto rigor presupuestario y el rechazo a crear nuevos impuestos.
Los ecologistas festejan además que el futuro Gobierno aspire a una política más ambiciosa para abandonar la energía nuclear y los democristianos celebran una mayor regionalización de los servicios de salud para tener más peso en cuestiones éticas, según el diario económico "Le Echo".
Son acuerdos de principios y habrá más asuntos sobre los que los siete partidos tendrán que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, el alcalde de Bruselas, el socialista francófono Philippe Close, ha pedio a la coalición la legalización del cannabis.
Pero con todo, parece que Bélgica - un país con una profunda tradición negociadora, una población de 11,4 millones de habitantes y que ejerce de sede de las grandes instituciones de la Unión Europea - esquivará el fantasma de la repetición de elecciones, un hecho inédito en la húmeda planicie centroeuropea desde la proclamación de la Constitución en 1831.
Javier Albisu