La reacción instintiva fue encender el motor y huir. Pero a Cristian Alberto Romero Espinoza, de 24 años, y Ricardo Antonio Guaje Camargo, de 30 años, ambos colombianos, no les sirvió demasiado.
El jueves pasado por la mañana, dos hombres a bordo de un Renault 19 aceleraron por la intersección de Brasil y Solís en San Cristóbal al ver un patrullero pasar, lo que levantó sospechas y disparó un seguimiento policial automático. Pocas cuadras después, los dos ocupantes terminaron detenidos luego de resistirse. Dentro del auto había algo más llamativo que dos meros ocupantes.
Al inspeccionarlos, la División Robos y Hurtos de la Policía federal encontró dos pares de guantes, dos lápices cortavidrio con punta de widia, un portabisturí y un cargador de pistola Bersa calibre .22 con diez balas: un equipo básico para robar dentro de vehículos. Romero Espinoza ya tenía un pedido de captura pendiente del Juzgado de Instrucción Nº5, precisamente por robo, un hecho de fines de junio de 2014. Romero y su compañero quedaron detenidos, a disposición de una jueza correccional.
El 24 de enero último, cuatro días antes, personal de la Comisaría Nº39 detuvo a tres individuos que intentaron forzar su entrada a una vivienda en la calle Le Breton, Villa Urquiza. La dueña del lugar los ahuyentó a los gritos y alertó a la Policía, que comenzó un operativo cerrojo. Jenny Garzón Ramírez, de 22 años, Jason Oswaldo Muñoz, de 31 y Fernando Mestre Soto, de 25, todos de origen colombiano, tenían su propio kit. Se hallaron linternas, destornilladores y guantes. Quedaron a disposición también del Juzgado Nº5, a cargo del doctor Manuel de Campos.
Estos dos hechos no ocurren en un vacío, sino que son parte de una lista creciente de expedientes –admiten fuentes tanto policiales como judiciales a Infobae- protagonizados por nativos de Colombia a dos años del auge mediático de diferentes modalidades delictivas como los "pincharruedas" y "apartamenteros" que irrumpían en viviendas con llaves clonadas o ataques en diversas salideras bancarias.
Solían ser casos de ladrones experimentados, con cierta carrera, y todos sumamente efectivos. Los asaltos eran de un nivel de violencia sorprendentemente bajo, un disparo se volvía una rareza. A fines del 2014, fuentes del Ministerio de Seguridad en ese entonces bajo un Sergio Berni endurecido en su discurso a favor de deportar delincuentes, hablaban de 1200 colombianos operando en el país bajo diversas bandas.
El confuso raid sobre la autopista Illia que involucró al fiscal Carlos Stornelli en octubre de ese año fue el pico del tema. Terminó con siete acusados de robo agravado que enfrentaron un juicio abreviado a fines del año pasado, y cinco presuntos cómplices que siguen prófugos. Ramiro Rúa, defensor de cuatro de ellos, representa a varios connacionales en Tribunales. Rúa apunta: "Hay muchos detenidos últimamente, oriundos de Bogotá, jóvenes. Caen por entrar en casas. Y los juzgados cada vez son más rígidos".
Hay técnicas de robo comunes entre colombianos. El lápiz cortavidrios con punta de widia es una constante en las detenciones de la Policía Federal. Es una herramienta al menos sencilla. Cuesta cerca de 250 pesos en cualquier ferretería y permite un corte limpio de cualquier cristal. Una punta de widia, por ejemplo, fue lo que usó un colombiano de 21 años a bordo de una moto Honda Twister el 3 de noviembre pasado para robarle a plena luz del día a la mujer del chef Donato de Santis mientras estaba detenida en un semáforo en rojo con su camioneta Jeep en la esquina de Castaneda y Sucre.
Dos días después de este último hecho, efectivos de la Comisaría Nº53 apresaron a otros dos colombianos mientras intentaban robar con la misma modalidad a través de la luneta trasera de una Ford EcoSport. Uno de ellos huyó en moto para terminar cayendo sobre el asfalto. Tenían casi 32 mil pesos en efectivo, dos pares de guantes, una punta de widia y nueve cheques de distintos bancos. El 2 de diciembre pasado, un policía perseguía a los gritos a un hombre en la esquina de Sarmiento y Libertador. Junto a otros tres cómplices, el hombre, un colombiano de 26 años, había abordado minutos antes a los ocupantes de un Peugeot 308 para robarles, lo que terminó con una mujer de 68 años lesionada. El colombiano terminó detenido. Al ser registrado por personal de la Comisaría Nº23, tenía en su poder una mecha de widia.
Cortar vidrios no es algo nuevo. El periodista Nahuel Gallotta conoce a fondo las tramas internas del delito cometido por colombianos. Su libro La Conexión Bogotá (Ediciones del Empedrado) explora por dentro el mundo de "Los Internacionales", una red de ladrones que se extiende por todo el mundo.
Gallotta corrió el riesgo de compartir con ellos sus bares y billares, sus rituales privados. Hasta tuvo que huir con dos de ellos en una ocasión. Para Gallotta, el corte de vidrios obedece tanto a una tradición como a un cambio de estrategia: "Los ladrones colombianos que roban en otros países son conocidos, por lo general provienen de Bogotá. Viajar a delinquir forma parte de una cultura que nació a fines de la década del 50. Ya en los años 80, 'Los Internacionales' hacían en Estados Unidos lo mismo que hacen ahora en Argentina. Con un largavistas, marcaban a algún joyero y lo seguían. Cuando estacionaba el auto, en plena calle o en un garaje, le rompían el vidrio y se robaban los maletines. Eso, con el tiempo, se fue expandiendo: ciudad donde había convenciones de joyeros, los colombianos estaban ahí, para robar. En Argentina ya no pinchan ruedas porque creen que la mayoría de la gente sabe la estrategia. Por eso ahora están rompiendo vidrios".
La actual realidad, por otra parte, es algo más variada. Muchos de los presuntos ladrones capturados en los últimos tiempos y que fueron procesados en Tribunales no son criminales de carrera: simplemente están impulsados por la necesidad. La esposa de uno de ellos, de 25 años, recientemente detenido en el penal de Marcos Paz por robar en una casa en Los Cardales, relató su historia a Infobae en las escalinatas del palacio de Talcahuano: "Con mi marido entramos de forma legal al país. Vivimos en Once. Por ser colombianos, una pensión allí nos sale el doble de lo normal, los precios a inmigrantes son extorsivos. Mi marido encontró trabajo de mesero en un restaurante, pero no alcanzó. Así que se juntó con otros colombianos y salió a robar".
Hay ataques más elaborados que un simple corte de luneta. El 11 de octubre último por la madrugada, tres hombres ingresaron a cara tapada a un departamento de la calle Juncal al 1300. Forzaron la entrada con ganzúas y maniataron a su única víctima con precintos de plástico para llevarse tablets, un celular y dinero en efectivo. Estaban equipados; tenían hasta linternas y cascos con luces. En su huida, se olvidaron de algo importante: su kit de herramientas para robar, una serie de llaves y barras de hierro en una coqueta cartuchera con estampado de piel de cebra que ilustra esta nota. El caso, bajo la carátula de "hurto calificado", está en el despacho del doctor César Augusto Troncoso, a cargo de Fiscalía de Instrucción Nº5. La víctima declaró que los tres hombres tenían un marcado acento colombiano.
El hecho del 1º de octubre del año pasado, en una causa a cargo del Juzgado Correccional Nº4 a cargo del doctor Francisco Ponte bajo la carátula de "lesiones, exhibición de arma y resistencia a la autoridad", fue algo más accidentado. Dos hombres oriundos de Bogotá, de 46 y 41 años de edad, fueron detectados a bordo de motos en la esquina de Zapiola y Juramento. Comenzaron a escapar ante la voz de alto: le apuntaron con un arma de fuego a los efectivos que los perseguían y luego chocaron, para seguir unos metros a pie. Tenían en su poder un lápiz cortavidrio.
El 1º de septiembre pasado, la calle Vilela al 2000 en Núñez se llenó de patrulleros por un intento de robo a cargo de cuatro individuos, dos hallados a bordo de un Volkswagen Bora y otros dos a pie, todos colombianos, de 37 a 24 años de edad. Quedaron a disposición del doctor Luis Zelaya, Juzgado de Instrucción Nº13.
En Tigre, cuatro hombres fueron detenidos a comienzos de este mes tras una extensa investigación de la DDI local, sospechados de robar en barrios cerrados de la zona luego de tareas de inteligencia que incluyeron pinchaduras de teléfonos.
La patente de un vehículo ligado a la banda, cotejada a través del sistema BUSCADOR, que detecta vehículos robados a sola filmación, fue una pista clave. La forma de operar era, según detectives del caso, un poco más desesperada que lo usual: saltaban el cerco y reducían a los ocupantes de las casas a punta de pistola. Fueron detenidos cuando estaban a punto de cometer un ilícito en un partido vecino con el clásico kit: armas, guantes de látex, ganzúas, pinzas y destornilladores.
Gabriel Iezzi, abogado penalista experto en seguridad ciudadana, analiza las dificultades detrás de la problemática: "Según las estadísticas oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones para 2014 hay en nuestro país más de 87 mil ciudadanos colombianos radicados, con un porcentaje de ilegales que ingresaron por pasos no habilitados, ya que sus antecedentes penales de origen o vía Interpol no los habilitaría para estar en forma regular. No se conoce dato estadístico alguno que nos indique qué cantidad de residentes extranjeros se encuentran en Argentina con expulsión notificada, dato que deberían prontamente establecer para sumar al Registro Público Judicial de personas con pedidos de captura. A la inmensa cantidad de colombianos que ingresaron para trabajar y estudiar se suman entre 1500 y 2000 personas que llegan con sus antecedentes blanqueados por acuerdos de paz con la guerrilla. En la Dirección Nacional de Migraciones, cuando se pedían antecedentes de los mismos, estos no aparecían. Y con una laxa justicia penal en materia de excarcelaciones, penas y condenas, diferentes a las altas y estrictas que ocurren en Colombia, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en una zona de confort delincuencial".
Iezzi enfatiza: "No alcanza con la declaración de emergencia en seguridad para solucionar este grave tema si no hay una conjunción de interés con lo judicial. Se trata también de avanzar en un proyecto de reforma de la ley migratoria que permita la expulsión de los que cometan delitos, con su procesamiento firme".
De vuelta en Tribunales, las palabras de Iezzi, al parecer, encuentran un eco inmediato con la realidad. El abogado Rúa relata lo que promete ser un frente de polémica: "Con el nuevo gobierno, se ven más notificaciones de expulsión del país. Ante la detención de un extranjero, llega la camioneta de Migraciones a la comisaría o al juzgado para entregar los papeles. Antes demoraba más, podía llegar la notificación recién un año después. Ahora es virtualmente automático". Evidentemente, algo cambió.