Guatemala, 8 sep (EFE).- La embajadora de Noruega en México y Centroamérica, Rut Krüger Giverin, urgió este martes al Gobierno de Guatemala a investigar los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los ataques a defensores de derechos humanos sucedidos en el país centroamericano.
La diplomática, en representación del país escandinavo, hizo un llamado al Gobierno que preside Alejandro Giammattei desde enero pasado y a las autoridades correspondientes para "urgir una investigación de los hechos" en contra de activistas y defensores.
"Noruega expresa preocupación ante el incremento de ataques a defensores de Derechos Humanos., desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales en Guatemala", publicó Krüger en su cuenta oficial de Twitter.
REFLEJO DE LA VIOLENCIA
La diplomática noruega no hizo referencia a ningún caso específico del país centroamericano, catalogado por organismos internacionales como uno de los quince más violentos del planeta.
Un ejemplo de dicha violencia fue asesinato el pasado 10 de agosto del activista francés y miembro de la organización Veterinarios sin Fronteras Benoit Pierre Amedee Maria, de 60 años, tiroteado en un camino rural de San Antonio Ilotenango, en el departamento de Quiché, a unos 220 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala.
Las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público (MP, Fiscalía) contabilizaron al menos once impactos de bala en el vehículo del ciudadano francés, quien según medios locales vivía en el departamento de Quetzaltenango (oeste) y trabajaba en otro departamento vecino, el de Alta Verapaz (norte).
La muerte de Amedee Maria provocó indignación en el país europeo, que manifestó sus condolencias para la familia del activista a través del presidente francés, Emmanuel Macron.
Dos días después del homicidio de Benoit Amedee Maria, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) denunció el asesinado de Misael López Catalán, uno de sus integrantes, el decimoctavo miembro de la entidad acribillado en dos años.
López Catalán, quien recibió cinco impactos de bala según las autoridades, era presidente del comité local de Codeca en su lugar de origen.
La organización campesina, que en 2019 formalizó un partido político para competir en elecciones al Congreso y Presidencia (consiguió una diputada y el cuarto lugar en la contienda al Ejecutivo), fue fundada en 1992 con el objetivo de defender los territorios y, recientemente, velar por la nacionalización de la energía eléctrica.
También en agosto pasado, una comunidad indígena q'eqchi' guatemalteca de mozos colonos que constaba de unas 60 familias (más de 330 personas), sufrió un intento de desalojo extrajudicial y la quema de seis casas por un grupo invasor en una finca propiedad de una familia cafetalera de origen alemán (Dieseldorff Grimler) en el departamento de Alta Verapaz, al norte del país.
Además, en junio pasado, un guía espiritual y médico naturista fue torturado y quemado por varias personas en la aldea Chimay, en el departamento norteño de Petén, a unos 500 kilómetros de la capital guatemalteca, acusado por fanáticos religiosos de ser un "brujo".
AGRESIONES CONTRA DEFENSORES
Según un informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala, en 2019 hubo 395 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos y 43.000 denuncias de violencia contra la mujer en el Ministerio Público (Fiscalía), el segundo delito más cometido en el territorio.
Además, la entidad de la ONU denunció que existen "altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social" para los pueblos indígenas, que componen alrededor del 40 por ciento de los más de 16 millones de habitantes en Guatemala.
La tasa de muertes violentas en el país centroamericano por cada 100.000 habitantes es de 21. El año pasado, el Ministerio de Interior guatemalteco registró 3.578 homicidios, la mayoría de ellos perpetrados con armas de fuego.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que existe una "epidemia" de violencia en un territorio cuando se registran tasas de más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes.