Luego de tres horas de debate en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, la oposición logró dictamen de mayoría para declarar la emergencia ocupacional con un proyecto de consenso entre los doce presentados por los distintos bloques. La iniciativa plantea prohibir los despidos hasta el 31 de diciembre de 2017 y que en caso de que suceda, haya doble indemnización para el trabajador.
El dictamen tuvo el apoyo de los bloques del Frente para la Victoria, Federal UNA, el bloque Justicialista y el socialismo. El Frente de Izquierda firmó un despacho propio en el mismo sentido pero se manifestó dispuesto a acompañar el de mayoría en caso de que se necesite el número.
Por su parte, Cambiemos emitió un dictamen de minoría en el cual propone mecanismos de "preservación" del empleo público y privado cuando el índice de desocupación supere para el INDEC el 10%.
El presidente de la comisión de Legislación de Trabajo, Alberto Roberti (Partido Justicialista), reconoció que "tal vez no es el mejor de los proyectos", pero marcó que "no podemos no hacer nada" ante los 100 mil despidos que se contabilizan de diciembre hasta ahora en los sectores público y privado.
El artículo 6to. del proyecto consensuado por la oposición indica que "los trabajadores afectados por despidos o cesantías" desde el 1 de marzo de este año "podrán optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios de tramitación hasta su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción del vínculo".
La diputada Lucila Del Ponti (FPV) pidió que la prohibición de despidos sea retroactiva al menos al 1 de enero de este año, pero luego su compañero de bancada Adrián Grana (FPV) propuso que la
fecha sea el 1 de diciembre de 2015. Empero, en el dictamen de mayoría se mantuvo la retroactividad al 1 de marzo de 2016.
La posición de Cambiemos fue expresada a poco de empezar la reunión por Daniel Lipovetzky (PRO), quien aseguró que a su bloque le preocupa la situación del empleo pero convocó a "debatir en profundidad cuál es el menor instrumento para proteger el empleo". Para ello, propuso convocar a cámaras empresarias y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, entre otros.
Lipovetzky señaló además que la realidad actual no es la de 2001-2002, cuando la desocupación trepó al 20%, recordó que la "emergencia ocupacional" entonces suspendió pero no prohibió los despidos, apuntó que el artículo 14 bis sólo habla de la estabilidad del empleo público y advirtió que el proyecto opositor "puede ser tachado de inconstitucional".
Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) dijo que el debate en profundidad propuesto por el oficialismo suponía la dilación del debate y le enrostró al diputado macrista que "venir a recordar ahora la estabilidad del empleo público es cinismo", tras las cesantías producidas en el Estado en los últimos meses.
En la misma línea, Gabriela Albornoz (UCR- Cambiemos) sostuvo que la emergencia ocupacional dispuesta en 2002 sigue vigente hasta fin de año de 2017 por haber sido prorrogada por decreto el año pasado por el anterior Gobierno.
Desde la oposición se indicó que ese decreto carece de la fuerza de una ley. Por otra parte, la diputada jujeña insistió en trabajar en un "dictamen donde no se afecten principios constitucionales" e intentó descalificar la propuesta opositora por estar guiada -estimó- por "ideología política".
Facundo Moyano (Federal UNA), autor de uno de los proyectos que se tuvieron a la vista para el dictamen de mayoría, recordó que los despidos se arrastraban desde el anterior gobierno y
preguntó al oficialismo: "¿Cuál es el instrumento que propone el Poder Ejecutivo Nacional o el bloque Cambiemos en el espacio legislativo para cambiar la situación?".
El diputado de origen sindical Omar Plaini, quien tiene un monobloque, destacó que "no existen las realidades no queridas, existen políticas" y descalificó los pruritos constitucionales del oficialismo porque "cuando no hay comida, no hay cuestiones legales".
Roberti indicó que enviará una nota a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene también competencia para dictaminar sobre el proyecto, que lo trate "en forma urgente" para que esté cuanto antes en condiciones de llegar al recinto.
En la comisión estuvieron 27 de los 31 diputados que tiene el cuerpo. Entre los ausentes se anotó la catamarqueña Myriam Juárez (Fte. Cívico y Social), que proviene del partido FE que lidera el sindicalista agrario Gerónimo "Momo" Venegas, cercano al Gobierno, y el presidente del bloque Justicialista, Oscar Romero, a su vez gremialista de Smata.
La respuesta del Gobierno
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, rechazó los proyectos parlamentarios al advertir que "no ayudan en este momento a mejorar la empleabilidad de la gente" y propuso buscar "mejores alternativas para generar más empleo".
Luego de la reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el funcionario sostuvo que el Gobierno "está haciendo todos los esfuerzos para sostener el nivel de empleo" y recordó que "en los últimos cuatro años no se generó empleo, ni hemos crecido como economía, y por supuesto que eso se refleja en la negociación paritaria".
"La buena noticia de haber cerrado el capítulo con los holdouts nos da la alternativa de que haya inversiones, y que éstas se traduzcan en empleo. Estamos en un momento de dificultades, de transición hacia un momento que creemos que se será mejor, pero en esa transición hay mucha gente que necesita una mano, y es ahí donde están todos los esfuerzos del Gobierno", consideró.
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