Empiezan a conocerse algunos detalles del proyecto de ley del arrepentido, que el Gobierno quiere sancionar en el Congreso para investigar penalmente las causas por corrupción. La norma, elaborada por la Oficina Anticorrupción (OA), especifica qué pruebas y testimonios la Justicia tomará en cuenta sin que ello implique impunidad para los autores o cabecillas de las maniobras delictivas.
El texto otorga el beneficio de reducir o eximir penas a quienes brinden "información precisa, comprobable y útil" que permita "evitar la consumación o continuación de un delito; ayudar a esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexos; revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, o la intervención de otras personas; permitir la recuperación de bienes y el producto o provecho del delito; y revelar la estructura jerárquica o división de tareas para la comisión de delitos previstos en esta ley".
Ahora bien, la norma plantea la imposibilidad de "arrepentirse" a los "jefes, fundadores, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones criminales" y aquellos funcionarios implicados en delitos cuya remoción de sus cargos esté sujeta a juicio político, publicó hoy el diario Clarín.
El organismo que conduce Laura Alonso (PRO) elaboró el proyecto considerando los aportes de otras propuestas legislativas que se pusieron a consideración del Congreso y de una mesa convocada por la OA hace dos semanas.
La ley, que cuenta con 18 artículos, pone a disposición de los fiscales el tratamiento de las pruebas o testimonios aportados por el arrepentido. A partir de ellas, deberá comprobar si el material tiene veracidad y, si la información es valiosa para esclarecer un hecho, tendrá la atribución de pedir la reducción o eliminación del castigo penal al juez que esté a cargo de la causa.
div class="embed_cont type_freetext" id="embed91_wrap" rel="freetext">