El historial de Ricardo Jaime en los archivos de tribunales es tan voluminoso que algunas causas ya pasan inadvertidas. Una de las investigaciones, que acaso por lejana fue perdiendo atención, volverá a llevarlo a Comodoro Py. Deberá presentarse otra vez para una declaración indagatoria.
La citación la hizo el juez Marcelo Martínez De Giorgi y alcanza también al ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Julio Tito Montaña. Se los convocó para el 18 y 19, pero las defensas podrían pedir una prórroga, advirtieron a Infobae fuentes judiciales.
El caso se remonta a 2003, aunque recién ahora se convoca al ex funcionario, detenido desde el 2 de abril por orden del juez Julián Ercolini. La decisión de Martínez De Giorgi, quien tomó la investigación en 2014, responde a un pedido de la Oficina Anticorrupción. Esa dependencia ya había requerido la indagatoria en tres ocasiones desde que se abrió la causa, que pasó por varios juzgados y no registraba mayores movimientos.
La denuncia sostiene que se entregaron subsidios a empresas ferroviarias, aun cuando un informe interno de la Secretaría de Transporte lo desaconsejaba tras advertir numerosas irregularidades en las condiciones de los servicios. Además, las autoridades habrían ocultado dicho reporte para cambiarlo por uno que daba una versión más edulcorada de las faltas, con el objetivo de legitimar los pagos.
Ocurrió así: como Coordinador de Transporte Ferroviario, Pedro Cóndori notificó en 2003 que las líneas de trenes incumplían con normas de seguridad, higiene y cantidad de servicios, por lo que recomendó no seguir entregando los aportes públicos hasta tanto no se revirtiera la situación. El diagnóstico fue entregado a Montaña, quien asesoró a Jaime suspender los subsidios. Al día siguiente, Montaña se reunió con Cóndori para pedirle "morigerar el tenor del informe y ante su negativa, en la misma fecha fue desafectado de sus funciones", según se desprende de la citación a indagatoria a la que accedió Infobae.
Con el denunciante despedido, la maniobra se completó con la alteración de su análisis. El informe se "suprimió ilegalmente" y se lo sustituyó por otro -con el mismo número de nota- con un contenido distinto: sólo se sugería alentar a las empresas a cumplir con una serie de observaciones.
"Los imputados participaron en la supresión de un documento público, reemplazándola por otro, al que le asignaron el mismo número de identificación pero distinto contenido; así, por medio de esta maniobra, se intentó dar apariencia de legitimidad al pago de subsidios indebidos, que no correspondían ser aplicados", resume el escrito.
De acuerdo con la citación, "este nuevo criterio, constituyó el aval documentario necesario, que permitió a Ricardo R. Jaime, superior jerárquico de Tito Montaña, realizar la erogación, emitiendo órdenes de pago a las concesionarias en falta, aún a sabiendas que no correspondía disponer de los fondos pertenecientes al estado nacional, cuya administración le había sido confiada en razón de su cargo". Y por eso el juez ordenó las indagatorias.
A Jaime se le imputan los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y administración fraudulenta en perjuicio del Estado, además de la sustracción, alteración, ocultamiento de medios de prueba.