San Salvador, 27 ago (EFE).- Un ente de derechos humanos de una universidad de El Salvador señaló este jueves que la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de no renovar el mandato del responsable ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, "deteriora el mecanismo de la entidad diseñado para la protección no jurisdiccional de derechos".
Almagro anunció hace dos días que no renovará el mandato del responsable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expiró oficialmente el pasado día 15, a lo que la Comisión respondió denunciando un atentado contra su "autonomía e independencia".
Por ello, el Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (Idhuca) envió hoy una carta a Almagro en la que señala "su profunda preocupación por la decisión de la no renovación de Abrao".
"Nuestra preocupación radica en que tal decisión, por la forma en que se ha tomado, implica un debilitamiento en la autonomía e independencia de la CIDH", explicó el instituto.
Una autonomía, que según el Idhuca, "instaura como uno de los pilares fundamentales que ha sido ampliamente reconocido por el marco normativo del sistema interamericano y es desarrollado en el Estatuto y Reglamento de la CIDH para garantizar que esta cumpla con su función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos".
A criterio de esta institución, la decisión de Almagro "debilita la autonomía e independencia de la CIDH y que, además, entre otras cosas, transgrede el principio de progresividad de los derechos humanos, en cuanto a que se estaría deteriorando el mecanismo diseñado para la protección no jurisdiccional de derechos en el continente americano".
El Idhuca aprovechó el escrito para solicitar "que se retome un dialogo transparente con la CIDH para solucionar esta situación que, de no resolverse con base en el consenso, podría generar unos efectos perniciosos en la promoción y defensa de los derechos humanos".
La decisión de Almagro ha encendido las alertas internacionales de entidades de derechos humanos de todo el mundo, al grado que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este jueves a la OEA poner fin de inmediato a la crisis abierta con la CIDH.
Bachelet subrayó precisamente que se debe "garantizar la independencia, autonomía y eficacia" del órgano especializado en derechos humanos.
La CIDH ha jugado un papel relevante en El Salvador al solicitar, en reiteradas ocasiones, al Estado salvadoreño abrir nuevos procesos penales por los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992) en cumplimiento de las recomendaciones de una Comisión de la Verdad de la ONU.
Asimismo, se ha pronunciado ante la penalización total del aborto en este país centroamericano, nación donde dicha práctica está prohibida y se juzga a las víctimas bajo el delito de homicidio agravado.