Causa Lava Jato: un amigo de Lula quedó en la mira de una nueva investigación

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El empresario José Carlos Bumlai, amigo del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, es uno de los personajes centrales de la nueva fase de la causa "Lava Jato" iniciada el viernes, en la que se investiga el pago de sobornos millonarios.

La Procuraduría General de la República informó este sábado que Bumlai, propietario de grandes haciendas, confesó haber recibido un préstamo "camuflado" del Banco Schahin, de 12 millones de reales (3 millones dólares), monto que fue cedido al oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Según la Procuraduría, parte de ese dinero fue para financiar campañas del partido y otra destinada al dueño del iDiario del Gran ABC/i, Renan Maria Pinto.

Al parecer Pinto cobró 6 millones de reales (1,5 millones dólares) al PT como forma de chantaje para no revelar acuerdos ilegales entre empresas de transporte y el ex alcalde de Santo André, Celso Daniel asesinado en enero de 2002.

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Justicia brasileña vincula la corrupción en Petrobras con el primer gobierno de Lula https://t.co/83f6b9no2v pic.twitter.com/k8ImPIk71B
Infobae América (@InfobaeAmerica) 2 de abril de 2016
El viernes fue detenido a su vez el ex secretario general del PT Silvio Pereira.
José Carlos Bumlai cultiva una vieja amistad con Lula da Silva, con quien solía compartir días de campo en una quinta del interior de San Pablo. De hecho, esa quinta también está en la mira del juez anticorrupción Sergio Moro quien sospecha que esa propiedad fue comprada por Lula a través de testaferros.
Desde noviembre de 2015, Bumlai está preso en el estado sureño de Paraná por su participación en el "Petrolao", por orden del juez Moro.
El juez Sergio Moro ya no investigará a Lula
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aprobó el jueves una medida cautelar que le quita la investigación sobre el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva al magistrado de primera instancia Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras.
Moro fue quien ordenó que Lula fuera llevado por la fuerza a declarar ante la policía y luego divulgó una polémica escucha telefónica entre el ex presidente y su sucesora, Dilma Rousseff, interpretada como una prueba de que su designación para un cargo ministerial buscaba blindarlo –con fueros– de la Justicia.
La decisión se fundamentó, justamente,
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