WASHINGTON (AP) — Chile defendió el martes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la respuesta que el gobierno de Sebastián Piñera ha dado a las protestas callejeras que han sacudido a la nación sudamericana durante el último mes y medio.
El canciller Teodoro Ribera dijo durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que el gobierno chileno está comprometido con el respeto a los derechos humanos, incluyendo a quienes hayan sido arrestados por incurrir en actos violentos durante las protestas.
Ribera no se refirió al informe entregado horas antes a Piñera en Santiago por la organización Human Rights Watch, el cual denunció graves abusos policiales en la represión de las protestas.
"Chile es un país con una larga tradición democrática. Aún en los momentos más difíciles de esta crisis, el Estado ha seguido funcionando y el estado de derecho está plenamente vigente", indicó.
La Fiscalía Nacional chilena ha elevado a 2.670 las investigaciones penales por violaciones a los derechos humanos por igual número de víctimas, que incluyen a 422 niños y adolescentes, que habrían sido cometidas por agentes del Estado.
La comparecencia de Ribera sirvió para que la OEA abordara por primera vez la crisis desatada en Chile hace casi dos meses, periodo durante el cual el organismo dedicó más atención a severas crisis políticas en Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
El embajador colombiano Alejandro Ordóñez, cuyo país también ha sido escenario de protestas callejeras durante la última semana, se quejó de que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos se centren principalmente en la actuación de funcionarios policiales y militares.
"La instrumentalización de los derechos humanos tiene claros propósitos políticos. Uno de ellos es estigmatizar el uso legítimo de la fuerza".
Ordóñez relató que seis días continuos de protestas en Colombia han dejado 346 miembros de la fuerza pública lesionados y 169 arrestados, incluyendo 59 venezolanos que ya fueron expulsados.
Ribera advirtió que las protestas en Chile deben servir como advertencia de que "el crecimiento económico no garantiza por sí solo la paz social".
El canciller atribuyó las protestas a una insatisfacción colectiva por mejores sueldos, pensiones y servicios públicos. Dijo que la mayoría se manifestó de manera pacífica, pero denunció la existencia de "grupos antisistémicos que junto a delincuentes buscan la destrucción".
Ribera dijo que las autoridades actualmente investigan si los manifestantes tuvieron planificación previa para incendiar 25 estaciones de metro y ataques a 28 templos religiosos.
A raíz de las protestas, Piñera prometió mejores pensiones a 1,5 millones de ancianos más pobres, mejoró en un 15% el salario mínimo de 400 dólares, un impuesto a quienes ganan más de 11.000 dólares mensuales y rebajas a los millonarios sueldos de los 198 senadores y diputados.
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