El Presidente de la Nación decidió convocar de urgencia, apenas con tres horas de antelación, a los máximos dirigentes del sindicalismo y el empresariado nacional, junto al ministro de Producción Francisco Cabrera, jefe de Gabinete y su equipo.
El Gobierno les pidió a las partes el compromiso de una tregua para que no haya despidos, ni tampoco reclamos exagerados de las partes, entre un plazo de dos a tres meses, período a partir del cual se espera una gradual reactivación de la actividad productiva y comercial, y la apertura de listas de empleo para encarar un ambicioso plan de obras públicas.
Previamente, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere y uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, habían anticipado a la prensa que sus entidades estarían dispuestas a firmar un compromiso antidespidos por un plazo determinado, pero reclamaron al Gobierno que antes habilite una "mesa de diálogo" para tratar los problemas sectoriales que existen por la caída de la actividad económica del mercado interno y el impacto del frente externo, principalmente la crisis de Brasil.
En el encuentro con el Presidente, en la Casa Rosada, se llegó a un acuerdo con los dirigentes sindicales y también con líderes políticos de la oposición en Diputados, para que no acelere el tratamiento de la bautizada Ley Antidespidos, que implicaría votar la doble indemnización.
Entre los presentes, Infobae pudo confirmar que estaban los sindicalistas Antonio Caló (metalúrgicos) y Luis Barrionuevo (gastronómicos), de las CGT Alsina y Azul y Blanca, respectivamente; José Luis Lingeri (obras sanitarias), Carlos West Ocampo (sanidad), Armando Cavalieri (comercio), Gerardo Martínez (construcción), Roberto Fernández (colectiveros), Juan Carlos Schmid (dragado y balizamiento), Guillermo Pereyra (petroleros), Omar Maturano (maquinistas ferroviarios) y Gerónimo "Momo" Venegas (peones rurales).
Más costos que beneficios
Cabe destacar que en la última semana se intensificaron los pedidos de los empresarios pyme a los legisladores para que no avancen con una iniciativa que estiman generará más costos que beneficios para el sector.
Por el contrario, del lado del sindicalismo, durante abril continuaron las denuncias de suspensiones y despidos de personal, tanto en el sector público como privado, por un total cercano a 140.000 personas en el cuatrimestre, aunque nada comunicaron de los casos de creación de empleos netos, como realmente ocurrieron en el período, según aseguran fuentes oficiales de Trabajo y Producción.
Al respecto, encuestas de opinión a empresarios, como las de LIDE y estudios de "caza talentos", mostraron en los últimos días que las expectativas empresarias son de creación neta de empleos en lo que resta del año, revirtiendo el cuadro predominante en los pasados cuatro años.
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