La Iglesia denunció que hay fondos del Estado que "se desvían con actos corruptos"

A través de un documento titulado "Estuve preso y me viniste a visitar", la Conferencia Episcopal Argentina manifestó su preocupación sobre la realidad carcelaria, y en tal sentido criticó el desvío de fondos estatales "con actos corruptos" y "el encubrimiento de los responsables de graves hechos de corrupción".

"En una sociedad donde lamentablemente se multiplican los hechos delictivos, unidos muchas veces a la violencia y a la muerte, estamos convencidos que la solución oportuna para resolverlos no se alcanza simplemente con penas más duras y más cárceles", inicia el texto, que fue redactado en noviembre pasado pero recién fue divulgado en la 173º reunión de la Comisión Permanente, en ocasión de la Cuaresma 2016.

Además, los obispos afirman que ningún delincuente "pierde su condición de persona, de Hijo de Dios y de miembro de la familia humana", y que "nunca se debe subordinar el respeto de la dignidad de la persona a ninguna otra finalidad como, por ejemplo, la correctiva o la restauradora del daño producido".

En tanto, el informe sostiene que en muchas ocasiones "la alimentación, la vivienda digna, la atención de la salud, la educación, el trabajo, la religiosidad, los vínculos familiares, la recreación y el arte no son garantizados a todos los que están privados de libertad". Por esto, afirman: "Ningún preso debe carecer de estos bienes y de los derechos y garantías constitucionales de todo ciudadano, cualquiera sea su condición social, o la razón de su detención". Y en este sentido, aseguran que "parte de los recursos económicos presupuestados por el Estado para satisfacer esas necesidades básicas, se desvían con actos corruptos y no llegan a los presos".

En el mismo texto, hay un llamamiento a prevenir y erradicar la violencia institucional. "La completa imposibilidad de comunicarse y la falta de contacto con otros seres humanos, provocan sufrimientos físicos y psíquicos muy graves que aumentan la tendencia al suicidio", expresan, por lo que califican como "inadmisible" la existencia de celdas de "aislamiento total", y señalan las dificultades que enfrentan los familiares que quieren visitar a los presos.

Asimismo, el informe hace referencia a "la sobrepoblación que existe hoy en la mayoría de las cárceles". A propósito de esta cuestión, plantean una serie de realidades que "urgen pronto tratamiento". La primera de ellas es la existencia de "presos sin condenas". Sobre este tema, denuncia que el principio de presunción de inocencia "no siempre es tenido en cuenta" y se explica: "Muchas personas son encarceladas por la sospecha más o menos fundada de un delito cometido, y luego por la lentitud de la justicia u otros intereses, como el encubrimiento de los responsables de graves hechos de corrupción, o simplemente porque son pobres, pasan largo tiempo detenidos sin condena".

Además cuestiona la "ausencia de proyectos y programas que reduzcan al mínimo el período de detención" y destaca que hay personas que, por su condición, "se les debería dar un tratamiento penal alternativo fuera de la cárcel". Por último, se refiere a "personas con problema de droga", quienes "necesitan un ambiente distinto a lo que le ofrece la cárcel".