Reclaman que se aceleren las causas judiciales que investigan la corrupción venezolana en España y Argentina

Desde Madrid - Las ramificaciones de la corrupción venezolana ya llegaron hasta prácticamente todos los continentes. Son 26 los países que están investigando irregularidades entre funcionarios, empresarios o ciudadanos de sus países con el chavismo. Las relaciones pueden ser comerciales o, simplemente, estos lugares pueden haber sido elegidos para blanquear el dinero proveniente de hechos ilícitos que termina en bienes como propiedades de lujo en Buenos Aires, Barcelona o Miami.

La “gran corrupción” venezolana es un fenómeno que fue definido por los expertos como un sistema que se ejecuta cuando un grupo de personas se adueña del Estado para defraudarlo, en este caso, por unos 68.000 millones de dólares. La cifra ilustra la dimensión de un fenómeno que fue discutido por fiscales, académicos, periodistas y activistas de todo el mundo, que se reunieron durante dos días en el Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela, organizado por la ONG Transparencia Venezuela en la capital española.

La defraudación del estado venezolano, coincidieron los especialistas, excede la corrupción clásica y terminó por ser uno de los factores que afecta ahora los derechos humanos básicos en ese país, como el acceso a la alimentación. Esta relación entre corrupción y derechos humanos ya fue incluida en los últimos años en los informes realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros organismos internacionales. Esta relación fue el eje también de este evento, del que participaron Vladimir Aras, fiscal federal de Brasil; Sergio Rodríguez, Procurador de Investigaciones Administrativas de Argentina; Belén Suárez, abogada de la Fiscalía Anticorrupción de España; Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela; y María José Veramendi, experta de la Oficina de Corrupción y Derechos Humanos de la ONU, entre dos docenas de invitados.

La falta de avance de las causas judiciales contra funcionarios públicos dentro de la justicia venezolana motivó que otros países, tanto de la región (como por ejemplo Argentina), como de Europa, sobre todo España y Portugal, mantengan investigaciones abiertas en sus tribunales por operaciones comerciales que implican una defraudación para Venezuela, siempre con cifras que involucran cientos de millones de dólares.

Francisco Cox, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de la (ONU), analizó la realidad venezolana a fondo cuando tuvo que confeccionar un documento sobre la situación en ese país. “En nuestro informe hicimos más de 117 entrevistas de jueces, fiscales y abogados defensores para ver cómo era la justicia en Venezuela. Establecimos que existen dos mecanismos políticos en Venezuela: el aplastamiento a la oposición y las ejecuciones extrajudiciales en la lucha contra el crimen”, sintetizó.

El experto chileno explicó durante este debate las distintas metodologías utilizadas por el gobierno de Venezuela para coaccionar la justicia. “Se usaron tres métodos de control sobre la justicia: citación directa de funcionarios judiciales al Palacio de Miraflores (la casa de Gobierno); a través del presidente del circuito judicial se enviaban mensajes para los jueces que ordenaban cómo debían decidirse los casos; y, por último, por declaraciones públicas se daban mensajes sobre cómo deberían ser resueltos los casos, desde el presidente Maduro hasta programas de televisión como Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello. Concluimos que estaba afectada la independencia del Poder Judicial en Venezuela”, aseguró Cox.

Aunque con una situación mejor que en Venezuela, los delitos que involucran a funcionarios chavistas también encuentran sus problemas frontera afuera. Argentina, por ejemplo, mantiene una decena de expedientes abiertos, pero sólo uno superó la etapa inicial de instrucción: el emblemático caso de la valija de Antonini Wilson, cuyo juicio oral empezó el mes pasado, más de 15 años después de haber ocurrido el hecho.

Estados Unidos y España son dos de los países más elegidos por los ex funcionarios chavistas para refugiarse tras salir de Venezuela. Mientras que en el primer país ha conseguido que 71 personas se declaren culpables, la decena de expedientes que se tramitan en la Audiencia Nacional de Madrid apenas avanzaron durante los últimos años e, incluso, en algunas oportunidades se obstaculizaron extradiciones a Estados Unidos, como en el caso del ex jefe del servicio secreto venezolano, Hugo “el Pollo” Carvajal. Su caso permanece a espera de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), después de reiteradas apelaciones del ex funcionario.

“Queremos que Europa se sensibilice sobre lo que está pasando con la corrupción y su consecuente impacto en los derechos humanos de los venezolanos. Necesitamos que se avance en los casos abiertos en estos países. Todos estos casos de gran corrupción han sido los causantes de la emergencia humanitaria compleja que vivimos en mi país. En Venezuela hay impunidad para estos casos de gran corrupción. Hasta ahora lo que hemos visto es que cuando se supera la impunidad es para castigar a quienes se consideran enemigos del Gobierno”, aseguró Mercedes De Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela.

De Freitas se refiere a las detenciones por casos de supuesta corrupción que ocurrieron en los últimos días en ese país. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó más de 140 allanamientos y detuvo a 55 personas vinculadas a tramas de corrupción en varias empresas estatales como la petrolera estatal PDVSA. Entre los detenidos apareció el empresario colombiano Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, uno de los hombres más cercanos al gobierno. Pero los expertos que intervinieron en este encuentro coincidieron en que se trata de una medida que envía un mensaje interno dentro del chavismo para evitar que posibles casos de corrupción involucren a funcionarios con altos cargos.

La macro-causa de PDVSA es una de las investigaciones más importantes sobre corrupción del chavismo a nivel global, una parte ineludible de la “gran corrupción” de Venezuela que hundió al país en la peor crisis de su historia. La Audiencia Nacional de España fue noticia el año pasado porque favoreció en septiembre al ex funcionario venezolano Nervis Villalobos en ese expediente. La jueza María Tardón dispuso el sobreseimiento del ex viceministro de Nicolás Maduro y su mujer en una de las cuatro piezas que componen el extenso caso de corrupción de la petrolera venezolana.

La sorpresiva decisión judicial alertó a las organizaciones que siguen el caso porque, aunque se trata solo de uno de los cuatro capítulos del expediente, puede sentar un precedente para el futuro de esta macro-causa. Esta decisión de la jueza española fue parte del debate del Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela. José Ugaz, ex fiscal de Perú, advirtió que este mega caso “no avanza a un buen ritmo” y sostuvo que la jueza “no quiere ver la situación” que involucra al ex viceministro Villalobos.

“Hay un problema de voluntad institucional, que la jueza Tardón no quiere asumir en este tipo de casos que son relevantes no sólo para Venezuela, sino también porque tiene impacto directo en España”, agregó Ugaz, ex titular de Transparencia Internacional. Entre los impactos directos que tienen estos casos de lavado de dinero está el incremento de los precios de las propiedades en las zonas más acomodadas de Madrid, ya que se investiga la adquisición de decenas de departamentos por parte de jerarcas de PDVSA en el barrio de Salamanca.

La jueza de la Audiencia Nacional investigaba una operación de supuesto lavado de dinero por parte de Villalobos y Milagros Coromoto a través de supuestos falsos contratos de asesorías celebrados entre una sociedad offshore de su propiedad y una empresa en Estados Unidos que involucraron más de USD 6,9 millones que ingresaron a cuentas bancarias en España. Pero más allá de esta decisión, el mega-caso de PDVSA continúa activo en la Audiencia Nacional con investigaciones sobre el propio Villalobos y otros funcionarios públicos venezolanos, como Rafael Reiter, quien se sospecha que fue el encargado de llevar hasta el avión en Caracas la valija que luego Antonini Wilson llevó hasta Buenos Aires.

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