El gobierno de Mauricio Macri propondrá a Maximiliano Rusconi, abogado penalista y con amplia trayectoria en el Ministerio Público Fiscal, como fiscal General para la Cámara de Casación Penal. La postulación fue firmada hoy en el Ministerio de Justicia de la Nación, desde donde será remitida a la Casa Rosada, informaron a Infobae fuentes oficiales. Del Poder Ejecutivo, el pliego será enviado al Senado Nacional para su tratamiento.
Para proponer a Rusconi, el Poder Ejecutivo relegó al fiscal Alejandro Alagia, penalista que integra Justicia Legítima, la organización judicial fundada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que ha apoyado las reformas judiciales que impulsaba el kirchnerismo.
Rusconi ya fue fiscal de la Procuración General de la Nación y estuvo a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), cargo al que renunció en 2001. De allí se fue a la actividad privada, donde continuó con su actividad docente -tiene cerca de 20 libros publicados- y como abogado actuó en casos resonantes, como el tráfico de armas y Ciccone -en el que está siendo investigado el ex presidente Amado Boudou-. La última intervención de alto perfil de Rusconi fue como letrado de Diego Lagomarsino, empleado informático del fallecido ex fiscal Alberto Nisman.
El concurso para la Fiscalía de Casación fue el número 93 y finalizó en noviembre de 2014, tras un extenso proceso que había iniciado el antecesor de Gils Carbó, Esteban Righi. Tras los exámenes y el análisis de los antecedentes en el que participó como jurista invitado Fernando Díaz Cantón, Rusconi había quedado en primer lugar, muy por delante de Alagia, cercano al ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni. Tras un cambio en el método de selección, finalmente la Procuración elevó al Poder Ejecutivo una terna compuesta por Marcelo Ferrante, Alagia y Rusconi.
Entre esos tres postulantes, el elegido por la administración de Cristina Kirchner fue Alagia, pero en diciembre pasado la administración de Macri retiró del Senado todos los pliegos judiciales que todavía no habían sido tratados para ser revisados.