Un juez peruano anunció este jueves que dictaminará el próximo martes si envía nuevamente a prisión a la líder opositora Keiko Fujimori por el escándalo de la brasileña Odebrecht, después de unas elecciones legislativas anticipadas clave para ella y para su adversario, el presidente Martín Vizcarra.
El juez Víctor Zúñiga debe decidir si devuelve a la cárcel a Keiko, de 44 años, quien ya estuvo presa 13 meses, mientras su partido de derecha populista Fuerza Popular se arriesga a perder este domingo la abrumadora mayoría que tuvo en el Congreso entre 2016 y septiembre pasado, cuando Vizcarra lo disolvió.
“La resolución (...) será el martes 28", dijo Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado, al término de una audiencia de cinco horas, en la que se esperaba que anunciara su fallo
En la audiencia expusieron sus últimos argumentos el fiscal José Domingo Pérez y la abogada de Keiko, Giulliana Loza.
"La señora Fujimori, a diferencia de otros, no ha sido gobierno", dijo la defensora en la audiencia, al insistir en que su clienta debe permanecer en libertad mientras avanzan las investigaciones en su contra.
El fiscal redujo a 18 meses el pedido de prisión preventiva, en vez de los 36 solicitados antes, al considerar la "detención cautelar" que Keiko cumplió por el mismo caso.
"Existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia (...), a raíz de nuevas pruebas surgidas en las últimas semanas" tras su liberación, expresó Pérez, el fiscal más famoso de Perú, para justificar su pedido de que Keiko vaya de nuevo a prisión.
La fiscalía acusa a Keiko, entre otros cargos, de recibir ilegalmente dinero de Odebrecht y de otras fuentes para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, en las que estuvo cerca de ganar la presidencia de Perú.
La primogénita del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recuperó su libertad el 29 de noviembre, tras permanecer 13 meses en prisión preventiva por el mismo caso, después de que el Tribunal Constitucional anulara la orden de prisión.
A la acusación inicial de lavado de activos, el fiscal sumó obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.
Según la fiscalía, "Keiko Fujimori formó una organización criminal dentro del partido Fuerza Popular para obtener activos ilícitos".
Los debates entre el fiscal y la defensora se han prolongado a lo largo de 10 audiencias desde el 26 de diciembre, en las que la gran ausente ha sido Keiko, quien tampoco está obligada a asistir a la lectura del fallo el próximo martes.
- Nuevas pruebas -
La fiscalía obtuvo recientemente en Brasil el testimonio de un exejecutivo de Odebrecht, el brasileño Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó un aporte de un millón de dólares a la campaña de Keiko en 2011, según medios locales.
Considerada como la persona más poderosa de Perú entre 2016 y 2018, Keiko niega todas las imputaciones de la fiscalía y afirma que es un proceso "lleno de abusos y arbitrariedades".
La opositora fue enviada a la cárcel el 31 de octubre de 2018 por supuestamente interferir en las investigaciones del fiscal Pérez. Debía estar presa hasta abril de 2020, pero fue liberada por el Tribunal Constitucional.
- Fin del control fujimorista -
Los sondeos indican que Vizcarra será el gran ganador de las legislativas del domingo, aunque carece de partido.
Las mismas encuestas pronostican que el partido de Keiko perderá decenas de bancas ganadas en 2016 (73 de un total de 130), que le permitieron maniatar al entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, hasta forzarlo a renunciar en 2018.
Keiko también intentó doblegar a Vizcarra, el sucesor de Kuczynski, pero éste enfrentó con energía los embates del Congreso. Finalmente disolvió el parlamento el 30 de septiembre, en virtud de sus facultades constitucionales, y convocó a nuevas elecciones.
Los sondeos vaticinan que fujimorismo conseguirá ahora unas 25 bancas y pasaría a ser la segunda fuerza en el Congreso, en el que ningún partido tendría mayoría absoluta.
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