Fue parte de una necesidad histórica: saldar en parte la deuda de la Justicia con las mujeres víctimas de violencia. A fines de junio pasado, el Ministerio Público Fiscal a cargo de Alejandra Gils Carbó creó la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra Mujeres. "Se trata de un fenómeno de extrema gravedad, que trasciende el ámbito doméstico y atraviesa todos los espacios en los que se desenvuelven las mujeres en la sociedad, enquistado en la propia raíz patriarcal que la rige", dijo Gils Carbó en aquel momento. Ocurría bajo una coyuntura específica: la primer marcha del movimiento Ni Una Menos. La fiscal federal Mariela Labozzetta, proveniente de Morón, fue la encargada de encabezar la nueva Unidad. La idea, institucionalmente, fue darle la misma jerarquía que a áreas como la PROCUNAR, dedicada a narcotráfico o la PROCELAC, que investiga delitos de lavado. La violencia de género no solo se volvía una preocupación central: se volvía una política.
Labozzetta afirma en diálogo con Infobae TV que el fin mismo de la UFEM fue "incluír dentro de las líneas de política criminal la violencia contra las mujeres. La procuradora decidió que la violencia contra las mujeres era una de las líneas centrales y que correspondía abordarla con especialidad, con estrategias y con información criminal que antes no se tenía".
Para la fiscal, la llegada del Ni Una Menos, fue un punto de quiebre con resultados positivos. Abrió, básicamente, las puertas del problema: "Creo que fue un movimiento social de alta trascendencia. Se tomó la calle y se instaló una consigna; tuvo un impacto altísimo en el aumento de denuncias", afirma.
"Que hayan aumentado las denuncias es una buena noticia. Quiere decir que las mujeres salen más a denunciar; se deja el paradigma que es un asunto propio de los hogares, que da vergüenza. Atraviesa a toda la sociedad, es estructural, tiene que ver con otras formas de manifestación de la violencia que atraviesa todas las dinámicas sociales. El orígen de la violencia es la desigualdad entre varones y mujeres", analiza Labozzetta.
La función específica de la UFEM no se reduce a violencia de género sino también a las víctimas de agresiones por ataques homofóbicos. "El mismo origen es el odio de género; por la condición de mujer o la orientación sexual", asegura. Así, la Unidad interviene en la investigación contra las bandas neonazi de Mar del Plata y tomó parte en la investigación por la muerte de la activista trans Diana Sacayán, volviéndose, entre otras tareas, un enlace para las organizaciones de militancia activas en el expediente. Fue una causa ejemplar, instruída por el fiscal Matías di Lello con el apoyo de la división Homicidios de la Policía Federal. Se llegó rápidamente a dos sospechosos detenidos, uno de ellos pareja ocasional de Sacayán.
Sin embargo, las nuevas estadísticas no son alentadoras: 600 denuncias diarias por violencia familiar este último enero en la provincia de Buenos Aires, fuera de la jurisdicción de la UFEM pero parte de una realidad nacional, según cifras de la Defensoría del Pueblo bonaerense publicadas por La Nación, un 10% más que en 2015. De enero a octubre de 2015 hubo 233 femicidios registrados en todo el país por la asociación civil La Casa del Encuentro, uno cada 31 horas.
De cara a esta realidad, Labozzetta apunta: "El sistema de Justicia tiene una parte de trabajo en relación con la violencia. Llega cuando el hecho fue cometido, por lo menos el sistema penal que llega para perseguir y sancionar. Lo más que se puede pedir es reducir a cero la impunidad. Que haya femicidios impunes es un mensaje para que los femicidas sigan matando. La medida en que los femicidios se investiguen, y que se castigue a los responsables con la máxima pena impacta en la prevención.
Hay avances, por otra parte, según apunta la fiscal: "Hay mucho progreso para hacer en recibir a las víctimas con la contención que corresponde, acompañarlas en el proceso, darles patrocinio jurídico para víctimas como salió por ley a fin del año pasado, un reclamo viejísimo. También, que los operadores de Justicia reciban a las víctimas con especialidad". Sin embargo, esto está lejos de ser perfecto: "Ocurre todavía defectuosamente, se siguen usando prácticas revictimizantes para las mujeres. Los tests de fabulación que se hacen a las mujeres que van a denunciar un abuso no se lo hacen a alguien que va a denunciar un robo o una estafa.
De los 233 femicidios mencionados, un 12% tenía una denuncia previa de la víctima contra su agresor. ¿Cómo, entonces, puede controlarse al victimario? "Que existan medidas cautelares es una mejor noticia que que no existan. La prohibición de acercamiento es una herramienta más. No es la más eficiente ni la única. No todas las medidas incumplidas terminan en un femicidio. Hay medidas que se cumplen. Hay otras medidas mayores como consignas policiales o la reubicación en refugios del Gobierno, que es la medida la más drástica, infrecuente y para casos de un gran nivel de violencia. Muchas mujeres se van a refugios pero quedan familiares expuestos. El mayor trabajo es al nivel de políticas públicas. No es que el sistema judicial va a resolver la violencia", afirma Labozzetta.