RICHMOND, Virginia, EE.UU. (AP) — En un intento por acelerar la revisión de reclusos elegibles a la libertad condicional durante la pandemia del coronavirus, Virginia excarceló a decenas de criminales violentos, incluyendo asesinos, violadores y secuestradores, lo que sorprendió a fiscales y familiares de las víctimas, quienes aseguraron que no se les notificó adecuadamente según lo establece la ley, reveló una investigación de The Associated Press.
“Vamos, ¿acaso nunca nos iban a decir, y nosotros seguimos aquí pensando que este asesino sigue en prisión?”, preguntó Juanita Gillis, quien fue informada por un reportero de la AP que el hombre que mató a tiros a su hermano en 1993 fue excarcelado en marzo.
El asesino de Thomas Runyon, Dwayne Markee Reid, fue uno de los por los menos 35 convictos de asesinato que recibieron libertad condicional en marzo, según una revisión de la AP de los registros de la junta de libertad condicional, documentos de las cortes y entrevistas con la fiscalía. Durante el mes de marzo fueron excarcelados 95 reclusos, el mes con registros disponibles más recientes, poco más de la mitad del total de aprobaciones que se registraron en todo 2019.
Muchos de los reclusos liberados llevaban décadas en prisión.
“La Junta de Libertad Condicional, que ya se inclinaba a otorgar libertad condicional desde antes de la pandemia, sintió que acelerar ciertos casos era lo apropiado debido a la edad del agresor, problemas de salud subyacentes y la confianza de la Junta de que la liberación era compatible con la seguridad pública”, escribió en un correo electrónico la presidenta del organismo Tonya Chapman, quien asumió el cargo en abril.
Dijo que, en circunstancias normales, por lo general hay tiempo para un aviso de la fiscalía, “sin embargo, estos son momentos sin precedentes”.
Brian Moran, secretario de salud pública y de seguridad nacional de Virginia, dijo que la administración del gobernador Ralph Northman tiene plena confianza en la junta y su capacidad para decidir qué reclusos han quedado reformados.
Moran ha reiterado que sólo una pequeña porción de los cerca de 30.000 reclusos de las prisiones del estado — alrededor de 2.300 — cumplen los requisitos para aspirar a la libertad condicional y que, de acuerdo al sistema de libertad bajo palabra de Virginia, la mayoría de ellos han estado mucho tiempo tras las rejas por crímenes violentos.
Los legisladores de Virginia abolieron la libertad condicional a criterio en 1995, por lo que la mayoría de los reclusos elegibles cometieron sus delitos antes de esa fecha o tienen más de 60 años de edad y cumplen con ciertos criterios para ser excarcelados por motivos geriátricos.
“Son casos complicados”, dijo Moran.
Algunos fiscales están indignados por las liberaciones en sus jurisdicciones y han criticado a la junta por lo que, aseguran, es una falta de transparencia y comunicación. La junta está exenta en gran parte de la ley de registros públicos y no brinda explicaciones al momento de otorgar las liberaciones.
“Se trata de algunos de los criminales más violentos”, dijo Phil Ferguson, fiscal veterano de la comunidad en el condado Suffolk.
En el condado Halifax, a lo largo de la frontera con Carolina del Norte, la fiscal Tracy Quackenbush Martin objetó la liberación por razones geriátricas de Debra Scribner, una mujer de 66 años declarada culpable en 2011 de homicidio en primer grado, asociación delictuosa y un cargo de armas de fuego en la muerte de su yerno, Eric Wynn.
Martin dijo que no fue notificada de la liberación inminente según lo requiere la ley estatal, y cuestionó por qué la junta liberaría a alguien convicto por un delito tan grave que ha estado menos de 10 años en la cárcel.
“¿La gente empezará a pensar, sin importar lo que diga un jurado, que pueden matar a sus enemigos y salir (de la cárcel) en cinco (años) siempre y cuando aguarden hasta que tengan 60?", escribió Martin en un correo electrónico.
Kevin Wynn, hermano de Eric Wynn, dijo que a él tampoco le notificaron la decisión de la junta.
“Creo que nos pasaron por encima como si no fuésemos nada", afirmó.
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La investigadora de The Associated Press Rhonda Shafner contribuyó con este despacho.