LA HAYA, Holanda (AP) — La Corte Penal Internacional condenó la decisión del gobierno de Donald Trump de autorizar sanciones contra su personal, alegando que constituye “un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procesos judiciales del tribunal”.
Un decreto de Trump anunciado el jueves autoriza las sanciones al personal de la CPI que investiga a soldados y agentes de inteligencia de Estados Unidos, Israel y otros países aliados, por posibles crímenes de guerra en Afganistán y otras partes.
La orden de Trump congelaría los activos financieros de los empleados de la corte y prohibiría a éstos y sus familiares cercanos ingresar a Estados Unidos.
La corte, integrada por 123 Estados, dijo en un comunicado el viernes que “respalda con firmeza a su personal y mantiene su compromiso inquebrantable de cumplir de manera independiente e imparcial el mandato” establecido en su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.
Dijo que un ataque a la corte con sede en La Haya constituye también “un ataque a los intereses de las víctimas de crímenes atroces, para muchas de las cuales la Corte representa la última esperanza de obtener justicia”.
El presidente de la Asamblea de Estados Partes —el mecanismo de supervisión de la corte_, O-Gon Kwon, también criticó las medidas de Washington. “Socavan nuestro empeño común de luchar contra la impunidad y obligar a rendir cuentas por las atrocidades masivas”, dijo en un comunicado. “Deploro profundamente las medidas contra funcionarios y empleados de la Corte y sus familias”.
La corte con sede en La Haya fue creada en 2002 para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad y genocidio en lugares donde sus autores podrían burlar a la justicia. Estados Unidos nunca ha sido miembro.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó el jueves al tribunal como una “corte irregular" que no ha sido eficiente para cumplir su mandato de juzgar crímenes de guerra. Dijo que Estados Unidos sancionará a los empleados de la CPI por investigar o juzgar a soldados estadounidenses en Afganistán, así como por investigar a israelíes por supuestos abusos contra palestinos.
“No nos da placer sancionarlos”, dijo Pompeo. “Pero no podemos permitir a los funcionarios de la CPI y sus familias venir a Estados Unidos de compras y de viaje y gozar de las libertades estadounidenses al tiempo que intentan enjuiciar a los defensores de las mismas libertades”.
El año pasado, Pompeo revocó la visa de la fiscal en jefe del tribunal, Fatou Bensouda, por pedir a los jueces que investiguen presuntos crímenes de guerra en Afganistán. Los jueces rechazaron inicialmente la petición, Bensouda apeló y la corte autorizó la investigación en marzo.
El canciller holandés Stef Blok tuiteó el viernes que estaba “muy perturbado por las medidas de Estados Unidos” y pidió a Washington que no sancione al personal de la Corte. “La CPI es crucial para luchar contra la impunidad y preservar el derecho internacional”, añadió.
Altos funcionarios de la ONU y la UE también se pronunciaron contra la decisión. El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo que el decreto de Trump “es causa de grave preocupación” y que los miembros de la UE son “partidarios firmes del tribunal”, Dijo que éste “es un factor clave para la justicia y la paz” y que “debe contar con el respeto y el apoyo de todas las naciones”.
Naciones Unidas ha “tomado nota con preocupación” de los informes sobre el decreto de Trump, dijo Stéphane Dujarric, vocero del secretario general António Guterres.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo al decreto de Trump y acusó a la Corte de fabricar “acusaciones disparatadas” contra su país y elogió a Estados Unidos por defender lo que llamó la verdad y la justicia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania dijo el viernes que Berlín había tomado nota del anuncio “con gran preocupación”.
“Tenemos plena confianza en el trabajo" de la CPI, señaló el ministerio. “Es una institución indispensable en la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales y hoy se le necesita más que nunca. Rechazamos cualquier presión sobre la corte independiente, su personal o sus colaboradores”.
Suiza dijo que “lamenta” las sanciones estadounidenses y manifestó su apoyo a la corte al ser “una institución independiente que enjuicia a los crímenes más graves y por lo tanto contribuye a una paz y estabilidad internacional duraderas”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dejó entrever que podría buscar un recurso legal y señaló que el decreto de Trump fue “una peligrosa muestra de su desprecio hacia los derechos humanos y hacia quienes trabajan para preservarlos”.
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Los periodistas de The Associated Press, Deb Riechmann y Matthew Lee, en Washington, y Frank Jordans, en Berlín, contribuyeron a este despacho.
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