El caso de Luis Germán Ituarte es quizá el más paradigmático y claro en la historia reciente de la explotación sexual en la Argentina. Empresario, de 45 años de edad, nacido en Necochea pero con operaciones en Mar del Plata como una agencia de autos, Ituarte fue sometido durante 2013 y 2014 a una extensa investigación a cargo del fiscal federal marplatense Pablo Larriera, coadyuvado por su colega Marcelo Colombo, cabeza de la PROTEX, el ala del Ministerio Público que investiga delitos de trata. En noviembre de 2012, siete mujeres oriundas de la ciudad costera llegaron "nerviosas y alteradas", según un informe oficial, al consulado argentino en Madrid. Habían logrado escaparse del Club Mirador, un bar y burdel de luces rojas sobre el Paseo de la Ermita en la zona de Pedrezuela de la capital española. Allí, denunciaron a Ituarte y a otros tres presuntos cómplices, incluida la hermana menor del empresario, Andrea Fabiana. Bajo promesas de mentira y maquinaciones, Ituarte, de acuerdo a su relato, las había llevado al otro lado del mundo para prostiuírlas entre algodones y presuntos lujos a cambio de cifras jugosas en euros. Al llegar, el trato fue decididamente otro.
El 17 de abril del año pasado, Larriera y Colombo cerraron el expediente contra Ituarte y lo elevaron a juicio con un documento de más de cien páginas de prueba. A ambos funcionarios no les tembló el pulso para imputar a como "co-autor del delito de trata de personas para explotación sexual bajo la modalidad de captación y transporte", el artífice mayor de la trama, encargado de financiarla, de participar en la captación de las mujeres, coordinar los preparativos del viaje. Junto a su hermana, por ejemplo, les pagaba los pasaportes, lo que ya creaba una deuda inicial. Hasta les decía qué hacer si Migraciones las descubría. El doctor Juan Manuel Pettigiani, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, sería el encargado de llevar a cabo el proceso. Pero algo en el camino no le cayó bien al fiscal Colombo, que le envió una larga nota a Pettigiani este 29 de febrero, una comunicación al menos enfática entre miembros de la Justicia.
Pettigiani, para esta causa, busca acordar un juicio abreviado. Ituarte se llevaría una pena de seis años bajo prisión domiciliaria, bajo la excusa, de acuerdo con la nota de Colombo, de sufrir varias enfermedades, como diabetes tipo 2 y presión alta, que el jefe de la PROTEX considera que pueden tratarse sin ningún problemas dentro de los muros de una prisión. Los presuntos cómplices de Ituarte, entre ellos su hermana, Andrea Fabiana Ituarte, tienen asignadas penas menores.
Colombo, dice en su misiva, no fue consultado para este acuerdo, que todavía debe ser aprobado por el Tribunal Oral. "No me queda más alternativa que hacerle conocer post facto mi profunda discrepancia con la firma de un acuerdo de estas características", dijo a Pettigiani el titular de la PROTEX. Hubo términos más fuertes: "La cuestión, por supuesto, excede la ya grave decisión de desintegrar en pedazos una actuación coordinada e integrada del Ministerio Público Fiscal, que exhibe hacia afuera una incongruencia de actuación que avergüenza... para que luego otro fiscal, con la autoridad que le da la tinta de su firma, convierta ese trabajo en polvo".
La causa por trata no es el fin de todos los males de Ituarte. También se inició en paralelo una investigación en donde interviene la PROCELAC por lavado de activos para determinara dónde fue todo el presunto obtenido por presuntamente ser un proxeneta internacional, con incautación de bienes y propiedades y extracción de estados bancarios. Se descubrió, por ejemplo, que dirigía la agencia de autos Lyasa S.A en Mar del Plata, como uno de sus dueños con un gran flujo de dinero en concepto de vehículos que no se vieron reflejados en sus presentaciones impositivas.
El punto al que refiere Colombo no es casual. Para Ituarte, el cargo de trata no llegó solo, sino en concurso real con tenencia de armas sin autorización y estupefacientes: allanamientos a domicilios ligados al empresario encontraron pistolas calibre .38, .22, .32 y una decena de pastillas. Las amenazas a las víctimas, que tuvieron que ser custodiadas de vuelta en Mar del Plata, agregan sal a la herida procesal. En el proceso, Ituarte, que estuvo cinco meses prófugo para terminar capturado por la Policía y hasta solicitó su excarcelación ante el juez Santiago Inchausti, le exigió a las mujeres que lo denunciaron que le devuelvan dinero del periplo en Europa.
Las responsabilidades se dividen en el resto de la causa para los otros imputados que enfrentaran al Tribunal Federal, todos ellos con prisión preventiva. Paula María Giménez, alias "La Chola", quien sería pareja de Ituarte, está imputada como partícipe, a cargo de la documentación de las mujeres enviadas a Madrid y trasladarlas desde su domicilio al aeropuerto local. Las acompañó a España y las llevó a comprarse ropa con plata que Ituarte luego les descontaría de sus ganancias en el Club Mirador. A Andrea Ituarte se le imputa prestar su domicilio para que las víctimas se entrevisten con su hermano para así captarlas.
Según sus testimonios, Andrea se encargó de darles el dinero de los pasaportes. También, era la titular de los Nextel que la organización usaba para comunicarse y co-titular de cuentas bancarias, sociedades e inmuebles con su hermano. Gisela Jazmín Sama, otra marplatense parte de la organización, fue según testimonios un nexo inicial con las víctimas. Fue también acusada de amenazar a la madre de dos de las mujeres, que son hermanas, luego de la denuncia en Madrid. "Las chicas tuvieron problemas en España, las boludas se vinieron todas y acá van a tener problemas, el tipo las va a mandar a matar", habría dicho.
Así, se abre con el pedido de juicio abreviado del fiscal Pettigiani un frente de polémica que el TOF de Mar del Plata deberá resolver en los próximos días. Mientras tanto, Luis Ituarte tiene trabajo en una unidad penal. Su información crediticia revela casi un año de aportes al día del Servicio Penitenciario Bonaerense. Por lo pronto, el cuadro probatorio en su contra que recolectaron Larriera y Colombo y condensado en la elevación a juicio a la que accedió Infobae, es, por decirlo de una forma leve, muy poco agradable. Es, en sí, la demostración cabal de la mecánica trasnacional de captar y vender mujeres.
Los perfiles de las presuntas víctimas son distintos entre sí, pero todos marcados por la vulnerabilidad. La mayoría de ellas eran madres solteras, algunas con hijos ya adolescentes y apenas tenían estudios primarios completos. Casi estaban desocupadas al momento de la llegada de Ituarte; una sola tenía trabajo de vendedora en un local. Era, por lo menos, una audiencia cautiva.
La madre de dos de las víctimas, la misma que fue amenazada, relató el comienzo de todo, con una visita de Sama a su casa. "Vino una o dos semanas antes de que se vayan para España a ofrecerles trabajo, que iban a ganar aproximadamente 500 euros por día, la acompañó a sacar el pasaporte... le dijo que el hotel era un lujo, que iban a tener una habitación con dos camas, una computadora para cada una, baño en el interior de la habitación y una caja fuerte".
Una de las mujeres relató a la Fiscalía luego de ser repatriada: "El 25 de octubre de 2012 estaba tomando mate con una amiga de mi hermana que se llama Gisela Sama... me dijo que me consiguió el mejor trabajo para que gane mucha plata, pero que tenía que viajar a España y era en un cabaret... Al principio le había comentado para que me consiga otro trabajo, no en eso". La oferta en concreto fue: "Gisela me dijo que una amiga de ella ya había viajado y se trajo 250 mil pesos en tres meses, que es lo que te dura el pasaporte allá". Aceptó. Rápidamente, se organizó un encuentro con Ituarte, a quien esta mujer conocía como "Luis, el dueño del boliche en España" en el departamento de Andrea Ituarte en la calle Entre Ríos. Allí estaba Paula Giménez con el principal imputado. "El que más hablaba era Luis, no paraba, no te dejaba hablar, y nos contaba que mínimo estando sentada y sin hacer nada te traés 100 euros por día, como 50 u 80 mil pesos en tres meses, pero que 'ustedes van a hacer más por ser argentinas'. Nos dijo que el lugar era hermoso, con habitaciones con hidromasajes".
Hubo más detalles: "Dijo que teníamos que hacer copas que valían 50 euros, 500 euros un champagne y pases de 300 euros la hora y 150 la media hora y él se quedaba con el 50% de todo eso". Fue básicamente el mismo discurso para todas las víctimas. Para el vuelo y el periplo la directiva fue simple: "no conocerse entre sí en el avión y en las filas de Migraciones para no despertar sospechas y que en caso de que se rechazara a una de ellas no se involucrara al resto".
Información migratoria en la causa reveló que Luis Ituarte voló a España desde Ezeiza el 13 de septiembre de 2012, la misma fecha que tres de sus presuntas víctimas. Paula Giménez viajó tres días después. No tuvieron problemas para entrar a España.
Seis de las mujeres aparecieron en la zona madrileña del Molar a las 2:30 de la madrugada el 20 de noviembre, en la puerta del Servicio de Protección Civil. Lo denunciaron todo, entre nervios, afirmaron que trabajaban como prostitutas en el Mirador, que habían llegado a España hace veinte días. En el expediente abierto por la Guardia Civil española, surge que afirmaron que la persona que las trajo "no les dio dinero alguno por su trabajo, dándole el dinero necesario para sus necesidades básicas, continuando con amenazas de no dejarles salir del Club bajo ningún concepto".
Ya en Argentina, el relato continuó: "La primera semana que Luis no estuvo era todo perfecto, llegó él y ahí fue cuando empezó todo el calvario. No podíamos salir, no podíamos nada, era estar esclavizadas ahí adentro y si nos hacíamos nada nos amenazaba. A mí me amenazaba llamando acá a mi mamá, poniéndola nerviosa, diciéndole boludeces".
"Francisco", un joven encargado del Mirador, les marcó la ley: debían pagar 50 euros diarios por la habitación, seis por las sábanas no por día sino por cada cliente. Toda la plata que hicieran sería en un 50 por ciento para Ituarte. Usar el televisor salía 3 euros diarios, si querían el control remoto, otros cinco más. Si un cliente quería que tomen cocaína con él, debían hacerlo. El dinero de los pases no aparecía en sus bolsillos. Simplemente no les pagaban.
"No vimos un peso", aseveró una de ellas. "No tenía libertad para entrar y salir del lugar", dijo otra. "Nos tenían como prisioneras. Desde que llegué nunca salí del lugar hasta que me escapé", surge en otro testimonio. Una se atrevió a salir fue severamente castigada por Ituarte. Otra incluso le dijo que quería salir, que era su cumpleaños. El empresario, según el relato, la encerró en una oficina e intentó golpearla. "No te olvides que tenés dos hijos", le marcó Ituarte: "No te hagás la viva porque yo mando acá y si no van a pagar tus hijos". Otra tuvo que esconder su pasaporte ante los repetidos pedidos del empresario para que lo entregue.
Hay una pieza faltante en el ajedrez del Club Mirador. Al llegar al aeropuerto de Barajas las esperaba "Carlos, que es el socio de Luis", dijo una víctima; "el verdadero dueño del Club", dijo otra.
En abril de 2014, por orden del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Interpol Madrid detuvo a Francisco José Carlos Serrano, ciudadano español. Su detención ya estaba pedida desde febrero, con expreso pedido de extradición. Por lo pronto, Serrano no será parte del juicio contra Ituarte y sus cómplices. Para Larriera y Colombo, Serrano es la otra mitad del problema: el socio necesario en el burdel de Pedrezuela.
El diario ABC de Madrid describió al bar en Pedrezuela como "el templo del sexo pago de la carretera de Burgos". El propio website del lugar destacaba "el ambiente más agradable junto a nuestras chicas" en "la impresionante zona VIP" con suites con jacuzzis, cama redonda y "las chicas más bellas y simpáticas de todo Madrid". Ya en 2008, la Policía española hizo una redada en el lugar y detuvo a varios rumanos que explotaban mujeres del mismo país en el lugar. La llegada de Ituarte significaría un obvio cambio de guardia y de plantel.
En suelo español, Ituarte y Serrano celebraron un "contrato de reconocimiento de pago" para marcar su sociedad. De acuerdo al documento que obtuvieron Larriera y Colombo, Ituarte le compró por 90 mil euros el 25% de Gestión de Ocio Sociedad Limitada, la firma que explotaba legalmente el Mirador. No le había pagado todo el pacto: quedaban 60 mil euros por abonar, para un total de 150 mil en moneda europea. La madre de Ituarte declaró en la causa: fue un joyero amigo de la familia el que los presentó a Serrano.
Pero juzgar al español Serrano no es el único hueco que queda. También hay evidencia de tickets de vuelo comprados por Ituarte y Giménez con rumbo a Paraguay. En uno de los vuelos, con dos de las víctimas marplatenses, viajaron dos mujeres paraguayas que no pudieron entrar a la Unión Europea: las frenó un control migratorio en una escala Frankfurt, Alemania. Para Larriera y Colombo, la hipótesis es clara: estas dos paraguayas serían también víctimas de explotación, nuevas esclavas para el Club Mirador en el Paseo de la Ermita.