El 5 de abril de este año, cuando faltaban pocos minutos para las seis de la tarde, el Lear Jet matrícula LV-BPL aterrizó en el aeropuerto de San Fernando. A bordo venía Lázaro Báez, quien apenas bajó de la aeronave quedó detenido por disposición del juez federal Sebastián Casanello acusado por lavado de dinero. El magistrado había ordenado la captura nacional e internacional del empresario K porque –según argumentó- existía peligro de fuga.
Ese hecho hizo detonar una situación que estaba latente en el círculo más íntimo del amigo de Néstor Kirchner. El encarcelamiento del jefe del clan Báez generó una implosión en el grupo familiar. De un lado quedaron Lázaro y Martín mientras que del otro están Leandro y Luciana, los otros hijos del empresario.
Desde hacía un par de años, Lázaro y su esposa Norma estaban separados aunque seguían guardando algunas formas y viviendo bajo el mismo techo. Los hijos descubrieron que su padre mantenía una relación amorosa paralela. Como fruto de ese romance, Lázaro Báez tendría una hija pequeña, de 3 años. Conforme se iba desarrollando el proceso judicial, Leandro y Luciana Báez se fueron convenciendo de que su padre había sido entregado para salvar a quienes serían los verdaderos beneficiarios del dinero sucio obtenido de la obra pública.
La defensa de Leandro Báez acaba de presentar un escrito para interponer la recusación del juez Sebastián Casanello. Según pudo conocer Infobae, en ese texto señala que desde el inicio de la causa, en el año 2013, ha existido un claro direccionamiento del proceso por parte de Casanello, quien estuvo a cargo de la investigación desde el inicio. Dice Leandro Báez en el escrito que durante el período 2013-2015 no se realizaron las medidas necesarias que podrían haber resguardado gran cantidad de pruebas para el esclarecimiento de los hechos investigados. Tampoco existió ninguna citación, más allá de que el juez contaba casi con las mismas pruebas –salvo el video en el que se los ve contando plata- que luego dieron lugar a las distintas citaciones y al procesamiento de Báez. Al respecto –manifiesta Leandro Báez- "no debe perderse de vista que incluso con anterioridad al video que, según el juez, habría dado pie a una serie de citaciones y procesamientos, existió otro video periodístico en el cual se observa a distintas personas retirando cajas con documentación pero, en ese momento, el Sr. Juez nada hizo al respecto". Hay que recordar que esto fue antes de las elecciones presidenciales del año pasado.
Luego de ese período –según la presentación hecha esta mañana- existe un claro redireccionamiento del proceso hacia la familia Báez y una clara intención de desligar a quienes eran funcionarios del gobierno de Cristina Elisabet Kirchner.
Destaca además, que a lo largo de la investigación se ha hablado incontables veces de "sobreprecios de obra pública" y de "adelantos financieros" y sin embargo los funcionarios que los aprobaban y que hacían los pagos no fueron citados y ni siquiera investigados por Casanello.
Asimismo afirma que existe una gran cantidad de pruebas en la causa por un supuesto delito que sería de imposible cumplimiento sin la participación de una gran cantidad de entes estatales que hasta ahora el juez no ha investigado.
En ese sentido, menciona que el único que ha sido citado para prestar declaración indagatoria es Ricardo Echegaray pero el juez no profundizó la investigación hacia la responsabilidad que pudo haber tenido el ex titular de la AFIP.
En la recusación a Casanello, el menor de los Báez afirma que surge con claridad que el juez no investiga quién era el último beneficiario del dinero o hacia dónde iba. Sólo intenta probar cómo se blanqueó el dinero pero, en ningún momento, dirige la investigación para saber a quién realmente pertenecía.
También menciona Leandro Báez que Casanello utilizó como prueba el hecho de un viaje del jefe de la DGI a Río Gallegos en un avión de Lázaro Báez y llamadas entre el empresario y funcionarios. No obstante, no analizó las llamadas, no citó a declarar a los funcionarios nombrados y tampoco profundizó la investigación en ese sentido.
Por si esto no fuera suficiente, en el escrito presentado hoy, se citan declaraciones públicas del juez Sebastián Casanello en las que expresó que Cristina Elisabet Kirchner no estaba involucrada en el expediente y que tampoco iba a ser citada como testigo.
Para los hermanos Báez, su padre era testaferro de los Kirchner y el patrimonio de Austral Construcciones es de Cristina Elisabet y Máximo Kirchner. Tienen en su poder una agenda en la que Lázaro Báez dejó constancia de al menos tres reuniones que mantuvo a la medianoche en la Quinta de Olivos en las que habrían participado Cristina Elisabet Kirchner y el juez federal Sebastián Casanello. No sólo eso, desde meses antes de ser detenido habría comunicaciones entre Lázaro Báez y el magistrado.
Además, pedirían que se investiguen cuarenta llamados telefónicos que habría hecho el juez Sebastián Casanello a la provincia de Santa Cruz el día que detuvieron a Lázaro Báez.