El juzgado séptimo del ramo penal de Guatemala decidió intervenir a la empresa de aceros más grande de Centroamérica, Aceros de Guatemala, por estar relacionada al escándalo de corrupción conocido bajo el nombre de La Línea.
La red de corrupción estaba liderada por la ex vicepresidente Roxana Baldetti y el ex mandatario Otto Pérez Molina, a quien se lo acusó de defraudar al fisco por aproximadamente 33 millones de dólares.
El objetivo era cobrar sobornos a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar al fisco.
"Uno de los temas sustanciales era el contrabando y la defraudación en un país tan necesitado de recursos", señaló -cuando estalló el escándalo- Iván Velásquez, encargado de la comisión contra la Impunidad en Guatemala.
El Ministerio Público presentó tres querellas para solicitar la intervención de la empresa
El Ministerio Público presentó tres querellas para solicitar la intervención de esta empresa, así como el arraigo del representante legal Pedro José Raúl Paíz Valdez, y sus socios mayoritarios José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdez Gómez.
De acuerdo con lo que informa Noticieros Televisa, y según la propia versión de Velásquez, la investigación realizada confirma que esta empresa manipuló información para que no existieran rastros de la supuesta alteración de informes.
El ex interventor Giovanni Marroquín, capturado el 16 de abril del año pasado, coordinó con Aceros de Guatemala y algunos empleados de la Superintendencia alterar informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras denuncias.
El interventor Juan Francisco Solórzano, en conferencia de prensa, reveló que la intervención se realizó debido a que existen fuertes indicios de que es un caso sólido de defraudación. También prometió que esta medida no afectará a los empleados de la compañía.
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Los detalles del caso La Línea
El caso de La Línea es un caso de corrupción en las aduanas de Guatemala que está siendo investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La investigación de la CICIG fue hecha pública el 16 de abril de 2015 e involucró a varios altos funcionarios del gobierno del general retirado Pérez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia, el capitán retirado Juan Carlos Monzón, y distintos directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT).
Monzón se encontraba en Seúl acompañando a la vicepresidente Roxana Baldetti -a quien le fue conferido un doctorado honoris causa en esa ciudad por su trabajo social- cuando se enteró de los cargos contra él y emprendió la fuga, en un viaje a España, Colombia y, finalmente, Honduras.
Otros involucrados fueron capturados en Guatemala y algunos de ellos obtuvieron su libertad al cabo de unos pocos días gracias a una medida sustitutiva que les otorgó la jueza Marta Sierra de Stalling, aunque el Ministerio Público accionó inmediatamente para impugnar dicha medida.
Luego la atención se centró en las figuras del presidente Pérez Molina y de la vicepresidente Roxana Baldetti, quien el 21 de agosto fue llevada a prisión.
El Ministerio Público (MP) y la CICIG solicitaron antejuicio contra el presidente Pérez Molina, quien en una conferencia de prensa del domingo 23 de agosto se negó a renunciar.
El lunes 24 de agosto, durante la presentación de los cargos a Baldetti, el MP presentó una escucha telefónica de una conversación entre el director de la SAT, Carlos Enrique Muñoz Roldán, y el presidente Otto Pérez Molina.
El martes 1 de septiembre de 2015, con 132 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso le quitó el derecho de antejuicio por los señalamientos de estar involucrado en el caso La Línea. El miércoles 2 de septiembre presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, el cual le fue denegado. Tras ello, presentó su renuncia.
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