El plan de exteriorización de capitales y la amnistía fiscal bajo la mirada de expertos

César Litvin, Zenón Biagosch y Julio Piekarz coincidieron en resaltar los aspectos positivos de la iniciativa del Gobierno de impulsar una ley de "Sinceramiento Fiscal", porque no sólo aprovecha una oportunidad histórica que ofrece el contexto internacional, sino porque posibilitará ingresos tributarios para pagar una larga deuda social y encarar obras y proyectos que redundarán en aumento del empleo y reimpulso del mercado inmobiliario.

Zenón Biagosch, ex director del Banco Central que "la implementación por parte de la OCDE de un procedimiento automático de intercambio de información financiera bajo un esquema de reciprocidad al cual ya adhirieron más de cien países y cuyo inicio está previsto para el 2017; y lo recientemente acordado por los ministros de finanzas del G7 en su reunión de Sendai, Japón, del pasado 21 de mayo, donde reforzaron los mecanismos multilaterales de intercambio de información financiera, determina que el desafío del éxito creemos que está más asociado a minimizar los riegos que los costos, ya que consideramos que ésta última seguramente no será la principal variable a ponderar por quien pretenda blanquear. El riesgo presente y futuro de verse involucrados en investigaciones administrativas o judiciales seguramente son variables aún más determinantes a la hora de decidir".

"El riesgo de ser descubierto en la marginalidad es mayor al costo de la regularización tributaria"

En la misma línea se manifestó por InfobaeTV el tributarista César Litvin: "El proyecto de Ley de Sinceramiento Fiscal, o exteriorización de activos no declarados sigue las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de impulsar una aministía fiscal pero con alto costo, con algunas excepciones, porque el riesgo de quedar fuera del sistema será a partir de 2018 mucho mayor".

En tanto, Julio Piekarz, ex gerente general del BCRA dijo en InfobaeTV que "la iniciativa del Gobierno es positiva por dos efectos simultáneos que generará: por un lado un aumento de los ingresos fiscales (los calculó entre 3.000 y 5.000 millones de dólares) y por otra parte por el efecto reactivador que tendría en la actividad económica, dependiendo de lo que efectivamente ingrese al mercado local".

Respecto a las cifras que se están manejando en el mercado, Piekarz consideró que es factible llegar a los USD 60.000 millones que plantea el Gobierno. "Hay USD 220.000 millones de argentinos no declarados en el exterior, y otros USD 70.000 millones aproximadamente dentro de la Argentina. Hablando con bancos de inversión y bancas privadas creo que se puede llegar al objetivo que se plantea el Gobierno".

En ese punto, César Litvin dijo: "hay publicaciones locales e internacionales que fijan un límite inferior de activos externos no declarados de unos USD 250.000 millones y uno superior de USD 400.000 millones; de ahí que con que sólo se declare el 20% del punto mínimo se llega a unos USD 50.000 millones, por lo que creo que se podrá superar ampliamente ese piso".

César Litvin: "La base de activos no declarados se estima entre 250.000 y 400.000 millones de dólares"

Bases adecuadas

El tributarista estimó que "las bases del monto a pagar por la exteriorización patrimonial lucen apropiadas a las recomendaciones de la OCDE". El Gobierno propone al Poder Legislativo tres escalas: por montos inferiores al equivalente a $305.000 el impuesto a pagar será de cero peso; para el rango de $305.000 a $800.000 deberá pagar 5%; y para los montos mayores una alícuota de 10%, hasta el 31 de diciembre de 2016, y se eleva a 15% para todos los casos que se regularicen en el primer trimestre de 2017".

Julio Piekarz: "Una parte de los capitales se volcará al mercado inmobiliario, e impulsará los precios y la construcción"

"De la parte que ingrese seguro que una porción se volcará al mercado inmobiliario y eso impulsará los precios de las propiedades y también la industria de la construcción. Sería deseable además que una porción se vuelque a inversión productiva, ya que hoy estamos en un 17% del PBI y precisamos por lo menos llegar al 23%. Hay gente que le gustaría invertir pero que hoy no tiene los fondos declarados", agregó Julio Piekarz.

Proyecto de Ley sobre juicios de jubilados en firme y potenciales

En materia previsional, Christian González D'Alessandro, director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores del Colegio de Abogados de Morón", dijo en su paso por los estudios de InfobaeTV que "El Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados es muy bueno", y también la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor".

Sin embargo, el letrado hizo reparos sobre la decisión del Poder Ejecutivo de proponer una quita en el derecho de los jubilados, o pago parcial en efectivo y el saldo en cuotas, así como la continuidad del alcance de Ganancias para los montos mayores.

Julio Piekarz también se refirió al cuadro previsional: "La situación de Anses es preocupante, porque está perdiendo escalonadamente el 15% de coparticipación que debe pagarle a provincias, también utilizará recursos para saldar deuda a los jubilados, pero dos tercios del Fondo de Garantía de Sustentabilidad están ya prestados al Estado a través de títulos públicos", de ahí que consideró que "la salida para el organismo previsional será vender parte de sus activos", una posibilidad que estaría planteada en el proyecto de ley que se envía al Congreso en las próximas horas, con la "adecuación de la norma que regula al FGS".

Por Daniel Sticco dsticco@infobae.com y Pablo Wende