Tal como anticipó Infobae, el oficialismo presentó una resolución para destituir a Ricardo Echegaray de la Auditoría General de la Nación. El documento lleva las firmas de los titulares de ambas cámaras, Gabriela Michetti y Emilio Monzó, e ingresó al Senado para que se notifique al organismo.
La medida fue adoptada al cabo del procesamiento que dictó Claudio Bonadio contra el ex titular de la AFIP por los delitos de violación de secreto y falso testimonio, tras una denuncia de Alfonso Prat-Gay. Es que de acuerdo con Cambiemos, el procesamiento es la "herramienta" que necesitaban para removerlo.
El acuerdo que alcanzaron oficialismo y el PJ meses atrás para el nombramiento de Echegaray estipulaba que el cargo quedaba condicionado ante un eventual procesamiento. Aun cuando el ex funcionario tenía más de una causa abierta, el peronismo sostuvo su postulación.
La resolución, a la que accedió Infobae, ordena "remover" y comunicar al Partido Justicialista que debe "proponer un nuevo candidato a la presidencia de la Auditoría General de la Nación , quien deberá cumplimentar lo dispuesto en el artículo 126 de la ley N° 24.156 y normas concordantes".
"El procesamiento del juez Bonadio a Echegaray nos dio la herramienta legal que necesitábamos para poder sacarlo de la auditoría", dijo más temprano Michetti. "Ahora podemos negarle este cargo en esta institución tan importante de la república", completó.
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Para el peronismo, sin embargo, la discusión no está saldada. Desde el entorno del auditor aseguraron a Infobae que la normativa ampara al ex director de la AFIP para resistir en el cargo. "Según la ley, no pueden ser designados auditores generales las personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal", explicaron cerca del funcionario.
Según ellos, tras el procesamiento dictado por Bonadio en primera instancia "no alcanza con una nota de los presidentes de ambas cámaras" del Parlamento para remover al titular de la AGN, lo que prevé una puja legal y política entre el oficialismo y el PJ.
En una línea similar se manifestaron las autoridades del Consejo Nacional del Partido Justicialista. En un comunicado, afirmaron que el auto de procesamiento "no configura un hecho por el cual haya que innovar en su situación", y sostuvieron que se requiere una ratificación de la Cámara que deje eventualmente firme la decisión.