Populistas en nuestra región hay de todos los colores y sabores. Desde Bolsonaro y Trump en la derecha hasta Chávez, Castillo y Petro en la izquierda. Lo sucedido hace unos días en Brasilia, condenable desde todo punto de vista, es la otra cara de una moneda que hoy vive el Perú con las violentas protestas contra la decisión legal del Congreso de destituir al Presidente.
Una y otra violencia deben ser condenadas. Pretenden a través de hechos de esta naturaleza crear condiciones políticas de cambio o en contra de un cambio. No importa si el cambio es legal o legítimo como el de Brasil o el del Perú. Hay que crear las condiciones a través de la violencia para regresar a una situación o para crear un escenario propicio para quienes las promueven.
Estas protestas no son, las de Brasil, las de Perú o las de Chile, Ecuador y Colombia en el 2019 y en el 2021, de generación espontánea. Tienen líderes, tienen financiación y tienen organización. Quemar una línea de metro en una noche como sucedió en Santiago requiere de tanta organización como tomarse el Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema en Brasilia.
Y siendo ambos actos criminales que deben ser condenados —tanto en la Justicia como en la opinión— por igual, desafortunadamente tienen respuestas distintas. Las de Colombia, Chile, Ecuador y Perú tienen grandes defensores y promotores. Y pocos críticos. ¿Destruir un billón de dólares de una línea de metro se justifica como producto de una explosión social? En el país más desarrollado del continente por cierto. ¿O quemar 15 estaciones de policía en una noche en Bogotá de manera coordinada es legítimo?
Quienes creemos en la libertad y el orden nunca escuchamos a los países, a los Secretarios de Estado o a los cancilleres pronunciarse de manera enfática en contra de esos actos vandálicos cuyas consecuencias, hasta el día de hoy, se sienten en Santiago y en Colombia. Es más, hasta hoy Estados Unidos guarda silencio frente a los violentos hechos en el Perú que se dan para reversar una decisión constitucional que evitó una dictadura.
Se conoce, y hace falta aún mucha información, sobre como los rusos alquilaron cuentas de colombianos para financiar los actos violentos del 2021. Es más hoy una madre pide al presidente Petro la liberación de su hijo capturado en las protestas y le dice palabras más palabras menos: lo hicimos con usted y lo elegimos, ahora cumpla. Ciertamente, el presidente Petro expidió un decreto para liberar a los vándalos capturados, en muchos casos por actuaciones violentas con heridos y muertos de por medio.
La llegada de Boric en Chile y la de Petro en Colombia estuvieron precedidos por esos hechos de violencia. Que sin condena internacional, y con la liberación de los autores criminales, muestran un camino para crear condiciones de desgobierno que faciliten la llegada del contrario al poder. Antes fue la izquierda y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿ahora le toca a la derecha?
Pero el silencio, contrario a la razonable y justificada reacción por lo de Brasil, no tiene explicación alguna. ¿Si en New York queman 15 estaciones de Policía en una noche el Gobierno americano se queda callado? ¿Si en una noche en unos actos violentos supuestos vándalos incendian una línea de metro en Toronto todos guardamos silencio? O si hace dos años Trump decide quedarse en el poder, la Corte Suprema y el Congreso lo destituyen y hay protestas violentas en el centro del país contra esta decisión del Congreso y la Guardia Nacional las reprime, ¿no debemos respaldar la institucionalidad americana?
¿Existe una línea que justifique la violencia? O es según el marrano. Porque parece que así es por ahora y que no todos los actos violentos son condenables. Depende de quien lo hace y contra quien se hace para estar a favor o en contra. En un mundo inestable, con redes sociales que movilizan con facilidad y con mentiras la opinión pública, no tener claridad al respecto genera tremenda incertidumbre y riesgo.
No nos digamos mentiras. La democracia en América Latina está tremendamente amenazada. Si bien lo de Brasil y Perú son el último un ejemplo, hoy Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia con Rusia e Irán generan una escenario desalentador. Si además añadimos unos sistemas electorales desacreditados, lo sucedido hace una semana puede ser apenas el principio de una revolución contra los resultados electorales y contra los sistemas electorales que acaben marchitando la frágil democracia del continente.
Ya vemos un cambio de reglas del juego electoral en México que la ciudadanía no acepta y se moviliza. Y en Colombia sucede algo similar que acaba con la legitimidad del sistema electoral. Una ley promovida por un Registrador (el encargado del sistema electoral) con todo tipo de acusaciones de corrupción, genera tal desequilibrio electoral que cambia de fondo las reglas de ecuanimidad en el sistema.
Nada justifica lo sucedido en Brasilia. Pero tampoco nada justifica lo sucedido en Colombia en el 2019 y en 2021. O en Chile en el 2019. O lo que hoy sucede en el Perú. Si los demócratas del continente no nos ponemos de acuerdo en eso, que la violencia NO tiene justificación y que debe ser condenada sin color político (lo que hoy no pasa), vamos a condenar a la región al autoritarismo. Y esa carta democrática que Estados Unidos promovió en la OEA y que hoy vemos como casi letra muerta, pues pasará a la historia como un gran ejemplo de buenas intenciones que al fin no sirvieron para nada.
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