El inspector general del Departamento de Estado estadounidense, despedido por el presidente Donald Trump, estaba llevando a cabo otra investigación incómoda para el jefe de la diplomacia, Mike Pompeo, sobre una controvertida venta de armas a Arabia Saudita, dijo este lunes un congresista demócrata.
A petición de Pompeo, Trump despidió el viernes por la noche a Steve Linick, cuyo cargo consistía en controlar, de forma independiente, el ejercicio del poder ejecutivo en el seno de la diplomacia de la primera potencia mundial.
La oposición demócrata denunció enseguida una "venganza" política y abrió una investigación parlamentaria en la Cámara de los Representantes, donde tiene la mayoría de los escaños.
Según los demócratas, el inspector había empezado a investigar acusaciones según las cuales Pompeo encargaba tareas domésticas a un agente del Departamento de Estado pagado con dinero público, como sacar al perro, ir a buscar ropa a la tintorería o hacer reservas en algún restaurante para comidas privadas.
Pero el inspector también indagaba otros aspectos más políticos del mandato del secretario de Estado, declaró el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel.
"Me he enterado de que quizás haya otro motivo para el despido del inspector general Linick", tuiteó este influyente congresista demócrata.
"Sus servicios investigaban -a petición mía- sobre la falaz declaración de emergencia hecha por Trump para poder enviar armas a Arabia Saudita", añadió.
"Todavía no tenemos todo el panorama, pero es perturbador saber que el secretario de Estado Pompeo quería echar a Linick", insistió.
La administración de Trump vendió armas a Riad el año pasado sin el visto bueno del Congreso estadounidense, que se oponía a ello debido a la actitud cada vez más criticada del régimen saudí. El gobierno alegó entonces que lo hacía para afrontar una "agresión iraní".
Fue Pompeo quien recurrió a un poco conocido procedimiento de "emergencia" para desbloquear 22 contratos de armamento paralizados, por una suma total de cerca de 8.000 millones de dólares.
Los congresistas demócratas denunciaron entonces una decisión "inaceptable", que calificaron de "desprecio total hacia el Congreso".
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