La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó la nulidad del sobreseimiento del número dos de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica durante las dos gestiones de Cristina Kirchner, Carlos Liuzzi, en la causa en la que se lo investigaba por enriquecimiento ilícito, al tiempo que le pidió al juez federal Luis Rodríguez ser querellante en la causa.
En 2012, Carlos Liuzzi había sido denunciado por haber aumentado su patrimonio 38 veces desde que ingresó a la Casa Rosada en 2003. En diciembre de ese año, el juez Norberto Oyarbide dictó el sobreseimiento del ex subsecretario por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y coimas.
Al inicio de su gestión, Liuzzi contaba con un caudal de 265.000 pesos, distribuidos en una casa y un terreno en Pilar, dos departamentos en la Capital Federal, un tiempo compartido en Bariloche y dos autos. Pero esa moderada riqueza creció aceleradamente, alcanzando los $7.482.000 en 2014, de acuerdo a lo que denunció en su declaración jurada.
Además, las pericias encargadas por el juez Rodríguez pusieron en evidencia la vida lujosa que llevaba el funcionario, en la que se destaca la realización de 106 viajes al exterior en 10 años. Concretó 26 vuelos a Estados Unidos (la mayoría son a Miami por un tratamiento prolongado junto a su mujer), 52 a Uruguay, 10 a Europa, 9 a Brasil, y 3 viajes a Panamá. También hay traslados a México, Sudáfrica, Perú y Chile.
Tras la apelación del fiscal Patricio Evers a la decisión de Oyarbide, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal entendió que el magistrado no había contemplado el estudio sobre el incremento patrimonial injustificado y decidió apartarlo del expediente.
La causa pasó finalmente de manos al Juzgado Federal n° 9 del juez Luis Rodríguez, quien el pasado 15 de febrero sobreseyó otra vez a Liuzzi y a sus familiares más cercanos.
Cuatro días después, se dio aviso a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Esa demora conllevó que ya no existiera posibilidad de apelar el fallo judicial, ya que la notificación fue posterior a que quedara firme el sobreseimiento. Es por este motivo que el Gobierno, a través de la OA, pidió ahora la nulidad del procedimiento.
"Tal como se desprende del derrotero del expediente, esta Oficina Anticorrupción, en su carácter de pretenso querellante, estima que la resolución que dispuso el sobreseimiento de Carlos Emilio Liuzzi es nula de nulidad absoluta, toda vez que fue notificada al organismo del Ministerio Público Fiscal con competencia subsidiaria para mantener la vigencia de la acción penal (la PIA), una vez firme y agotada toda posibilidad de recurso ulterior", se sostiene en el escrito firmado por Laura Alonso, y por la Directora de Investigaciones, Mirna Goransky.
Además, en el escrito se destaca que la notificación tardía a la PIA "fue una parodia del cumplimiento de la ley, al sólo efecto de evitar el cuestionamiento ulterior de lo decidido, apurado también para evitar que esta Oficina pudiera acceder y controlar también lo resuelto".
Los cuestionamientos no terminaron allí. Por su lado, el contador y titular de la ONG Contadores Forenses, Alfredo Popritkin, denunció al juez Rodríguez ante el Consejo de la Magistratura por "arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones", por no haber considerado los dictámenes del perito oficial en el fallo que sobreseyó a Liuzzi.