Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal de México detuvo a Nicolás Nájera Salgado, presunto integrante del cártel Guerreros Unidos de quien se sospecha que está vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, informó este martes la Comisión Nacional de Seguridad.
Un comunicado de la institución indicó que diversas líneas de investigación "permitieron conocer que Nájera Salgado se encuentra presuntamente relacionado con la producción y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado".
Ángel Casarrubias es hermano de Sidronio Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos que fue detenido en 2014 por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de ese año, en el municipio de Iguala, en el estado sureño de Guerrero.
De acuerdo con el boletín de la Comisión, se presume que Nájera Salgado está vinculado también con los hechos de Iguala. El ahora detenido fue ubicado en las inmediaciones de la localidad de Coajomulco, en el municipio de Huitzilac, estado central de Morelos.
Nájera Salgado fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República (fiscalía), "que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica".
De acuerdo con la versión de la fiscalía, policías locales detuvieron a los 43 estudiantes en Iguala y los entregaron a miembros de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en las investigaciones del caso, denunció en su informe divulgado el domingo un "rechazo latente" del Gobierno a versiones distintas a la oficial.
El GIEI, cuyo mandato termina al finalizar abril, también advirtió irregularidades en las pesquisas, como la obtención de declaraciones mediante tortura, la destrucción o pérdida de evidencias, la incapacidad de analizar pruebas, la criminalización de las víctimas y la renuencia a investigar altos mandos.
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