Procesaron con prisión preventiva a Ricardo Jaime por la compra de trenes inservibles a España y Portugal

El juez Julián Ercolini procesó al ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime por ser autor de los delitos "de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles, y como partícipe necesario del delito de tráfico de influencias". El juez, que el 2 de abril pasado ordenó la detención de Jaime y de su testaferro Manuel Vázquez, dictó los procesamientos de ambos en la causa en la que se investiga la compra de trenes en desuso a España y Portugal, donde también se pagaron coimas.

En una resolución de 238 páginas que fue publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), Ercolini también procesó por los mismos delitos a Julián Soba Rojo, un prestanombre que utilizaban Jaime y Vázquez para sus negocios oscuros y a Ricardo Testuri, quien como funcionario del área de Transporte controló el estado del material rodante que se compró en Europa.

También fue procesado Juan Pablo Schiavi, quien sucedió a Jaime en el cargo en 2009 pero por delitos diferentes: Ercolini no le imputó la coima ni el tráfico de influencias ni las negociaciones incompatibles con la función pública. Por este caso fue citado a indagatoria Julio De Vido, quien como ministro de Planificación federal del kirchnerismo ejercía la autoridad por sobre la Secretaría de Transporte. El juez diferenció a Jaime y Vázquez porque tienen condenas anteriores que están firmes. El resto de los procesados no tiene condena confirmada. Jaime y Schiavi fueron condenados por su responsabilidad en la Tragedia de Once.

El caso

La operación de compras de trenes se pactó en algo más de 200 millones de euros. Se pagaron finalmente cerca de 100 millones. Y hubo coimas comprobadas por 2 millones de euros. Jaime autorizó por nota a que la empresa consultora de su testaferro Vázquez cobrara comisiones por intermediar en una operación entre estados. Algo inusual. En esa carta dirigida a la empresa estatal española que vendió los trenes, Jaime decía que el costo de las comisiones-coimas lo iba a pagar la Argentina.

Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN) en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171% y no se controló lo que adquirieron y buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento y está arrumbado en depósitos ferroviarios. El juez Ercolini destaca en su resolución la colaboración del ex ministro de Transporte del kirchnerismo Florencio Randazzo quien aceleró respuestas y consiguió información importante para el expediente.

Los argumentos

Ercolini describió cómo fue la compra de trenes y por qué se perjudicó al Estado argentino: "Ricardo Jaime, teniendo a su cargo la administración del patrimonio estatal en su carácter de titular de la Secretaría de Transporte de la Nación, suscribió los convenios y contratos internacionales dentro de sus facultades como autoridad de aplicación del Estado argentino, para la adquisición de material rodante, de baja o nula calidad, a precios onerosos, y ordenó los pagos de las facturas generadas en consecuencia, existiendo una diferencia pecuniaria en perjuicio del Estado Nacional.( ...) las unidades adquiridas distaban de ser apropiadas para la modernización de la red de transporte ferroviario; y que el material adquirido por las enormes sumas de dinero pagadas por la administración pública sólo podían tener el destino inevitable que tuvieron, quedar en diferentes depósitos ferroviarios mientras el tiempo transcurría sin más y sin que a su respecto se efectuara reparación alguna. Pero los pagos que se realizaron no fueron en carácter de bienes de descarte, sino que la Secretaría de Transporte abonó –o lo hizo figurar- facturas por sumas exorbitantes que nunca llegaron a posibilitar la proyectada reforma de trenes, y el desapego deliberado en el control de la recepción de las formaciones conduce a afirmar que nunca fue el objetivo posibilitar la mejora del transporte, sino procurar que el dinero saliera del patrimonio nacional, sin llegar a su destino declarado, quedando en manos de los funcionarios que engrosaron su patrimonio como consecuencia".

El juez explicó cómo fue la maniobra del pago de comisiones en la que Jaime puso de intermediaria a la firma Controles y Auditorías Especiales (CAESA): "Respecto del tráfico de influencias, debe mencionarse aquí que se encuentra acreditada la autoría de Manuel Vázquez quien fue la persona que hizo valer indebidamente sus influencias, aprovechando no sólo la relación que lo unía con el secretario de transporte sino también su función dentro de ese área a la que accedió en virtud de la relación que poseía con Jaime, para gestionar de ese modo la intervención de la empresa CAESA en el proceso de adquisición de material rodante y la obtención de beneficios pecuniarios, contando para ello con la participación esencial de SOBA ROJO. En razón de ello, el nombrado ex secretario fue partícipe necesario de la trama delictiva reseñada, ya que posibilitó la participación de su mano derecha en aquellas gestiones innecesarias. También se desprende que en el marco de esta maniobra tanto Jaime como Vázquez se desempeñaron como autores del delito de negociaciones incompatibles, pues realizaron las operaciones y contrataciones de compras de materiales rodantes movilizados por su interés de obtener beneficios mediante las comisiones abonadas a la empresa CAESA, el que era claramente ajeno al recto funcionamiento de la administración pública. En esa tarea los nombrados actuaron como funcionarios públicos. Se aduna a ello que Vázquez tuvo un doble carácter; intervino como asesor de gabinete ad honorem de la Secretaría de Transporte y como síndico y ex presidente de CAESA. Contó para concretar sus fines ilícitos con la colaboración necesaria del presidente de la citada consultora, Ignacio SOBA ROJO, que para el caso cumplió el rol de la persona interpuesta que la figura penal requiere".

Ercolini dijo que CAESA cobró por hacer nada, ya que se probó en el expediente "que esos servicios por los cuales se pagaron grandes sumas de dinero, nunca fueron prestados, al menos aquellos que comprometían una intervención activa y diligente por parte de los empresarios de la consultora. A modo de ejemplo se citan tareas cuyo cumplimiento no fue realizado: inspeccionar los equipos y firmar las fichas técnicas; participar en las entregas y firmar las actas de recepción; supervisión de las pruebas técnicas y firma de su certificado; recepción de la documentación de los equipos; asistencia técnica en la operativa del transporte y embarque como representante del cliente (ST) en España; asistencia técnica en la operativa del transporte y embarque como representante del cliente en ese país; asistencia técnica en las operaciones de movimientos de carga y descarga; entre otras incumplidas".

En la última de las disposiciones que tomó Ercolini en el procesamiento firmado hoy, el juez determinó que el caso sea inmediatamente enviado a juicio oral y público una vez que el procesamiento sea revisado por la Cámara Federal y confirmado. El fiscal que deberá hacer la elevación a juicio es Federico Delgado.

Ercolini transformó la detención de Jaime y Vázquez en prisión preventiva y les dictó un embargo de 100 millones de pesos. Esta vez fue procesado por varios delitos vinculados a la administración de los bienes del Estado. Y también por coimero. Jaime sigue preso. Por algún tiempo más.