Nuevo informe cuestiona situación de los DDHH en Chile

SANTIAGO DE CHILE (AP) — Human Rights Watch se sumó el martes a la lista de organizaciones que han denunciado graves abusos policiales en la represión de las protestas que sacuden a Chile, mientras en el país se vive una nueva jornada de manifestaciones con violencia en las calles.

Los incidentes violentos se sucedían tras las manifestaciones de la mañana. En Santiago se quemaban buses de la red urbana de transportes y se desvalijaban camiones. En Valparaíso se registraban incidentes violentos y se lanzaban piedras a las inmediaciones y contra el Congreso que llegaron a romper la puerta de entrada del salón plenario.

La nueva jornada de protestas inició temprano con barricadas, lo que dificultó el tránsito en ciudades del centro y sur del país. Trabajadores portuarios impidieron el ingreso a los puertos de Concepción y San Antonio y una de las rutas que conecta Santiago con el vecino puerto de Valparaíso fue cortada. Para la tarde está convocada una gran manifestación en una céntrica plaza de la capital chilena.

Por otro lado, una clínica privada de Santiago informó que Gustavo Gatica, un emblemático caso que se ha convertido en símbolo de la violencia policial que dispara perdigones a la cara de los manifestantes, había perdido la visión de los dos ojos. “La gravedad de sus lesiones determina que su condición sea visión cero bilateral permanente", informó la Clinica que también afirmó que en el día de hoy se le daría de alta.

El informe de Human Right Watch, de su lado, informó que la policía chilena cometió “graves violaciones de derechos humanos que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles” contra manifestantes y transeúntes y “abusos en detención”, afirmó la organización en el documento que elaboró tras permanecer dos semanas en Chile.

El informe coincide en varios puntos con uno presentado por Amnistía Internacional la semana pasada.

Human Rights Watch indicó que existen más de 440 denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre golpizas, abusos sexuales y “factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes”. El uso de las escopetas ha sido suspendido temporalmente.

Afirmó que también está documentado cómo se “atropellaron a algunos (manifestantes) con vehículos o motocicletas oficiales” y que se obligó a los detenidos --incluidos menores de edad-- a desvestirse y “hacer sentadillas totalmente desnudos”. A su vez denunció que sólo la mitad de los cuarteles tienen cámaras de video y que los registros se guardan por pocos días.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se reunió con el presidente Sebastián Piñera por la mañana y le dio a conocer el resultado del informe y la metodología usaba en su elaboración. Dijo que el mandatario lo tomó en consideración.

El informe de HRW fue valorado por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quién afirmó que “nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y que por supuesto recibimos con dolor”. El gobierno, agregó, “ha comprometidos todos sus esfuerzos para que sean investigados” por la fiscalía y juzgados por la justicia.

La subsecretaria adelantó que le han pedido un informe a la máxima autoridad de Carabineros para revisar los protocolos objetos de denuncia y que se incluya medidas de corrección y sanción en un plazo de una semana. También convocarán al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la defensoría de la niñez para hacer seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de HRW. Adicionalmente, el Ministerio del Interior creará un grupo especial para designar reformas a corto y medio plazo para modernizar la policía.

Horas después, reaccionaban desde la misma institución en tela de juicio. “En esta labor de entregar seguridad ciudadana y proteger a los inocentes... se pueden haber cometido errores que son materia de investigación”, afirmó la coronel Karina Soza, de la unidad de derechos humanos de la policía chilena. “Compartimos el dolor de todas las familias, en que alguno de sus miembros ha sufrido lesiones ya sea por el accionar de Carabineros o terceros. Hoy nos duele especialmente el diagnóstico de Gustavo Gatica”, agregó.

Los abusos también fueron denunciados por Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El país también recibió una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Fiscalía Nacional elevó el martes a 2.670 las investigaciones penales por violaciones a los derechos humanos por igual número de víctimas, que incluyen a 422 niños y adolescentes, que habrían sido cometidas por agentes del Estado.

Más temprano el martes Piñera firmó un decreto ley que permite utilizar a las fuerzas armadas para vigilar “infraestructura crítica” como empresas sanitarias, de telecomunicaciones, líneas de transmisión eléctrica y puertos, para liberar de esa responsabilidad a la policía y dijo que el proyecto tiene “la máxima urgencia” de discusión en el Congreso. Actualmente los militares sólo están autorizados a salir a las calles durante la vigencia del estado de excepción, como ocurrió durante nueve días en octubre.

Cientos de enmascarados han saqueado todo tipo de comercios y muchas pequeñas tiendas lo perdieron todo o tienen dificultades para reparar los daños sufridos. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, advirtió que en los próximos meses se pueden perder unos 300.000 empleos. Dirigentes de pequeñas empresas aseguraron que ya se han perdido 50.000 puestos de trabajo.

Desde el estallido social en Chile el 18 de octubre la fiscalía investiga 26 muertes. Más de 280 personas han perdido la visión como consecuencia de heridas oculares y se han registrado más de 2.200 heridos.