Legitimados por el principio de Amicus Cureae (amigos de la Corte), los firmantes sostienen ante la Corte Penal Internacional que se deben descartar la acusaciones de Sudáfrica contra el Estado de Israel.
Una de las signatarias, la Dra. Bárbara Pruski, reconocida litigante y docente universitaria, sostiene que no existe base legal tipificada ni mucho menos sustento factico en pruebas para argumentar que Israel esta cometiendo un genocidio en la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. Entre los argumentos vertidos, señala que Israel está ejerciendo su derecho a la legítima defensa, en el momento indicado por la ley internacional (responde de forma contemporánea al ataque del 7 de octubre) y utilizando las medidas bélicas acordes a la amenaza que Hamas presenta. En relación a la legítima defensa argumentan: “La teoría de la legítima defensa preventiva fue invocada especialmente para justificar acciones militares que no estaban cubiertas a través del entendimiento prevalente, tanto en la doctrina como en la práctica internacional, de la legítima defensa del derecho internacional. Dada la prohibición general de la amenaza o uso de la fuerza en el derecho internacional y el Sistema de Seguridad Colectiva establecido por la Carta de Naciones Unidas, la legítima defensa del artículo 51 de la Carta se presenta como la única excepción a esa prohibición, que habilita a los Estados individuales a aplicar la fuerza por sí solos en contra de otros Estados”. La soberanía israelí ha sido atacada ilegalmente, los civiles israelíes agredidos de formas inhumanas, por lo que Israel cumple con las obligaciones fundamentales de todo esto.
Otro de los firmantes, el autor de varios libros sobre conflicto palestino-israelí, Hernan Wergifker, explico en Infobae que “vivimos en el mundo del reves. Hamas viola de forma constante e intencionada las leyes de la guerra y es a Hamas a quien se debería procesar por intento de genocidio. Cuando un combatiente se disfraza de civil en vez de vestirse como militar, cuando utiliza a civiles como escudos humanos intencionalmente, cuando usa edificios civiles (como ser hospitales) para acciones bélicas y dispara adrede para asesinar civiles enemigos. Todos estos eventos representan violaciones a los derechos humanos y a las leyes de la guerra”.
Pruski senaló que el abuso que estaba ejerciendo Sudáfrica y el uso indebido del término y la acusación de genocidio debe “motivar a todas las personas de bien a defender las instancias del derechos internacional. Qué vamos a hacer cuando realmente alguien cometa un genocidio si acusamos de tal violación a cualquier guerra de legitima defensa”.
Wergifker agrega que los exponentes que defendieron las acusaciones lideradas por Sudáfrica y refrendadas por Estados, generalmente no democráticos o desde portavoces de gobiernos post-modernistas “no muy exitosos, no dudan en hacer malabarismos legales como justificar la acusación de Sudáfrica en base al supuesto corte de flujo de agua para los palestinos o de gasolina, cosa que es inexacta y que demuestra no solamente falta de criterio legal sino un un desconocimiento profundo de lo que en el terreno está ocurriendo”.
El escrito ha sido presentado ante la Corte Penal Internacional en un texto redactado en ingles (y en castellano) con la esperanza que la voz de estos argentinos influya a la hora de adoptar una decisión.