Los asambleístas que denunciaron penalmente a la canadiense Barrick Gold por el derrame de cianuro en la mina Veladero, de San Juan, pedirán el procesamiento de al menos nueve gerentes de la empresa, luego de que un informe de la Policía Federal confirmara que se contaminaron cinco ríos y que se violó la ley que regula los residuos peligrosos.
Hay dos causas penales abiertas por el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada ocurrido entre el 12 y 13 de septiembre del año pasado, una en San Juan y otra en Buenos Aires. Mientras la Corte Suprema se toma su tiempo para decidir la competencia, las novedades que surgieron en un expediente podrían repercutir en el otro.
El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), le pidió dos informes a la Policía Federal Argentina: uno más bien técnico para medir la presencia de metales pesados en el agua y otro para que determine si se cometió un delito. Las conclusiones del segundo son contundentes. "Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051, por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", determinó. Incluso subrayó que "fue tal el volumen del derrame, que hasta días posteriores se han encontrado vestigios de la misma".
En Jáchal, una de las ciudades más cercanas a Veladero, se hicieron eco del estudio y ya se preparan para pedir, en el otro expediente, el procesamiento de los nueve ejecutivos de Barrick Gold que ya fueron imputados por el juez Pablo Oritja por "contaminación realizada por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo".
"Vamos a solicitar que se acuse, porque dejaron abierta una compuerta que debía estar cerrada, que es por donde se derramó el cianuro", adelantó a Infobae el abogado Diego Seguí, que representa al vecino que radicó la denuncia, Saúl Zeballos.
Lo que todavía están evaluando es si también pedirán que se acuse a dos funcionarios provinciales, el ministro de Minería, Felipe Saavedra, y el titular de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, Carlos Ghiglione, a quienes inicialmente se pidió que se cite a declarar. En la asamblea de vecinos de Jáchal creen que hay muchas explicaciones que deberían dar relativas a los controles, empezando por el grosero desfinanciamiento de la Policía Minera, la posible sobreexplotación de Veladero y las contradicciones entre los análisis oficiales y los independientes, entre otras cosas.
En el otro expediente, que está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, sí hay un funcionario imputado, el ex secretario de Minería nacional Jorge Mayoral, acusado junto al presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, el secretario ambiental provincial, Domingo Tello, y varios directivos de Barrick Gold.
El de la Policía Federal es el primer informe oficial que sugiere que se cometió un delito. Sin embargo, no es el único que concluye que hubo contaminación. El que encendió la alarma fue el de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Lo siguieron un trabajo de la UTN de Mendoza y un reporte de dos organismos que dependen de Naciones Unidas. También un estudio privado encargado por una jubilada advirtió que el agua de la canilla en la localidad de Tamberías es "no potable". Y el más reciente, un análisis de sangre a un niño de cinco años, en el que detectaron la presencia de arsénico en el cuerpo del menor.
La actitud del gobierno de San Juan antes y después del cambio de autoridades del 10 de diciembre fue la desmentida crónica. Incluso el ex mandatario José Luis Gioja amenazó con enjuiciar a los periodistas que divulgaran los resultados brindados por la UNCuyo. Esta vez, el encargado de decir que "la Policía Federal miente" fue el ingeniero Ghiglione, el mismo que junto a Barrick Gold primero negó el derrame, después dijo que fueron 12 mil litros, luego habló de 120 mil litros y finalmente, 10 días más tarde, admitió que fueron más de un millón.
Aquí cabe hacer dos aclaraciones. Primero, que fue la propia Barrick Gold la que en el expediente admitió lo que públicamente negó: que sus propios análisis prueban que hubo daño ambiental. Segundo: luego de que la UNCuyo hallara en el agua potable de la localidad de Mogna niveles de boro, arsénico, cloruros y sulfatos muy por encima de los topes establecidos en la ley de Residuos Peligrosos, el magistrado ordenó que el Gobierno provea agua potable. En otras palabras, fue la Justicia la que consideró que la contaminación estaba probada.
En Jáchal la situación está tensa. La Justicia había ordenado, en el marco de un recurso de amparo, que UNCuyo realice tres tandas de análisis del agua costeados por Barrick Gold. En la segunda tuvo que intervenir el juez para que la minera deposite los 120 mil pesos que había que pagarle al laboratorio universitario. Los estudios confirmaron que el agua en Mogna tiene metales pesados.
Pero el problema escaló con la tercera tanda de análisis. Barrick Gold nunca depositó el dinero y el municipio tuvo que hacerse cargo. Sin embargo, el intendente Miguel Vega, que en la campaña se había comprometido a acercarse a los ambientalistas, se negó sistemáticamente a mostrar los resultados. Tal es así, que el jueves hubo una fuerte protesta en la sede municipal y el viernes, los vecinos realizaron una marcha que al pasar por la casa de Vega, terminó con el hermano del jefe comunal amenazando con un fierro a los asambleístas, entre ellos, dos menores de edad. Todo quedó registrado en una denuncia penal. Pero la respuesta del Gobierno provincial no fue enviar a algún funcionario minero o ambiental, sino al secretario de Seguridad, Gustavo Fariña, que antes de llegar al Estado trabajó para las mineras Gold Corp, Yamana Gold y Barrick Gold.