Croacia se defiende de las acusaciones de ser dura con los migrantes

La llegada de Croacia en enero a la presidencia semestral de la Unión Europea multiplica el interés y el recelo sobre el trato que reserva a los migrantes, contra los que no se estaría dudando en usar la violencia policial para impedirles la entrada.

Desde hace tres años, la policía de Croacia ha sido acusada de romper los teléfonos móviles de los migrantes, robarles los zapatos o el dinero o expulsarlos ilegalmente hacia Bosnia.

Desde 2015 la Unión Europea, que se enfrenta a una ola de inmigración, tiene disputas internas sobre cómo repartir los migrantes entre los países del bloque.

Croacia no está tan expuesta a las llegada masivas de migrantes como Grecia o Italia. El país entró en la UE en 2013, pero todavía no forma parte de la zona Schengen de libre circulación, uno de los objetivos del gobierno. Tiene frontera con Bosnia y Serbia, situados al sur de la llamada "ruta de los Balcanes" por donde transitan los migrantes.

La Comisión Europea expresó en octubre su satisfacción con la política de Croacia en sus fronteras y dijo que el país reúne las "condiciones necesarias" para entrar en el espacio Schengen.

La decisión tiene que ser aprobada por unanimidad por los países miembros. El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, dijo esta semana a la prensa que la adhesión a la zona Schengen forma parte de sus prioridades de gobierno.

- "Acusaciones" no demostradas -

El responsable también rechazó las acusaciones de presuntos abusos por parte de la policía de fronteras, tal y como denuncian los migrantes, oenegés de derechos humanos y periodistas que recientemente desvelaron expulsiones ilegales de migrantes de países asiáticos, de Oriente Medio y el norte de África.

Según Andrej Plenkovic, se trata de "acusaciones" no demostradas y, aunque reconoció algunos "incidentes", consideró que "no son una política o una intención". "Cada denuncia se verifica como es debido", aseguró.

En su informe de 2018, la mediadora croata de los derechos humanos indicó que el ministerio del Interior había, "de manera ilegal", dejado de enviarle información sobre los incidentes en la frontera.

También indicó haber recibido una carta anónima en marzo de un policía que confirma expulsiones ilegales de migrantes sin proceso administrativo, así como la confiscación de objetos de valor y tratamientos violentos.

El próximo informe de la oficina de la mediadora de derechos humanos se publicará en marzo, en plena presidencia croata de la Unión Europea.

Otros responsables de gobierno rechazaron las acusaciones contra algunos de los 6.500 policías movilizados en la frontera.

"No es como si habláramos de menores. Todos son hombres de unos veinte o treinta años. Parecen militares. Hay tantos que no podemos evitar peleas entre ellos y la policía", dijo un responsable croata que no quiso identificarse.

Cada mes, la policía croata intercepta una media de 1.200 migrantes ilegales, según cifras oficiales. Hasta 2015 la mayoría de migrantes veían de Siria y Afganistán pero ahora los paquistaníes son los más numerosos.

Según Michael Leigh, un analista del grupo de reflexión German Marshall Fund, Croacia protege bien sus fronteras pero también deberá respetar los derechos humanos.

"Muchos observadores creen que Croacia tiene que hacer esfuerzos considerables para mejorar su balance en materia de derechos humanos, sobre todo en relación con los migrantes para poder adherirse a Schengen", indicó.

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