Río Gallegos: una inspección detectó la paralización de las causas contra el kirchnerismo

Una inspección en el juzgado federal de Río Gallegos detectó que en los últimos años fueron paralizadas las causas penales contra el kirchnerismo que se tramitaron en ese tribunal, entre ellas sobre la cartelización de la obra pública en Santa Cruz y la compra de terrenos en la localidad de El Calafate.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó que se inicie un sumario administrativo para deslindar responsabilidades del funcionamiento del juzgado, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Todas las miradas de la Cámara apuntan a Andrea Askenazi Vera, la jueza subrogante que estuvo al frente del juzgado de Río Gallegos durante los últimos tres años.

Askenazi Vera asumió el 24 de mayo de 2013 luego de salir sorteada para el cargo entre una lista de abogados elaborada por el gobierno de Cristina Kirchner y aprobada por el Senado. La nueva jueza llegaba al juzgado desde la Secretaría General de la Gobernación de Santa Cruz donde era asesora.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el año pasado el nombramiento de varios jueces subrogantes que no tenían acuerdo del Senado, entre ellos Askenazi Vera, quien dejó el cargo en febrero pasado.

Tras la salida de Askenazi Vera, los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, ordenaron que se haga una inspección en el tribunal. Ese trabajo estuvo a cargo de Ana Cecilia Álvarez, secretaria de la Cámara y quien era jueza de Río Gallegos hasta la llegada de Askenazi Vera.

"Las causas políticas eran llevadas personalmente por la Dra. Askenazi y las mantenía en su despacho", consta en la inspección la declaración de un empleado del juzgado. El tribunal tenía muchas causas de alto impacto político pero con sus trámites paralizados.

Una de ellas es por la cartelización de la obra pública en la provincia, de la que su principal beneficiado fue el empresario Lázaro Báez, hoy preso por lavado de dinero y con sus propiedades y empresas en inéditos allanamientos en toda la provincia.

Se trata de una causa que se inició en 1998 por una denuncia de la diputada Mariana Zuvic (su prima María Zuvic trabaja en el juzgado –están distanciadas- y llevaba causas iniciadas por el Banco Nación cuando había sido apoderada de esa entidad) y durante el paso de Askenazi Vera tuvo una "única medida jurisdiccional": el levantamiento en agosto del año pasado del secreto de sumario para realizar medidas de prueba pedidas por la Fiscalía, sostiene el informe.

Otra causa es la investigación por la compra de terrenos en El Calafate que inició el abogado Ricardo Monner Sans. En ese expediente está pendiente desde 2013 una pericia a cargo de un agrimensor. El experto esperó un informe del Registro de la Propiedad de Santa Cruz porque la información que le había dado el juzgado era insuficiente. Pero nunca recibió la respuesta hasta marzo pasado cuando la nueva jueza de Río Gallegos, Marta Yañez, quien reemplazó a Askenazi Vera, proveyó la medida.

El juzgado también tiene una causa contra Ricardo Barreiro, el cuidador de la casa de El Calafate de la familia de Néstor y Cristina Kichner e investigado por incompatibilidad de funciones por ser designado como agente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y a cargo de la concesión de la empresa de carga aérea JET PAQ S.A.

La causa la tomó Askenazi Vera en noviembre de 2013 y recién el 18 de junio del año pasado dispuso que se libre un oficio al ORSNA pidiendo información. Siete días después, señala el informe, Askenazi Vera puso en secreto la causa y a fines de enero antes de dejar el juzgado lo sacó de esa situación: "No se registran más actos procesales hasta el 29/02/2016".

También está paralizada una causa contra el diputado nacional Eduardo Costa, esposo de Mariana Zuvic y el principal opositor a los Kirchner en la provincia, por irregularidades a la ley de marcas y designaciones por su empresa "El Tehuelche".

Según el informe, Askenazi Vera no tomó ninguna medida en los tres años que estuvo en el juzgado. "El expediente permaneció en el despacho de la Dra. Askenazi para ser analizado y le fue devuelto el 03/02/2016 al cesar la subrogancia", dice el informe.

No solo en las causas políticas hubo irregularidades. También fueron detectadas en expedientes por narcotráfico y trata de personas. "Se advierten demoras e inactividad procesal superior a los plazos que establece el código procesal en la materia, registrándose actuaciones sin movimiento durante los tres últimos meses del año 2015", sostiene el informe.

También se encontró que las causas no están correctamente registradas en los libros ni en el Sistema Lex 100, lo que impide realizar un seguimiento de los expedientes y su posterior control.

Después de la inspección, los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenaron el inicio de un sumario administrativo para investigar a todo el personal del juzgado por las "demoras, deficiencias e irregularidades de diversa índole en la tramitación de las causas".