Este 28 de enero, el Ministerio de Salud de la Nación ordenó suspender la entrega de los kits del Plan Qunita que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner para todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE). La decisión nació a partir de un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que pone en duda la seguridad de las cunas y bolsas de dormir que incluye el programa.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al mando de Zulma Ortiz, fue el primero en comunicar que acatarían el pedido que hizo el Gobierno. Las autoridades nacionales, desde la Subsecretaría de Atención de Primaria de la Salud y la Secretaría de Políticas de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria ordenaron a la ministra que, hasta nuevo aviso, "por motivos de precaución tengan a bien cesar la entrega de las cunas y las bolsas de dormir que integran el kit y de arbitrar los medios necesarios a fin de que los hospitales bajo su dependencia preventivamente tampoco hagan entrega de esos dos items integrantes del kit en caso de que los hubiera recibido".
En el mismo texto se aclara que se ha requerido "una nueva evaluación de los mismos (elementos) a fin de determinar la posibilidad de continuar o discontinuar su distribución".
Según publicó el diario Hoy, el INTI había advertido en noviembre pasado sobre los peligros de las cunas incluidas en el plan oficial, a partir del estudio de seis ejemplares. En todas se detectaron bordes afilados y aristas peligrosas. Además, se detectó que en solo uno de los productos analizados existe una distancia apropiada entre los barrotes (la norma establece entre 45 y 65 mm).
En tanto, todas las cunas estudiadas por el Instituto mostraron una falla en las uniones que sujetan la estructura, ya que se desprendían con un peso inferior a los 9 kilos, que es lo mínimo que deberían soportar. Por último, se señaló que en los kits no figuran las instrucciones de uso ni tampoco se advierte sobre los peligros de asfixia.
El conjunto Qunita había quedado en el ojo de la tormenta en julio de 2015, cuando la legisladora porteña, Graciela Ocaña, presentó una denuncia por sobreprecios y dio comienzo a la investigación judicial, planteando "la posibilidad de que se haya ejecutado algún delito contra el patrimonio del Estado Nacional, y/o contra la Administración Pública, durante el desarrollo de la licitación pública 04/2015 que llevó adelante el Ministerio de Salud de la Nación, destinada a la compra de 'kits para recién nacidos'".
Según Ocaña, ninguna de las empresas que ganaron la licitación está registrada en un rubro vinculado a la fabricación de los materiales que comprende el plan. De hecho, la principal beneficiaria fue Fasano SRL, una inmobiliaria que a partir del contrato otorgado por Ministerio de Salud de la Nación recibió un total de 903 millones de pesos.
El juez federal Claudio Bonadio procesó este martes al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y al ex ministro de Salud Daniel Gollán, por supuestos sobreprecios e irregularidades en el Plan Qunita.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado los procesó por los supuestos delitos de "fraude", "abuso de autoridad" y "violación de deberes de funcionario público".