En los últimos dos años y medio se ha visto el mayor éxodo de cubanos desde 1959. Suma aproximadamente el 4% de la población y la proporción es aún mayor entre médicos, maestros y otros profesionales de la isla. La mayoría ha ido al destino habitual de los cubanos, los Estados Unidos (EEUU), pero han cambiado la ruta habitual de mar por una de aire seguido por camino de tierra. Aproximadamente 425.000 cubanos llegaron a territorio estadounidense entre 2022 y 2023, la mayoría cruzando la frontera con su vecino al sur. Unos 36.000 más solicitaron asilo en los EEUU directamente desde México. También han ido a España y a países sudamericanos.
Para explicar la salida masiva hay que tomar en cuenta la situación que las personas enfrentan en la isla y los factores que las atraen a nuevos destinos. Hay que reconocer también que se está viendo una instancia más de manipulación de seres humanos por gobiernos autocráticos.
En Cuba el período de la pandemia de COVID-19 fue duro y la recuperación ha sido lenta. El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles para protestar contra el gobierno. Estaban cansados de los apagones frecuentes, la escasez de alimentos y demás privaciones económicas que sufrían habitualmente. También pedían libertad, inspirados por el himno “Patria y vida”, en oposición al lema revolucionario “Patria o muerte”. El gobierno de Miguel Díaz Canel pudo haber respondido con liberalización política y económica, pero no: eligió la represión. Encarceló a cientos de personas, incluyendo muchos jóvenes y también chicos, y endureció el poder judicial.
La situación económica en la isla no mejoró y la población seguía insatisfecha. Después de unos meses, el gobierno cubano, que normalmente hostiga a su diáspora, tomó medidas para facilitar la emigración. Parece que el régimen ha decidido que vendría bien abrir una válvula de escape para disidentes potenciales, además de eventualmente aumentar el flujo de remesas a la isla. De igual o más importancia, también desea sacar ventaja de los Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden ha revertido solamente algunas de las sanciones que su predecesor (y rival probable en noviembre 2024) Donald Trump mantenía contra Cuba y no la ha sacado de la lista de países que apoyan al terrorismo (cosa que el gobierno de Obama hizo y Trump revirtió).
El gobierno cubano ha recurrido frecuentemente a la maniobra de usar los migrantes para presionar a los EEUU, por ejemplo, con el éxodo del Mariel en 1980 y con la crisis de los balseros en 1994-1995. Lo nuevo de esta última ronda es que parece ser una jugada coordinada por los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En noviembre de 2021, el gobierno de Daniel Ortega eliminó el requisito de visa para los cubanos en Nicaragua. Aerolíneas de varios países latinoamericanos, incluyendo Conviasa de Venezuela, empezaron a ofrecer vuelos de Cuba a Managua. Desde allí, podrían pagarles a contrabandistas para llevarlos hacia el norte. El objetivo de esta acción colectiva sería presionar al gobierno de Joe Biden para levantar sanciones económicas contra funcionarios de los tres países.
En los EEUU, los cubanos de esta nueva ola han encontrado que su situación legal y las posibilidades de quedarse permanentemente son menos firmes que en tiempos anteriores. Durante 2021 y 2022 el gobierno de Biden dejó vigentes las restricciones migratorias implementas por la lógica del COVID (conocidas como Title 42). Sin embargo, en enero de 2023 anunció un permiso humanitario (conocido legalmente como parole) para los cubanos, haitianos y venezolanos que llegan a los EEUU por avión. En el mismo mes EEUU reabrió el consulado en La Habana (que había sido cerrado por los incidentes “sónicos” desde antes de la pandemia).
La inmigración es un punto de gran vulnerabilidad política para Biden. Todo indica que en lugar de llegar a un compromiso para una reforma de la política migratoria durante su gobierno, sus rivales en el partido Republicano han preferido que se mantenga la impresión de una crisis incontrolable hasta la elección presidencial. A pesar de ser ideológicamente los más anticomunistas, los Republicanos no han apoyado el intento de Biden de ofrecer refugio a las víctimas de países autocráticos autodenominados comunistas en el hemisferio. De hecho, lo quieren socavar. Junto con los gobernadores Republicanos de 19 otros estados, el gobernador de Texas Greg Abbott le inició un juicio al gobierno federal por la política de parole, y la Cámara de Representantes le hizo un impeachment a Alejandro Mayorkas, el Secretario de Seguridad Nacional nacido en Cuba, echándole la culpa por la crisis fronteriza.
La política migratoria también es política internacional. Las personas humanitarias del hemisferio deberían reconocer las maniobras cínicas de los regímenes de Díaz Canel, Maduro, y Ortega por lo que son. Los tres países culpan a las sanciones impuestas por EEUU por las condiciones desastrosas que sufren sus ciudadanos. Esto también forma parte del mismo libreto de jugadas. Funciona siempre para ganar la simpatía de los países en la región y también de los progresistas en los EEUU. Sucesivamente, estos ablandan las críticas al autoritarismo o inclusive lo niegan.
En octubre 2023, el presidente mexicano Andrés Manuel López de Obrador convocó una reunión de países emisores de migrantes, incluyendo Cuba. La declaración final llamaba a “Exhortar a que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar”. Es un buen objetivo. Pero esto no elimina la importancia de reconocer que las dictaduras de la región están produciendo miseria y su único logro parece ser quedarse con el poder a costa de la libertad de sus habitantes.
Sybil Rhodes es Doctora en Ciencia Política y Presidente de CADAL (www.cadal.org).