Los 28 puntos destacados del informe "El estado del Estado"

La entrega de tarjetas del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria fue absolutamente discrecional, al punto de que algunas provincias ni siquiera contaron con el Plan Nacional Alimentario. En Córdoba, por ejemplo, el plan se aplicó sólo en algunos municipios y no a nivel provincial. San Luis no recibió asistencia del Ministerio de Desarrollo Social nacional. Otros distritos como las provincias de Buenos Aires o La Pampa no recibían ayuda para los comedores de sus escuelas. Tucumán, una provincia que fue siempre cercana al Gobierno Nacional, recibió por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 4.285 millones de pesos en asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, sin que ese dinero tenga ningún impacto visible en los índices de pobreza e indigencia.

No se encontraron registros de índices de violencia de género. No se hacía un seguimiento de los llamados a la línea 144, ni se había implementado el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En Argentina no había estadísticas, registros ni articulación entre los distintos poderes para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.

En diciembre de 2015 había en la Argentina 3.800.000 familias: casi una de cada tres familias no tenían una vivienda digna o vivían en lugares que no cumplían las condiciones básicas de higiene o hacinamiento para ser sanos y seguros. Una de cada tres viviendas construidas en el período incumplía los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social establecidos en los Programas Federales de Vivienda. Además, en julio de 2015 la ex Subsecretaría de la Vivienda suspendió progresivamente los pagos a los institutos de vivienda provinciales y municipales de todo el país con los que tenía acuerdos y las obras en ejecución se paralizaron y las empresas constructoras comenzaron a despedir personal.

Los docentes de siete provincias cobraban sueldos menores al salario mínimo. En 2015, ocho provincias tuvieron más de 20 días de paro. Sólo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas argentinas terminó el año pasado el secundario en forma. No existían evaluaciones de impacto con estándares de calidad en los programas y políticas educativas. Tampoco había información completa y confiable que permitiera conocer el grado de cumplimiento de las metas comprometidas por el gobierno. El Estado Nacional debía más de 3.000 millones de pesos a las universidades. A través del Programa Fundar, la Secretaría de Política Universitaria transfirió más de 2.000 millones de pesos sin ningún criterio claro.

En el Hospital Posadas, el más importante hospital nacional, ingresaron a la planta durante 2015 alrededor de mil agentes: más de la mitad lo hizo en los 45 días anteriores al cambio de gobierno. El grueso ingresó en áreas administrativas, alterando el equilibrio entre la dotación asistencial y la de apoyo administrativo. Muchos no tenían siquiera tareas asignadas. El Ministerio de Salud invirtió 80 millones de pesos en la compra de 50 ómnibus y equipamiento para el programa dental Argentina Sonríe: en el año que estuvo en funcionamiento sólo hizo once viajes, seis de ellos a Santa Cruz y el resto a Buenos Aires y Entre Ríos. Muchos micros nunca pudieron prestar servicios.

En diciembre de 2015, el PAMI acumulaba una deuda de 5.500 millones de pesos y perdía unos 250 millones por mes. Sus autoridades estuvieron involucradas en diferentes maniobras para desviar fondos: una de ellas fue la emisión de recetas a nombre de afiliados fallecidos. El padrón de afiliados tenía 400.000 personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud. A nombre de 7.000 de ellas se compraban remedios que luego se vendían en el mercado negro.

Al dejar el Gobierno Cristina Elisabet Kirchner, el déficit fiscal -de 5,5% del tamaño de la economía- había alcanzado una magnitud histórica, de las más altas de los últimos 30 años, y había sido financiado con emisión monetaria, es decir, imprimiendo billetes. En 10 años la inflación acumulada fue de 700%. La actividad económica estaba estancada desde hacía cuatro años, en los que se habían creado pocos puestos de trabajo y había aumentado la cantidad de pobres. La producción industrial cayó durante 22 meses consecutivos entre 2013 y 2015, según el Indec. En ese período, las exportaciones cayeron un 25%. El atraso cambiario y el aislamiento internacional deterioraron la competitividad de la producción agropecuaria, de la industria y de los servicios.

La falta de profesionalismo en el manejo de la deuda pública permitió a los fondos buitre obtener beneficios a costa de los argentinos. La falta de una negociación seria permitió que la deuda con los acreedores en litigio pasara de menos de US$3.000 millones a más de US$10.000 millones.

La Casa de la Moneda fue destruida financieramente. Entre 2012 y 2015 pasó de tener un patrimonio neto de 118 millones de pesos a un saldo negativo de 400 millones de pesos. En diciembre de 2015 le debía 476 millones de pesos a proveedores y 365 millones de pesos a la AFIP. Y sus resultados fueron negativos todos los años, de manera creciente, desde 2012. Además, pasó de 874 trabajadores en 2010 a más de 1700 en 2015.

El Banco Central vendió 6.800 millones de dólares para ahorro de sus reservas en 2015. Hacia fin de año, se vendían, en promedio, 100 millones de dólares por día. En gran parte, la enorme demanda estaba basada en el precio. A ese valor, todos querían dólares y todos los dólares que les dejaran comprar. Para fines de diciembre, el Banco Central había vendido más de 17.000 millones de dólares de contratos de futuros. El monto era tan grande que cualquier variación del precio del dólar por encima del valor pactado representaba una erogación impresionante: cada suba de 10 centavos de dólar costaba 1.700 millones de pesos. Además, el Central tenía graves problema en su funcionamiento interno: por ejemplo, el mayor costo operativo del banco era la impresión de billetes, que en 2015 representó más del 40% de sus gastos. Sin embargo, pese al enorme crecimiento que tuvo la cantidad de dinero, se decidió mantener el billete de máxima denominación en 100 pesos, la misma de hace 25 años, lo que significaba que había aproximadamente 3.000 millones más billetes circulando de los que debería haber. El exceso de billetes generaba mayores costos de logística, por supuesto, pero también de destrucción (los billetes tienen una vida útil promedio de entre un año y medio y dos años, y destruirlos es tarea exclusiva del Banco Central).

Uno de los principales problemas institucionales del INDEC en diciembre de 2015 era que había perdido una importante cantidad de personal técnico y profesional, debido a la desarticulación de las áreas más sensibles en la producción de indicadores, cuando se desplazó a los profesionales más calificados de sus tareas específicas por no mostrarse dóciles frente a directivas contrarias a las buenas prácticas estadísticas. A muchos de ellos se les cambiaron las funciones, se los suspendió o se los despidió. Una porción no menor optó por la renuncia. Desde 2011 se incrementó la plantilla de personal en casi un tercio, sin tener en cuenta las necesidades técnicas y profesionales del instituto. El

75% de las nuevas incorporaciones no contaba con estudios terciarios o universitarios. Así, en diciembre de 2015, sólo el 38% del plantel total tenía formación profesional y técnica, en tanto el restante 62% se dividía entre quienes tenían educación secundaria completa e incompleta. En gran parte de las instituciones de estadística de otros países los porcentajes se dan a la inversa.

La industria nacional estaba estancada y agotada, marcada por una matriz productiva poco diversificada, poco compleja, desbalanceada regionalmente y que generaba escaso empleo genuino desde hacía por lo menos cinco años. Además, el empleo se encontraba empantanado, sostenido en gran medida por la intervención del Estado: entre 2011 y 2015, el empleo privado creció 3%, mientras que el empleo público creció 10%. Tampoco fueron años buenos para las pymes. Entre 2003 y 2015 aumentó el peso de las empresas grandes en el total de empleo, se estancó el de las medianas y cayó el de las empresas chicas. Además, en los tres años anteriores al cambio de gobierno cerraron unas 8.500 empresas, el 80% de las cuales eran microempresas. Desde 2012, la Argentina dejó de crear empleos formales. Aunque una de las banderas del gobierno de entonces era decir que el país vivía un proceso de reindustrialización, en diciembre de 2015 el peso de la industria en el empleo era menor que a comienzos de los años '90. Hubo un fuerte desplazamiento del empleo desde los sectores más productivos de la economía (el agro y la industria) hacia sectores poco productivos, sobre todo el sector público y el sector de servicios más tradicional, como comercios minoristas.

En la Subsecretaría de Comercio Exterior, no quedaba ningún registro sobre cuáles habían sido los criterios, montos y tiempos para aprobar importaciones. Los documentos en papel sobre las importaciones habían sido destruidos. La oficina estaba vacía y los operadores y sus computadoras habían sido distribuidos en distintos pisos en el edificio. Durante los primeros días de gobierno hubo que administrar en forma manual el comercio internacional del país. En dos años, se duplicó el personal de la Secretaría de Comercio: de 639 trabajadores en 2014 a 1500 al momento del traspaso. Había personal sin funciones claras, entre los que se encontraron varios barrabravas de clubes de fútbol. En una oficina había 41 personas que cobraban mensualmente pero no tenían ninguna función en la secretaría ni contacto alguno con el resto del personal.

Argentina pasó de ser el 3° exportador mundial de carnes a ser el 12°. En la industria frigorífica se perdieron más de 18.000 puestos de trabajo.

Un 51% de la población potencialmente activa del país tenía problemas de empleo. Casi un 50% de los asalariados cobraba menos que el salario mínimo. Contando a las personas que no trabajaban ni estudiaban, a los trabajadores en relación de dependencia o independientes que se encontraban en el mercado informal y a los desempleados, en 2015 había 11,7 millones de argentinos en situación precaria, sobre una población económicamente activa de 23 millones de personas. Algo más de cuatro millones de trabajadores privados se encontraban en situación de informalidad, sin beneficiarse de las condiciones de trabajo negociadas en convenios colectivos, sin aportes de seguridad social ni protección contra riesgos laborales y en condiciones de gran precariedad e inestabilidad. Los ingresos laborales medidos en términos reales no crecieron desde 2011.

La situación financiera de la ANSES se deterioró durante los últimos años: adeudaba 1.348 millones de pesos a otros organismos. Una persona tardaba siete meses en jubilarse desde que solicitaba el turno hasta que cobraba por primera vez. Había un stock de 253.000 jubilaciones pendientes, 440.000 juicios en curso y 60.000 juicios con sentencia firme a favor de los jubilados. La principal vía de contacto entre los beneficiarios y la ANSES son las Unidades de Atención Integral (UDAI), en cuya conducción existía hasta diciembre de 2015 un marcado sesgo partidario: se priorizaban los intereses políticos por sobre la atención a los jubilados, según múltiples reportes y documentos. Se crearon nuevas dependencias de atención al público que no respondían a criterios demográficos sino políticos.

Entre 2001 y 2012 las tarifas residenciales de electricidad cayeron un 80% en términos reales. Estos precios artificialmente bajos llevaron a un aumento del consumo y una caída de la producción de energía. Entre 2003 y 2015 el consumo de gas natural creció 41%, el de energía eléctrica creció 58% y el de naftas, 153%. Sin precios razonables, la oferta no acompañó. Entre 2003 y 2014 se perdió un stock de reservas equivalente a casi dos años de producción de petróleo y a más de nueve años de producción de gas. Esto produjo un deterioro del servicio: los cortes en la provisión de gas, sobre todo a la industria, pasaron de 3% en julio de 2003 a 17% en julio de 2015; y los cortes de electricidad en la región metropolitana de Buenos Aires pasaron de 8,3 horas por hogar en 2003 a 32,5 horas por hogar promedio en 2015. Esta situación perjudicó a los usuarios domiciliarios, al comercio y a la industria. ENARSA gastaba más de 19 millones de dólares por mes en generadores de emergencia en barrios como Recoleta o Barrio Norte.

Nucleoeléctrica Argentina SA es la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país: Juan Domingo Perón (conocida hasta 2014 como Atucha I), Néstor Kirchner (conocida hasta 2014 como Atucha II) y Embalse. El 75% de sus empleados no tenía tareas específicas. La empresa compró los primeros 10.000 ejemplares del libro de Julio De Vido, sobre Néstor y Cristina Kirchner. La Comisión Nacional de Energía Atómica debía 2.200 millones de pesos. El Yacimiento Carbonífero Río Turbio pasó de 1200 empleados en 2005 a casi 3000 en el 2015. La mina debió estar lista en 2010 para producir dos millones de toneladas de carbón por año. En 2015, sin embargo, sólo produjo 48.000 toneladas.

En diciembre de 2015, la inseguridad y el narcotráfico habían crecido en el país hasta llegar a convertirlo en el tercer proveedor mundial de cocaína y el país con la mayor tasa de robos del mundo. Todo esto sucedió en un contexto donde se desarticularon las fuerzas de seguridad y dejaron de publicarse las cifras y estadísticas que podrían haber servido para atender esta situación. En simultáneo, las autoridades tomaron algunas decisiones que empeoraron esta situación y contribuyeron a convertir a la Argentina en un territorio favorable para el desarrollo de actividades ilícitas. La importación de efedrina se multiplicó 100 veces en pocos años.

El Ministerio de Defensa era uno de los organismos donde la falta de información y la ausencia de registros era más generalizada. Era, además, un ministerio que estaba casi desmantelado. Se encontraron, por ejemplo, armas que no estaban registradas en ningún lado y registros de armas que después no podían encontrarse en los lugares de almacenamiento. El Estado argentino no sabía ni cuántas armas tenía ni dónde estaban ni, peor, quién las tenía. Como no había un registro de las compras y las ventas, y hay rastros de "robos hormiga" en diversos lugares, cualquiera pudo haber comprado armamento de guerra sin que las autoridades lo supieran. En ese marco, se encontró una oficina con decenas de personas dedicadas a la administración de redes sociales partidarias. El personal civil de Inteligencia Militar se multiplicó por cuatro.

Históricamente, Fabricaciones Militares llegó a administrar 15 fábricas en todo el país con 150 empleados en su administración central en Buenos Aires. En diciembre de 2015, aunque sólo poseía cinco fábricas, tenía en su sede central 600 empleados. Sólo en el área de Prensa y Comunicación había 50 personas. Tenía un déficit de 1.200 millones de pesos por año. la empresa invirtió 350 millones de pesos en un taller para construir vagones para los que no había demanda en el país.

Entre 2012 y 2015, la cantidad de empleados del Ministerio de Justicia se duplicó, de alrededor de 3.000 a unos 6.000. El Sistema Penitenciario Federal estaba en una situación de emergencia: en diciembre de 2015, hacía tres años que el Servicio Penitenciario Federal no contaba con Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). La Unidad Penitenciaria de Ezeiza tenía deudas por 800 millones de pesos para sus empleados.

El presupuesto para ciencia y tecnología de las universidades nacionales se redujo del 3% en 2003 a 0,3% del presupuesto universitario en 2015.

La administración del Ministerio de Cultura pasó de 3.000 empleados a 4.064 en 2015 sólo en 2015, entre las diferentes modalidades de contratación. Se recibieron 1145 facturas impagas por más de 156 millones de pesos. El Instituto Nacional del Teatro (INT) estaba paralizado.

En la Cancillería, proliferaron los cargos políticos sobre los funcionarios de carrera. Puestos directivos claves fueron ocupados por militantes sin la experiencia profesional necesaria. Numerosos ascensos fueron decididos en función de la militancia. Además, había un sistema de toma de decisiones donde casi todas las medidas eran tomadas desde la cúspide, muchas veces en forma discrecional, sin el estudio y el trabajo de las áreas de base.

El sector de telecomunicaciones presentaba al menos siete desafíos importantes: la deficiente prestación de los servicios de telecomunicaciones, una insuficiente resolución de los reclamos de usuarios, un notorio incumplimiento en el otorgamiento de las licencias únicas de servicios de telecomunicaciones, el congelamiento innecesario de los fondos del servicio universal, normas obsoletas, sobre todo para una industria que cambia todo el tiempo, severos problemas en la reglas de interconexión de las redes, y falta de licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Entre 2003 y 2015 prácticamente no se otorgaron licencias nuevas. El Estado abandonó su principal obligación de mantener competitivo el mercado.

Arsat tiene un equipo técnico de soporte y desarrollo de muy buena calificación. Sin embargo, Arsat 2 quedó sin vender hasta que se inició el nuevo gobierno. La Red Federal de Fibra Óptica, construida por el gobierno anterior y con una extensión de 36.000 kilómetros tendidos, sólo se habían "iluminado", es decir, que se encontraban listos para ser usados, unos 6.800 kilómetros.

La Dirección Nacional de Vialidad tenía obligaciones impagas por 13.000 millones de pesos. Aunque tiene el 0,7% de la población del país, Santa Cruz recibió el 12% de las obras de Vialidad Nacional. El precio por kilómetro era entre un 30% y un 50% más alto que en el resto de América Latina. Entre 2008 y 2015 Aerolíneas Argentinas, recibió aportes del Tesoro por 29.676 millones de pesos, un promedio de dos millones de dólares por día. En los trenes del área metropolitana casi la mitad de las vías se encontraban en un estado regular o malo, el sistema de frenado automático estaba instalado en sólo el 10% de la red, en la ex línea Roca, y casi todos los ingresos de las empresas ferroviarias venían no de los boletos pagados por las pasajeros (cuyo aporte era mínimo), sino de los aportes del Estado Nacional. En la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, sólo funcionaba una draga dentro de una flota de 115 embarcaciones.