Brasil nunca se ha sentido parte del continente. El tamaño de su economía y sus diferencias culturales y de lengua han facilitado esa mirada un tanto despectiva hacia los países de la región. Nadie, y me tocó en persona cuando era vicepresidente, tiene esa característica más acentuada que Celso Amorim.
Amorim, durante el primer gobierno de Lula, fue ministro de Relaciones Exteriores los ocho años. En este segundo período, el más displicente y supuestamente diplomático brasilero, es quien hoy maneja las relaciones exteriores de ese país desde el palacio presidencial de Planalto. La cancillería más importante del continente -Itamarati- hoy juega un rol menor, casi que apenas burocrático. Los populistas, y no podemos olvidar que Lula es uno de ellos, destruyen la institucionalidad que les pone algún tipo de cortapisa y por eso Lula, con su alter ego, maneja la política exterior de ese país dejando de lado décadas de experiencia acumulada.
Lo de la política exterior es apenas uno de los síntomas de un Brasil en el que Occidente no puede confiar y que además poco a poco deteriora algunos de los elementos clave de la democracia liberal, la libertad de prensa. Claro, el gobierno de Bolsonaro, y en especial el evento de la toma de instalaciones por parte de sus seguidores el pasado 8 de enero, no ayuda a legitimar esa mirada preocupante sobre Brasil, pues se utiliza ese fatídico hecho como justificación de los abusos democráticos que suceden con Lula.
Pero incluso en este último caso, sin excusar de ninguna manera ese comportamiento, hay mucha tela de dónde cortar en materia de derechos y garantías democráticas de la contraparte. Frente a ese episodio hay tres hechos que se deben esclarecer: primero, información de cómo la agencia de inteligencia ABIN había pedido -48 horas antes- ante una evidente amenaza el aumento de la seguridad a Planalto; segundo, cómo Planalto, ante esta información, al contrario, desmontó la seguridad tanto de la explanada como del Palacio presidencial, y tercero, cómo, incluso, abrieron las puertas del palacio para dejar entrar a los manifestantes. Las grabaciones y la evidencia de las cámaras del Palacio, del Congreso y de la Corte Suprema después de la publicación de este vídeo https://youtu.be/HUHfutjJUnY fueron colocadas bajo reserva del Ejecutivo y las 250 personas en la cárcel por ese hecho no las pueden usar como evidencia.
Pero la restricción a la libertad de expresión va más allá de un simple caso, ya es persecución sistemática avalada de manera sospechosa por los tribunales. Hace poco más de un mes, la Fiscalía pidió quitarle las licencias a la red de medios Joven Pam y ponerle multas por millones de reales que los dejarían en la quiebra. Así acabaron con la libertad de prensa Chávez y Maduro en Venezuela, fue uno de los principales argumentos de quienes se opusieron a estas medidas. El escándalo que se armó fue de tal tamaño que, por ahora, la medida está suspendida. El famoso periodista Augusto Nunes fue despedido de esta red por escribir un tuit que solo decía la verdad: que Lula era amigo de dictadores, había sido condenado por ladrón y que era un ex presidiario, y gran parte de los periodistas duros de esa red de medios se ha ido o los han hecho renunciar.
Otro periodista, Allan Dos Santos, tuvo que asilarse en Estados Unidos, pues sus investigaciones de corrupción en el Tribunal Supremo de Brasil no le gustaron a los jueces, lo persiguieron judicialmente hasta obligarlo a irse. Hoy el gobierno de Lula se pone de parte de los jueces, obviamente, y lo pide en extradición. Otro periodista acusado de instigar los eventos del 8 de enero también tuvo que salir del país y el gobierno de Lula ha presionado a la Interpol para que le ponga una circular roja.
La Justicia igualmente parece estar del lado de Lula y en contra de la investigación de Lavajato que lo llevó a la cárcel. El Tribunal Superior Electoral anuló la elección del ex fiscal del caso y ahora ex diputado Federal, Deltan Dallagno. El caso fue confirmado por el Supremo Tribunal Federal cuyos miembros, no todos, también hacen parte del tribunal electoral.
El siguiente objetivo del Supremo Tribunal Federal (STF) es el senador Sergio Moro, ex ministro de Justicia y ex juez del caso. Finalmente, el STF levantó la prohibición de Odebrecht para contratar nuevamente con Petrobras y todas las empresas asociadas a Lavajato fueron autorizadas a contratar de nuevo con el Estado.
Más grave aún, un reconocido miembro del STF, Leonardo Barroso, dijo en una conferencia pública hace unos días “nosotros derrotamos a Bolsonaro” tal y como se puede escuchar en este vídeo. https://www.instagram.com/reel/CupaykOAIFr/?igshid=Y2I2MzMwZWM3ZA==
La separación de poderes en Brasil también peligra.
Frente a este deterioro democrático que vuela debajo del radar y algunos minimizan precisamente por las acciones de Bolsonaro y sus seguidores, ¿qué puede pensar Occidente? Pues es claro que la tal neutralidad de Lula y Amorim frente a la invasión de Ucrania no existe. Brasil compró más de un billón de dólares en gas y petróleo a Rusia, en el gobierno de Lula se adquirió más que en los pasados 12 años, alimentando la guerra en Europa. Además, se negaron a venderle vehículos blindados a Ucrania para ser utilizados como ambulancias y para la evacuación de civiles en el conflicto. Y eso que Lula se presentó como el gran gestor de paz para acabar la invasión rusa a Ucrania. ¡Qué tal que no lo fuera!
Europa tiene que entender que el deterioro democrático que el populismo conlleva y que también ha infectado a Colombia ahora tiene como claro paciente a Brasil. Que empezó antes, claro. Pero que ahora con el poder judicial a bordo carcome la democracia en Brasil sin freno. En todas partes, definitivamente, se cuecen habas. O feijoadas en el caso de Brasil.