BUENOS AIRES (AP) — En un dejà vu del largo conflicto que mantuvieron en 2008 contra un impuesto a las exportaciones de soja, los productores agropecuarios de Argentina anunciaron un paro de cuatro días a partir del 9 de marzo en protesta por la suba de tres puntos de la alícuota dispuesta por el presidente Alberto Fernández.
El cese de la comercialización de granos fue convocado este jueves en primera instancia por Confederaciones Rurales Argentina (CRA) y luego se plegaron a la medida de fuerza Federación Agraria Argentina (FAA); Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Las cuatro entidades, que representan a la mayoría de los productores agropecuarios del país sudamericano, lideraron durante tres meses en 2008 una rebelión del campo contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), la actual vicepresidenta, que en ese entonces había dispuesto un esquema de impuestos móviles sobre la soja según su cotización en el mercado internacional.
Fernández, un peronista que asumió en diciembre, dispuso por decreto esta semana un aumento de los impuestos a la exportación de soja del 30% al 33% y reducciones para una decena de cultivos como el de maní, trigo y girasol, con las que busca incentivar las economías de algunas regiones.
El mandatario de centro-izquierda aduce que el sector agropecuario, por tener ganancias en dólares, debe poner el hombro para sacar al país de la recesión.
Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja. En 2019 las exportaciones de los dos derivados de la oleaginosa alcanzaron unos 12.000 millones de dólares.
"Nos vemos en las rutas", dijo el comunicado difundido por la CRA, que afirmó que “es muy difícil de entender la impunidad de los gobiernos frente a sus malas decisiones”.
Tras conocerse el anuncio de las cuatro entidades agropecuarias, el gobierno ratificó la suba del impuesto y dio por finalizadas las negociaciones que mantenía con los productores.
Hace 12 años las cuatro asociaciones rurales paralizaron parte del país y provocaron desabastecimiento de grandes ciudades con cortes de carreteras en contra de una decisión similar de Fernández de Kirchner. En ese entonces el valor de la oleaginosa era mucho más elevado que el actual.
El actual mandatario era entonces jefe de gabinete de ministros de Fernández de Kirchner y renunció por el conflicto con el campo.
Los productores señalaron que “una vez más” se ven “empujados a tomar medidas” y recordaron que en el pasado “retenciones y derechos de exportación” produjeron una “caída brusca en las exportaciones del complejo agroindustrial”.
La medida sobre la soja, que revierte la política del anterior gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), pretende mejorar los ingresos fiscales “en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria”, señaló el gobierno.
El Ejecutivo destinará una parte de la recaudación fiscal adicional a la compensación de tres de cada cuatro productores de soja, siempre que su producción no haya superado las 1.000 toneladas en la campaña anterior. Este beneficio, según datos oficiales, alcanzará a 42.406 productores que representan el 74,2% del total.
Los productores afirman que soportan una presión impositiva muy alta y su rentabilidad se ha mermado por la caída en los precios internacionales de los granos.
El aumento impositivo le reportaría al fisco un ingreso adicional de unos 560 millones de dólares, según estimaciones del sector agropecuario.