San José, 11 sep (EFE).- Un Tribunal de Conciencia convocado por la Fundación Arias para la Paz concluyó este viernes que el Estado de Nicaragua cometió delitos de lesa humanidad cuando fuerzas policiales y parapoliciales torturaron y violaron sexualmente a manifestantes detenidos en las protestas antigubernamentales originadas en abril de 2018.
"Tras haber revisado minuciosamente los peritajes y otras pruebas a disposición de este tribunal, no cabe duda que el Estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país", indica la sentencia.
El texto, leído por la abogada española Almudena Bernabéu, agrega que "la violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un crimen de tortura y que esas torturas se cometieron de manera sistemática por agentes del Estado contra la población civil nicaragüense constituyendo, por tanto, un crimen de lesa humanidad".
El Tribunal de Conciencia, convocado por la Fundación Arias para la Paz, del Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, estuvo integrado por las especialistas en derechos humanos Almudena Bernabéu, Clemencia Correa, Alda Facio y Sonia Picado.
Las juezas analizaron cuatro peritajes en materia jurídica, de cadena de mando, de contexto y psicosocial, así como los testimonios de 18 personas que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual y torturas cuando fueron detenidas durante las protestas antigubernamentales que estallaron el 18 de abril de 2018.
En estos testimonios se relatan violaciones sexuales contra hombres y mujeres, incluso con objetos como armas de fuego y bastones policiales. Además, hubo casos en el que la violación sexual fue cometida por tres y hasta quince perpetradores.
La sentencia del Tribunal de Conciencia también incluye los testimonios de otras formas de tortura como golpes y quemaduras en genitales, palizas, extracción de uñas, amenazas, simulación de asfixia mecánica y ahogamiento.
La sentencia establece una serie de medidas de reparación para las víctimas, pero advierte que para que sean efectivas deben llevarse a cabo en un proceso de transición democrática.
El Tribunal de Conciencia exhortó a los organismos de protección de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos a evitar que este tipo de crímenes de lesa humanidad se repitan en Nicaragua, a sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
Además, la sentencia llama a "la comunidad internacional que lucha en contra de las violaciones de los derechos humanos, para que exista un desconocimiento de la legitimidad del régimen de Nicaragua, convocándolos a intensificar la presión para conducir a un cambio democrático".
El Tribunal de Conciencia también motivó "al pueblo de Nicaragua a exigir la realización de unas elecciones libres y transparentes y con presencia y observación internacional que permitan al país retornar a una verdadera democracia".
Las juezas manifestaron que esperan que esta sentencia sirva como insumo para eventuales demandas contra el Estado nicaragüense ante tribunales internacionales de derechos humanos.
El estallido social en Nicaragua ha dejado cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio, tras la represión del Gobierno del mandatario Daniel Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha contado 328 muertos en la crisis, pero organizaciones locales suman hasta 684 víctimas.
El Gobierno admite 200 fallecidos y ha dicho que se defendía de un intento de golpe de Estado.