Infancia rota en Filipinas: en el fuego cruzado de la guerra contra la droga

Manila, 27 may (EFE).- Con solo 10 años, Karla fue testigo del asesinato de su padre, acribillado a balazos por cuatro asaltantes enmascarados durante el funeral de su tía. Un disparo alcanzó la pierna de su hermano de 13 años, su padre murió en el acto y ella vio ante sus ojos cómo su familia se partía en dos.
La escena ocurrió en diciembre de 2016 en Mandaluyong, Manila, en los meses más sangrientos de la guerra contra las drogas. El asesinato del padre de Karla quedó impune por falta de pruebas, pero la investigación sugiere que los asaltantes lo confundieron con otra persona en un ajuste de cuentas por drogas.
Se trata de una de las 27.000 víctimas de casi cuatro años de incesante guerra contra las drogas emprendida por el presidente Rodrigo Duterte desde el minuto uno de su mandato, pero el trauma heredado por sus hijos no figura en ninguna estadística.
El informe "Nuestra familia feliz se fue", una investigación de Human Rights Watch (HRW) publicada hoy, pone rostro al impacto psicológico, económico y social de la campaña en los menores.
"Lo vi todo. Cómo le dispararon. Nuestra familia está acabada. Ya no tenemos a quién llamar papá", cuenta Karla, que aparece en el informe, como todos, con un nombre falso por seguridad.
Su hermano Robert ha tenido que asumir el rol de cabeza de familia y trabaja recolectando desechos reciclables en vertederos: "Me he convertido en el padre de mis hermanos", manifiesta.
MÁS DE UN CENTENAR DE NIÑOS
Más de un centenar de niños ha muerto en el fuego cruzado de la guerra contra las drogas, "daños colaterales" de la campaña, que además ha dejado miles de menores traumatizados, huérfanos o sumidos en la pobreza al perder al sustento familiar.
"No se trata solo de cifras, estadísticas y muertos. Queríamos hacer hincapié en el impacto a largo de plazo de la guerra antinarcóticos en los que se quedan, en las familias, sobre todo en los más pequeños", indicó en una entrevista con EFE por teléfono Phil Robertson, subdirector de HRW en Asia.
Robertson destacó que, aunque la campaña no acapara tanta atención mediática como en sus inicios -la policía llamaba a la prensa para mostrar los muertos como trofeos de guerra-, "las ejecuciones extrajudiciales continúan de manera brutal, planificada y sistemática, base de crímenes de lesa humanidad".
Confía Robertson que este informe sirva para devolver a la primera línea mediática los abusos en Filipinas, semanas antes de que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra su esperado informe sobre Filipinas.
INVESTIGACIÓN DE LA ONU
"Esperamos un esfuerzo concertado de los Estados miembros para adoptar una nueva resolución en el Consejo que abra una investigación internacional e independiente de las violaciones de derechos en Filipinas", apuntó.
El informe de 48 páginas recoge los testimonios de diez niños, 23 padres o tutores, 16 oficiales de agencias gubernamentales y líderes sociales para documentar las consecuencias en menores de 23 asesinatos en 6 ciudades del país.
Depresión, trauma, indigencia, acoso o la imposibilidad de seguir en la escuela son las dificultades que enfrentan los menores que perdieron a padres o tutores en la campaña.
"El gobierno debe detener esta violencia que está afectando la vida de miles de niños y prestar asistencia directa a los más perjudicados", señaló Carlos Conde, investigador de HRW en Filipinas y autor del informe.
ESCALADA DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD
Grupos defensores de la infancia en Filipinas registraron la muerte de 101 niños entre julio de 2016 y diciembre de 2018, pero reportes de prensa muestran que durante 2019 y 2020 los homicidios de menores continuaron.
La escalada de violencia e impunidad alcanzó un punto de inflexión en agosto de 2017, cuando la policía mató a Kian de los Santos, de 17 años, en el empobrecido distrito manileño de Caloocan. Según la policía, Kian se resistió al arresto en una redada, aunque la grabación de una cámara de seguridad registró su asesinato a sangre fría y cómo los agentes colocaron droga en su cuerpo inerte.
El caso causó una gran conmoción y miles de filipinos salieron a las calles para denunciar las violaciones de derechos humanos. Un año después, tres agentes fueron declarados culpables de asesinato y castigados a 40 años de cárcel, la única condena hasta la fecha por los abusos policiales de la campaña.
"Si no fuera por esas imágenes, la verdad sobre la muerte de mi sobrino nunca se hubiera sabido y los policías seguirían libres", anota su tío Randy de los Santos en el informe de HRW.
HOMICIDIO DE UNA NIÑA DE 3 AÑOS
El homicidio de Myca Ulpina, de 3 años, cuando la policía irrumpió en su casa en plena noche en un operativo contra su padre el pasado junio, volvió a desatar la ira de los filipinos. "Esas mierdas pasan", dijo entonces el senador Roland dela Rosa, exdirector de la Policía y arquitecto de la campaña.
HRW, Amnistía Internacional y grupos civiles filipinos han documentado miles de ejecuciones extrajudiciales amparadas en el clima de impunidad de la campaña, pruebas que han llevado a la ONU y la Corte Penal Internacional, que abrió un examen preliminar.
La policía admite haber matado a unos 5.600 sospechosos -alega que todos se resistieron al arresto-, aunque esos grupos elevan la cifra de muertos a más de 27.000 ya que los datos oficiales no incluyen las víctimas de asesinos a sueldo o "escuadrones de la muerte", muchos de ellos vinculados al cuerpo policial.
Sara Gómez Armas