Mauricio Macri no ahorra esfuerzos para diferenciar su gestión de la que la antecedió. Pese al consejo de influyentes asesores, en su visita al Congreso esta semana optó por olvidar el manual que le recomendaba no escarbar en la "herencia" y pasó al ataque. En la Asamblea Legislativa esbozó un compendio de críticas y reproches, y planteó cómo pretende conseguir un giro.
La palabra corrupción se repitió en su discurso. No a modo de denuncia, sino como una forma de marcar distancias. La intención fue garantizar que su gobierno se ocupará de combatirla, lo que por oposición sugiere, de manera solapada pero evidente, que el kirchnerismo no lo hizo. Para eso, el Presidente exhortó a senadores y diputados a legislar para lograr "más control y transparencia".
El pedido de Macri no fue una frase al aire. El Ejecutivo tiene claro qué medidas pretende. Y también qué persigue con ello: es que más allá de tratarse de una decisión doméstica, hay un convencimiento de que el tema tendrá un impacto puertas afuera. Entienden que es un paso clave para su tan mentado objetivo de atraer inversiones.
"De aprobar estas leyes, el Congreso pondría a la Argentina en una situación como la de otros países de la región que han asumido que la transparencia y la lucha contra la corrupción es una política de Estado. Sin estas leyes vamos a seguir siendo calificados muy mal en los estudios internacionales de percepción de corrupción", apuntó a Infobae la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso. La funcionaria explicó que algunos de los proyectos son un requisito para aspirar a ingresar a la OCDE, un organismo internacional que el Gobierno considera la puerta de entrada para recuperar protagonismo en el tablero internacional.
La Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Alonso concentra por estos días la elaboración de esas iniciativas. La mayoría, por supuesto, requiere un trabajo conjunto con otras dependencias, como el Ministerio de Justicia, que debe dar su parecer en cada caso. De momento se les da forma a cinco proyectos.
- Ley del arrepentido
El Gobierno pretende introducir esta figura para los casos de corrupción. Ya utilizada para temas como terrorismo o trata de personas, la herramienta apunta a facilitar a la Justicia los modos de ahondar en investigaciones a partir de información que pueda brindar un involucrado, que a cambio recibe algún tipo de beneficio.
El proyecto está por ahora en fase de análisis. Los encargados de la preparación evalúan las alternativas que se aplican en distintos países.
La sola mención de que la medida está en agenda ya despertó resistencias en algunas filas de la oposición. En la OA confían en que podrán sortear los rechazos "morales" si consiguen explicar la utilidad para lograr un "fin mayor".
- Recupero de activos
La posibilidad de extinguir el dominio de un bien que viene de un ilícito ya existe. Lo que intentará ahora el Ejecutivo es un camino para agilizarlo. ¿Cómo? Buscarán que se pueda recuperar antes de que haya una condena firme.
En principio, la propuesta es que haya una vía judicial al margen del proceso penal. En otros países suele ser la Justicia civil la que lo encara, sólo apuntando contra el bien.
Además de la OA, el proyecto es también examinado en el Ministerio de Seguridad, ya que la intención es aplicarlo también a delitos de crimen organizado.
- Soborno trasnacional
El propósito es ajustar la legislación para establecer instrumentos que no dejen huecos en este tema. Es que la OCDE obliga a tener normas que castiguen de manera efectiva eventuales coimas que traspasen las fronteras.
Para eso se trabaja sobre dos medidas: por un lado hacer que las personas jurídicas tengan responsabilidad en casos de esa naturaleza (en la actualidad sólo se puede multar a personas físicas) y ampliar la jurisdicción de la justicia federal de manera que se pueda juzgar a un funcionario por un delito como ese cometido en el extranjero, independientemente de si reportó o no un efecto local.
- Reforma de la Ley de Ética Pública
La prioridad de Alonso y su equipo es reforzar el régimen de presentación de declaraciones juradas que se volvió más laxo con una reforma instrumentada en 2013. En ese punto, se dará marcha atrás con las disposiciones que quitaron la obligación de informar los bienes de cónyuges.
En la "corrección" se aprovechará para establecer precisiones en cuando al protocolo de obsequios que reciben los funcionarios y también sobre eventuales conflictos de interés que en quienes ocupen cargos públicos.
- Ley de acción de acceso a la información pública
Mencionada por Macri el miércoles en el Congreso, en el PRO la catalogan como una "deuda pendiente" desde antes de ganar las elecciones. Los detalles se trabajan en conjunto entre la OA y el Ministerio del Interior. En líneas generales, buscará regular la publicación de datos de los tres poderes para que los pueda consultar cualquier ciudadano y agilizar el camino de los petitorios.
Las normas se ven complementadas con otros planes que por ahora tienen una forma menos concreta. En ellos se inscriben los análisis para reformar el Código Procesal Penal en distintos aspectos y la idea de dar protección para quienes denuncian casos de corrupción, sin estar involucrados.
El Congreso, con un panorama desafiante
"Va a haber más control y prevención, los jueces van a tener nuevas herramientas y va a mejorar el clima de negocios para traer inversiones. Y finalmente, pero no menos importante, debería aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones", prometió Alonso, quien apuntó que la sensación que por estas horas hay de Brasil a raíz de la citación a Lula por un caso de corrupción es "que las instituciones están respondiendo".
Las iniciativas no tienen un plazo para llegar al Congreso. El objetivo mínimo para este año es que se sancione la ley de acceso a la información, pero las expectativas están en conseguir la aprobación de todas.
El camino no será fácil. El kirchnerismo, que tiene una presencia determinante dentro de las cámaras, ya adelantó sus reparos a algunas de las medidas. "Es un desafío que logremos convencer a sectores resistentes que estas cosas son lo mejor para el país", dijo al respecto Alonso, quien consideró que "es la sociedad la que tiene que generar la presión" para que se traten. "Los partidos tienen que comprender que esta no es una discusión circunstancial o que le conviene a algún gobierno en particular. Le hace bien a la Argentina. Hay que superar los problemas de coordinación que impiden resultados", completó.
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