El gobierno mexicano lo reconoce: hay 28.161 personas desaparecidas, de las cuales 175 son extranjeros. Así lo reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según Human Rights Watch, cuando el presidente Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, a finales de 2012, recibió un país "asolado por la violencia vinculada al narcotráfico y sus variantes del crimen organizado, que le costó la vida a más de 60.000 mexicanos a lo largo de seis años". La guerra contra el narcotráfico, iniciada por su antecesor, Felipe Calderón Hinojos, tuvo resultados infortunados. Generó un incremento en las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, y, ya para entonces, algunos de sus integrantes trabajaban para grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de personas, trata de blancas y robo de infantes.
Derivado de lo anterior y por una descomposición en el seguimiento de casos denunciados, es que hoy en México se cuentan los desaparecidos por miles. Las cifras oficiales, sin embargo, sólo reflejan una parte del total. Hay muchos más que nadie conoce pues no son denunciados, ante la desconfianza que existe en las fiscalías locales, que no siguen los casos o directamente desalientan al denunciante.
Las cifras oficiales sólo reflejan una parte del total. Hay muchos más que nadie conoce pues no son denunciados, ante la desconfianza que existe en las fiscalías locales
Se trata de desapariciones forzadas, es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien indirectamente, mediante su colaboración o consentimiento.
Para Dolores González, coordinadora del área de transformación positiva de SERAPAZ México, este problema se agudizó en la última década, y la mayoría de los casos se deben "al engarce entre grupos criminales y autoridades de distintos órdenes para asegurar su territorio en la operación de negocios ilícitos. No sólo en el trasiego de drogas, también en el secuestro, contrabando, extorsión, piratería, trata de personas y comercio infantil, que requieren de territorio controlado", explicó a Infobae.
El fenómeno de la desaparición forzada cambia territorialmente
La integrante de Serapaz agregó también que, en la ruta del Golfo de México, los desaparecidos son en su mayoría migrantes; en la ruta del noroeste, son jóvenes con cierto perfil físico o profesional. "Hay mucha desaparición de personas que tienen cierta capacidad profesional o de oficio, pueden ser albañiles, doctores o ingenieros. Son personas que tenían un trabajo estable o formal y de repente se los llevan desde alguna carretera o al momento de instalar una antena de telecomunicaciones", agregó.
Esta información coincide con la proporcionada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que informa que los desaparecidos son, sobre todo, adolescentes y jóvenes. Del total de personas no localizadas en México, 7.957 tienen entre 15 y 24 años de edad, lo que representa el 28 por ciento.
De acuerdo a su último informe, el mismo Sistema detalló que el estado norteño de Tamaulipas concentra el 20 por ciento de las desapariciones a nivel nacional, al registrar 5.752 denuncias de personas no localizadas.
Los Zetas y los del Golfo
Dos carteles de la droga encabezan los secuestros en el norte de México. ''Los Zetas'' y los del Golfo son grupos del crimen organizado que la Policía Federal (PF) ha identificado como las principales organizaciones criminales que realizan secuestros contra los empresarios que se resisten a pagarles el llamado a quienes les cobran ''derecho de piso''. El sistema es así: bajo el argumento de que les brindarán protección de otros grupos mafiosos, estas bandas les cobran a los negocios hasta 20 mil pesos o mil dólares mensuales, Si se niegan a pagar, son los "Zetas" quienes se encargan de balear el lugar, quemar el local, asesinar al encargado o secuestrar al dueño.
¿Y el Gobierno?
Ante el tamaño del problema y la complejidad de este, los gobiernos locales han solicitado ayuda al gobierno federal para poder inhibir el secuestro o la desaparición, pues sus cuerpos policíacos están rebasados, o totalmente corrompidos por los criminales que les llegan a pagar el doble de lo que reciben como policías oficiales. En respuesta, el gobierno de Peña Nieto le ha encargado a la Procuraduría General de la República darle celeridad a los casos. Sin embargo, la dimensión de las desapariciones es muy grande. En Noviembre de 2014, días después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, anunció diez medidas para hacer frente a esta crisis, entre las que destacan:
-Una iniciativa de reforma que faculta al Congreso para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada.
-Fortalecimiento a los protocolos y procedimientos, para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.
-Establecimiento de indicadores adicionales en materia de Derechos Humanos, en coordinación con la CNDH y Organizaciones de la Sociedad Civil.
-La creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.
Ahora, el Congreso mexicano tiene como uno de sus principales asuntos pendientes aprobar una ley general de desapariciones forzadas, la cual deberá derivar en un Sistema Nacional de Búsqueda, mecanismo que cuente con los recursos económicos para pagar a profesionales y contar con laboratorios, con capacidad operativa al servicio de las búsquedas recientes.
Familias destrozadas
Otro punto que se está buscando definir dentro de la ley de desapariciones en México es el cuidado de la familia en la que uno o más integrantes fueron desaparecidos. La familia entra en un proceso de descomposición psicosocial muy fuerte. Los padres, al saber que su hijo no regresó, son quienes se trasladan hasta el último lugar en el que se le vio e inician su propia investigación, ya que las fiscalías locales justifican su pobre accionar por acumulación de trabajo.
Los hermanos de ese auditor desaparecido, incluso suelen dejar sus estudios para emplearse en algo, pues sus padres se han quedado sin recursos para pagar la escuela, y en el peor de los casos terminan formando parte de la misma delincuencia organizada, tal y como lo señalan diversos reportes de organizaciones no gubernamentales, como SERAPAZ, Miguel Agustín Pro, o la Red por los derechos de los niños, organismos que coinciden en que ningún país de América Latina, en esta era democrática se asemeja a México, en esta grave crisis de derechos humanos.
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