Reforma judicial: la SIP expresó su preocupación por la cláusula que apunta a controlar la actuación de los medios de comunicación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este viernes su preocupación por un artículo incluido en la propuesta de reforma judicial que obliga a los jueces a denunciar posibles presiones “de los poderes mediáticos” que reciban en el ejercicio de sus funciones.

La reforma judicial, iniciativa del oficialismo, será discutida la próxima semana en el Senado argentino. El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, se mostraron sorprendidos de que un artículo como ese se plantee en Argentina, un país “con una profunda tradición constitucional y con fallos judiciales que han creado tendencia a favor de la libertad de prensa a nivel mundial”.

A su juicio, es preocupante que “se busque por ley imputar poderes fácticos a los medios y coartar la libertad de prensa, ignorando lo que dicta su propia Constitución sobre estos conceptos”. Las autoridades de la SIP consideraron que el Senado argentino debe tener “la sabiduría necesaria para dejar sin efecto una cláusula que está teñida de intenciones políticas y que evidencia una represalia que busca coartar la función de informar, criticar, opinar, denunciar y fiscalizar que le cabe a la prensa en una democracia”.

Además, recordaron que la Declaración de Chapultepec, la cual se fundamenta en tratados internacionales sobre libertad de prensa, expresa que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado... por formular críticas o denuncias contra el poder público”.

El Frente de Todos incluyó en el proyecto de la reforma judicial que se debatirá la semana próxima en el Senado una cláusula que exhorta a los jueces a denunciar “en forma inmediata” supuestas presiones “de los poderes mediáticos” que reciban en el ejercicio de sus funciones, se supo esta noche.

Se trata de un cambio clave introducido por el kirchnerismo en la Cámara alta en el texto original enviado por el presidente Alberto Fernández. La modificación, propuesta por el senador Oscar Parrilli a comienzos de mes, consiste en agregar la palabra “mediático” al artículo 72 inciso E de la iniciativa.

Ese apartado establece que los jueces deben “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

En su versión original, este artículo mencionaba únicamente a “poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole”.

El cambio introducido en el dictamen por el kirchnerismo dejaría abierta la posibilidad de incriminar en forma directa a medios de comunicación en denuncias judiciales. Este jueves por la noche se conocieron los detalles del texto que será sometido a debate la próxima semana en el Senado, donde se espera que obtenga aprobación.

El artículo 72 del dictamen del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales dice: “Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de actuación que a continuación se indican, en el desarrollo de la función judicial que le ha sido encomendada”.

Al enumerarse en el texto esas reglas, en el inciso E figura que los magistrados tendrán la obligación de denunciar supuestas presiones de “poderes mediáticos”. En el proyecto original que envió al Senado el Poder Ejecutivo la palabra “mediáticos” no figuraba.

Sin embargo, en el debate de las comisiones, en la Cámara alta, Parrilli pidió incluir en el texto a los presuntos “poderes mediáticos”, en su intervención del 4 de agosto pasado, día en el que expuso la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo. “Si bien habla de ´amistades o grupos de presión´, acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos”, dijo Parrilli, sobre el inciso E.

“Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, desprestigiar y denigrar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa”, agregó el senador kirchnerista durante su exposición virtual. Y completó diciendo ese día: “Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”.

La SIP es una entidad dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, compuesta por más de 1.300 publicaciones y con sede en Miami.

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