La revista TradeWinds, una de las más prestigiosas publicaciones internacionales de la actividad naviera comercial, desnudó en su edición de febrero las coimas que los buques de diversas banderas debieron pagar al recalar en puertos argentinos. En la mira está el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a cargo del veterinario Jorge Dillon, uno de los tantos funcionarios del kirchnerismo que sobrevivió al cambio de gobierno.
Cómo se cobran las coimas
La República Argentina exporta por vía marítima cereales y aceite vegetal para consumo humano, entre otros productos. La total ausencia de una marina mercante de ultramar obliga necesariamente a que estas operaciones de comercio exterior se realicen con buques graneleros o tanqueros de nacionalidad extranjera.
Como parte de esa operación, muchos trámites son realizados de forma previa a que la nave ingrese legalmente a las aguas del país. La tarea se encuentra siempre en manos del "agente marítimo" que no es otra cosa que una agencia local que representa en el país a la empresa propietaria del buque. Luego de las necesarias tramitaciones aduaneras, portuarias, migratorias y sanitarias, la nave obtiene su "giro a muelle" y una vez arribada se encuentra lista para cargar.
"Para probarlo deberíamos tener cámaras ocultas como en 'La Rosadita'", se quejan los navieros
Pero, cuando de productos para consumo alimentario humano o animal se trata, las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se hacen presentes a bordo de las naves para inspeccionar las bodegas o tanques de carga antes de autorizar la carga del producto a exportar.
En esa situación, los inspectores suelen objetar el estado de limpieza general. Sobre todo en los buques dedicados al transporte de cargas líquidas a granel, más conocidos como buques tanqueros o quimiqueros.
Es cada vez más frecuente que las naves más modernas, aptas para transporte de productos químicos o alimentarios, tengan sus tanques revestidos de acero inoxidable. Esto es así en virtud de la facilidad con la que este material permite ser limpiado entre cargas para asegurar la eliminación de todo vestigio del producto transportado con anterioridad.
Pero, en el 90% de los casos, esos buques no superan la inspección del Senasa. Por mucho que los tanques se encuentren brillantes y sin olores residuales, su limpieza es objetada. Incluso aunque sean vueltos a limpiar vuelven a ser cuestionados.
ALGO HUELE MAL...
Con el cambio de gobierno, los navieros se unieron en una campaña contra la corrupción en los puertos argentinos y aquellos inspectores del Senada que siempre sienten un "olor extraño" en sus naves. Ese supuesto mal olor desaparece siempre cuando las autoridades del barco aceptan pagar aportes que irían desde los 3.500 a 14.000 dólares.
Aunque el artículo del prestigioso Eric Stamford en la revista TradeWinds no lo explica, este sobrecosto puede significar el equivalente a dos días de navegación extra. La coima altera sensiblemente la ecuación económica del armador, que invariablemente termina tomando la cifra como un cargo fijo y lo traslada a la tarifa. Se vuelve así una tasa invisible que no hace más que restarle competitividad a los productos argentinos.
Infobae consultó con agentes marítimos y armadores locales, quienes dan crédito a la publicación periodística y aportan detalles que no hacen más que confirmar la misma.
Un reconocido agente marítimo contó a este medio: "No hay ninguna forma que esta situación se pueda solucionar. Si hacemos la denuncia policial o penal solo agravamos la cosa. El sobornado es el capitán del buque, que tiene pocas horas para permanecer en muelle. No podría estar presente ni tan solo cuando se lo cite a ratificar la denuncia".
El Senasa quedó a cargo de Jorge Dillon, un funcionario K que sobrevivió al cambio de gobierno
"Por otra parte, si bien la agencia marítima es su representante, no puede atestiguar por algo que no ocurrió en su presencia. Es un hecho grave que se hace en la soledad de un camarote o en el interior de una bodega. Imposible. Deberíamos tener cámaras ocultas como en 'La Rosadita'", añade.
Pero también acota que tal como dice el artículo en los últimos dos meses las extorsiones han disminuido notoriamente. Aunque todavía no han cesado.
A modo de solución transitoria, un importante empresario naviero local sugiere que las inspecciones sean presenciadas al menos por un representante de la Prefectura Naval. Aunque sea engorroso, su carácter de autoridad marítima podría entorpecer los intentos de extorsión de los agentes sanitarios.
El Senasa se defiende de las acusaciones diciendo que "no se han recibido denuncias de ningún tipo". Los navieros simplemente dicen que no pueden discernir sobre hasta qué nivel llega o llegaba la corrupción en el organismo. "Ningún armador quiere que su buque llegue a puerto y simplemente deba pegar la vuelta con sus bodegas vacías", sentencia el agente marítimo consultado, con más resignación que esperanza.