Campo argentino reafirma su malestar por impuesto a la soja

BUENOS AIRES (AP) — En el tercer día del paro de comercialización de granos y hacienda, los productores agropecuarios argentinos manifestaron el miércoles su determinación de defenderse del incremento aplicado por el gobierno al impuesto a la exportación de soja, el principal cultivo del país.

Más de un centenar de productores se reunieron en las cercanías de Expoagro, la mayor muestra agroindustrial del país que se celebra en la localidad de San Nicolás, a 240 kilómetros de Buenos Aires. Allí, rodeados de tractores y banderas argentinas, expresaron su malestar por la reciente decisión del presidente Alberto Fernández de aumentar en tres puntos porcentuales la alícuota a la venta externa de la oleaginosa.

Sobre la asamblea sobrevolaba el recuerdo de la larga protesta del campo en 2008 contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) -actual vicepresidenta- por haber dispuesto un esquema de impuestos móviles a la soja según su cotización en el mercado internacional que, de acuerdo con los productores, era confiscatorio de sus ganancias.

“El campo no pelea, se defiende de los ladrones” y “Nosotros nos fundimos y el Estado sigue gastando” eran algunos de los carteles exhibidos en la asamblea a la que también asistieron miembros de las cuatro principales asociaciones agropecuarias que convocaron al paro que culminará el jueves.

Jorge Josifovich, titular de la Sociedad Rural de Pergamino, dependiente de Confederaciones Rurales Argentinas -una de las asociaciones que promueve la huelga-, se quejó en declaraciones a The Associated Press de que “siempre que los gobiernos necesitan recursos pare cerrar el déficit recurren al campo”, el sector que más dólares genera, y no toman otras medidas como reducir el gasto público.

Los productores pronunciaron encendidos discursos contra la dirigencia política y la vicepresidenta, con la que mantuvieron el ríspido conflicto de 2008.

Alberto Perfumo, que portaba una bandera sobre sus hombros, dijo a AP que “el dinero no va a la salud, ni educación, ni los sectores más desprotegido; va para la caja de la política”.

Indicó que después de la huelga los dirigentes de las asociaciones rurales volverán a sentarse con el gobierno para negociar, aunque no son optimistas.

“La cosecha de soja la hacemos y se vende para pagar deudas y para vivir, el resto se guarda y la próxima campaña de trigo no sembramos”, señaló Perfumo, quien descartó que por el momento se realicen cortes de ruta.

El productor Oscar Galizio apuntó que este esquema impositivo arruinará a decenas de miles de agricultores. “No aguantamos más. El contexto de país por la crisis y del mundo es mucho peor al de 2008”.

Según los productores, el gobierno determinó el incremento a la alícuota sin consultarlos y no quiso negociar una salida para evitar el conflicto.

Sostuvieron que en la actualidad soportan un contexto más adverso que doce años atrás ya que pagan más impuestos y el valor de la soja -300 dólares la tonelada- es la mitad que el de 2008.

El presidente Fernández cuestionó el paro diciendo que es “para beneficio” de los mayores productores de soja y lo calificó de una medida “muy violenta” que responde a “dirigentes opositores disfrazados de chacareros”.

Los huelguistas sostuvieron que todavía no se puede hacer una valoración económica de la medida de fuerza.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja. En 2019 las exportaciones de los dos derivados de la oleaginosa alcanzaron los 12.000 millones de dólares.

El incremento de la alícuota a la soja le reportaría al Estado un ingreso adicional de unos 500 millones de dólares anuales.

La medida, que revierte la política del anterior gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), pretende mejorar los ingresos fiscales en un contexto de endeudamiento y recesión creciente.

Aunque el tenor de la protesta no es tan severo como hace 12 años, cuando las manifestaciones de productores paralizaron el país por los cortes de rutas, el malestar es parecido.

Los productores también se quejaron del escenario de desdoblamiento cambiario, por el cual el valor del dólar al que venden el grano es más bajo que el que se aplica para la compra de insumos importados.

Para controlar la depreciación del peso el gobierno limitó la compra de divisas a 200 dólares al mes y se le aplica, al igual que a las compras con tarjetas de crédito en moneda extranjera, un 30% extra al valor de cambio oficial.

Esto implica que los productores reciben por sus cosechas un tipo de cambio de 64,72 pesos por dólar pero deben invertir a 84,14 pesos por unidad de la divisa estadounidense, según la cotización del miércoles.