El diario estadounidense The New York Times señaló con nombres y apellidos a dos altos cargos de la Policía de Honduras como responsables del asesinato en 2009 de Arístides González. "Al General Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la Policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid", señaló el periódico, que cita informes de las propias fuerzas de seguridad del país.
Según el periódico, una investigación policial reveló que ambos trabajaban para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos. "Recibieron la orden, organizaron el asesinato, lo ejecutaron y lo encubrieron", señala la información, publicada en inglés y español.
Según el diario neoyorquino, esos policías "hicieron lo mismo con el político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde", asesinado en 2011 y que como González también había sido titular de la dirección de Lucha Contra el Narcotráfico de Honduras.
Además, la información da nombres de otros responsables policiales que supuestamente conocían lo ocurrido y ayudaron a encubrirlo. Entre otros, señala al predecesor de Muñoz Licona y Ramírez del Cid, el director general de la Policía Salomón Escoto Salinas, que según el periódico supo de sus actividades y llegó a prestarles su despacho para organizar el asesinato de González.
En ese encuentro, además de Muñoz Licona -que era director de servicios especiales de la policía- y Ramírez del Cid -entonces director de inteligencia- participaron supuestamente 25 oficiales de todas las escaladas de mando.
Según los informes a los que tuvo acceso The New York Times, "el punto único" en esa cita era planear el asesinato de Julián Arístides González por orden del narcotraficante Winter Blanco.
También asegura que Juan Carlos Bonilla y Ramón Sabillón, que ocuparon posteriormente la dirección de la Policía, vieron documentos que implicaban a sus compañeros en los asesinatos y evitaron tomar medidas o llevar el caso ante la Justicia.
Además, todo esto sucedió mientras el gobierno de los Estados Unidos contribuía con una media de 15 millones de dólares al año provenientes de los contribuyentes estadounidenses a la institución policial, financiaba un proceso de depuración que terminó en fracaso y colaboraba –sin mucho éxito– con la investigación de los asesinatos desde 2015.
El periódico explica que los hechos que describe fueron extraídos de dos informes de la Inspectoría General de la Policía de Honduras redactados en 2009 y 2011 y que incluyen testimonios de testigos, descripciones de videos y registros de llamadas telefónicas. Aquí, NYT detalla parte de los documentos.
Esta información se suma a otra publicada este mes por el diario El Heraldo, que se edita en Tegucigalpa, que ya aseguraba que la cúpula de la Policía Nacional y mandos intermedios había planificado la muerte de zar antidrogas, pero que no ofrecía nombres.
A raíz de las denuncias, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, envió la semana pasada al Parlamento un proyecto de ley para que se declarara una emergencia la depuración de la Policía Nacional.
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