La cesantía de 600 personas que estaban contratadas en el Centro Cultural Kirchner no sólo puso en discusión el sobredimensionamiento del Estado de la era kirchnerista –donde se multiplicaron los empleados y se dividieron las tareas– sino también expuso prácticas de dudosa transparencia que rigieron las relaciones laborales en el ámbito público durante la gestión de Cristina Kirchner.
Funcionarios macristas, encabezados por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, revelaron que en muchos casos, y específicamente en el Centro Cultural Kirchner, la administración kirchnerista canalizó contratos por medio de universidades, con controles laxos y la ausencia de derechos laborales básicos como vacaciones, aguinaldo o prepaga. Así aparece la Universidad de Tres de Febrero y el vínculo con el desaparecido Ministerio de Planificación Federal.
En la jerga de los ministerios de la era kirchnerista, términos como "programa" llevaron detrás una gran cantidad de dinero público. Durante los últimos años, el programa Igualdad Cultural, gestionado por el ex Ministerio de Planificación, se encargó de contratar artistas afines al gobierno anterior para que ofrecieran shows gratuitos en distintos puntos del país, entre otros aspectos. Con la llegada del Centro Cultural Kirchner, Igualdad Cultural cobró un impulso inusitado: la nueva obra faraónica del oficialismo se convirtió en su principal foco de actividad. "Por acá pasa plata de muchas universidades", reconoce con cierta timidez una voz de peso en la programación artística del CCK. "Hay muchos convenios", admite antes de cortar la comunicación. "Convenio", por otra parte, es otro eufemismo estatal, empleado para reglamentar el flujo de caja de facturas y proyectos entre diversos ministerios y universidades públicas alineadas con el discurso oficialista. Y el convenio de 22 cláusulas suscrito entre el que fuera Ministerio de Planificación y la Universidad Nacional de Tres de Febrero el 30 de diciembre de 2014, con su correspondiente inyección masiva de dinero, fue por lo menos llamativo.
En su acuerdo, según documentos a los que accedió Infobae, el Ministerio y la UNTREF acordaron "realizar tanto tareas de cooperación y asistencia en la programación" del CCK como desarrollar el programa Igualdad Cultural "para la gestión de proyectos de fomento cultural diverso, inclusivo y federal", términos, al menos, imprecisos. El precio total "a percibir por la Universidad en ocasión de las prestaciones convenidas" se estableció en la suma de más de 214 millones de pesos. El pago se había estipulado en tandas: el primer depósito se acordó en más de 41 millones de pesos en concepto de anticipo. Para controlar la ejecución de todo este dinero, apenas se estableció crear "un comité de coordinación y seguimiento de proyectos", integrado por un representante de la UNTREF y otro del ex Ministerio de Planificación. Por esta tarea, se pactó que la UNTREF percibiera en concepto de "gastos administrativos" el 10 por ciento de toda la masa de dinero involucrado: 21,4 millones de pesos.
Otros convenios
No fue el único trato con Planificación. El ex Ministerio realizó una "contratación directa" con la UNTREF, de acuerdo con documentación propia de la ex cartera de Planificación, para que la institución produjera, diseñara y colocara carteles y comunicación gráfica durante un año, con un monto desconocido, que incluía carteles en vía pública y ploteos para vehículos. Tampoco es la única inyección de dinero estatal. El convenio-marco celebrado entre la UNTREF y el Ministerio de Cultura en 2011 –en ese entonces Secretaría– para la "ejecución conjunta de proyectos" devino en una decena de "convenios específicos" que representaron un notable ingreso para la billetera universitaria. El "Convenio Específico N°10" fue generado el 26 de febrero de este año para el proyecto "Ferias del Libro". Por el "diseño y realización" del mismo, en donde la UNTREF acordó proveer "toda su infraestructura funcional y operativa" y brindar a Cultura "la asistencia técnica, artística, organizativa y profesional", se pactaron 19 millones de pesos que el Ministerio transferiría a la UNTREF, que se responsabilizaría de la ejecución de los fondos, con el plazo de un año para hacerlo. Por su trabajo, la universidad se queda con 1,5 millones de pesos, un 5 por ciento del dinero total.
La lista apenas comienza. Para el convenio número 9 por el proyecto "Audiovisual", suscripto un día antes, Cultura y UNTREF acordaron bajo términos similares un presupuesto de 19,8 millones de pesos: 1,5 millón se sumarían a las cuentas de la UNTREF. El proyecto "Festivales Para Todos", número 8 en la lista y con 17 cláusulas, incluyó términos y cifras similares: otros 19,5 millones de pesos y otros 1,5 millones para la Universidad. El convenio N°5, proyecto "Verano", con fecha del 10 de noviembre de 2014: 19,2 millones en total para ser ejecutados de noviembre del año pasado hasta marzo del presente, con otros 1,5 millones para la UNTREF.
En total, el paquete de acuerdos consignado en pocos meses con la cartera de Teresa Parodi se aproxima a los 190 millones de pesos y le representa a la Universidad casi 15 millones de pesos, todo por "gastos administrativos". Una voz que conoce de cerca lo que ocurre en la UNTREF comenta: "Las facturas llegan a la Universidad a nombre de la UNTREF misma. Lo que se hace es pagarlas. No se subejecuta ningún presupuesto, todo se gasta y la Universidad se queda con lo pactado, que iría a cuentas en dos bancos privados". Lo que sigue es más inquietante: "Se ven nombres repetidos, grandes beneficiados que llegan de varios ministerios. Hay personal del CCK mismo controlando sus cuentas en la Universidad. Una calesita que contrató Desarrollo Social se pagó con la factura de una empresa de catering. No es claro lo que pasa."
La ley permitió esto, o al menos, lo habilitó un decreto firmado por Cristina Kirchner: el 893/12, que reglamenta el régimen de contrataciones para la administración nacional. Su artículo número 145 establece el "trámite de la adjudicación simple con universidades nacionales" y la necesidad de formar un convenio, estableciendo a la universidad como "co-contratante". Se vincula directamente con una modificación del decreto 1023/01 que permite la modalidad de "contratación directa" para los convenios con universidades, es decir, sin licitación, lo que abre la puerta a favorecer amigos y partidarios.
Un esquema de financiamiento polémico
Así, el Estado y sus universidades conformaron un esquema de financiamiento manejado de forma discrecional que se volvió una de las mayores incógnitas con respecto al manejo de los fondos públicos en el fin de ciclo kirchnerista. La falta de transparencia en el manejo se volvió evidente. No sólo se trata de la UNTREF, ni del último año. Hubo cuestionamientos, por ejemplo, a la Universidad Nacional de San Martín. La Auditoría General de la Nación (AGN), había advertido en 2010 –según un artículo del diario La Nación– sobre el "IBOPE kirchnerista", un sistema de medición de rating a cargo del Estado, con un aporte del Ministerio de Educación de 46 millones de pesos. La entonces diputada Norma Morandini había elevado un pedido de informe al respecto que fue rechazado.u/u
Mientras tanto, la UNTREF creció con una caja por fuera de lo que le corresponde por el Presupuesto Nacional: 238 millones de pesos según el reparto de 2015 para más de 12 mil alumnos, lo que equivale a un costo de 2 mil dólares por alumno según el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano. El rector de la UNTREF, el sociólogo Aníbal Jozami, se abotona el saco para lo que será uno de los mayores logros en su vida como coleccionista y cultor del arte: su designación como director de la futura Bienal Unasur de Arte Contemporáneo, que se planea para el 2017 en el CCK. Y a 20 años de su creación por la ley nacional 24.495, la UNTREF acumula carreras de grado y posgrados, dos museos, el control del teatro Margarita Xirgu, una editorial, un equipo de vóley, UN3TV –un canal de TV web con contenido propio y figuras como Martín Piroyansky–, fuerte presencia con un museo Tecnópolis y una gestión cultural que incluye encuentros con nombres globales como Gilles Lipovetsky. Desde afuera, se ve pujante, moderna, con un edificio que sería la envidia de muchas dependencias de la UBA. Pero los conflictos son fáciles de ver.
En un comunicado online, los candidatos del Partido Obrero para las últimas elecciones al Centro de Estudiantes –que ganó por amplia mayoría Unidos y Organizados– denunciaron en septiembre del año pasado que "proliferan los 'recursos propios' que duplican al presupuesto financiado por el Estado, el control político lo ejerce el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, quien digita los puestos clave en la universidad" y que "el local de apuntes y el bar están privatizados, mientras existe una amplia precarización laboral de docentes y estudiantes mediante pasantías flexibilizadas en Tecnópolis y el Museo de la UNTREF".
Lo que sucede en las oficinas contables es otra cosa. Una voz que conoce de cerca la situación asegura: "Hace semanas que todos los ministerios están apurando para que se resuelvan los convenios. Todos quieren liquidar lo que les queda". El fin del kirchnerismo fue un signo obvio; el fin de Hugo Curto como intendente en Tres de Febrero a manos del candidato de Cambiemos, Diego Valenzuela, también se hizo sentir. Miembros del entorno de Valenzuela, por su parte, aseguran que el nuevo intendente desconoce la existencia de la caja paralela creada por los convenios ministeriales. Jozami, por lo pronto, es el responsable de la puerta para afuera. Hay dos nombres que suenan como supervisores directos del esquema de convenios y gastos administrativos: el secretario financiero Pablo Belardinelli y el vicerrector Martín Kaufmann. Cada convenio con el detalle de cifras es manejado por la Unidad Ejecutora de Proyectos de la UNTREF; la notificación correspondiente llega al escritorio de Kaufmann mismo.
u"Nosotros, hoy en día, vivimos de los convenios"/u
"No quiero que haya malentendidos; no estamos haciendo nada fuera de la ley", asevera Kaufmann a Infobae: "El organismo firma un convenio de asistencia técnica en el cual figura que la Universidad le va a pagar honorarios a la gente. No es que a la Universidad se le manda las facturas y paga".
–¿Qué se hace con el dinero?u/u
–Hacemos muchas cosas con ese dinero y con otros convenios que tenemos firmados. Van desde pagar alumnos de la Universidad que tenemos en el exterior a través de convenios que tenemos con otras universidades de América Latina, hasta la administración de los museos en Tecnópolis, el MUNTREF e Inmigrantes... Está todo dentro de nuestro presupuesto y se gasta en las actividades que hacemos. No hay nada extraño. Es plata que entra a la Universidad y se incorpora al presupuesto. Todas las universidades tienen ingresos extra. Las maestrías que cobramos también son ingresos extra, tenemos unas veinte maestrías y especializaciones. No hay nada por afuera.
–¿No alcanza lo otorgado por el Presupuesto Nacional?
–No, para nada. Nosotros vivimos hoy en día de los convenios.
–¿Cuánto queda en total por "gasto administrativo"?
–Entre 60 y 80 millones.
Kaufmann no fue ajeno a hacer campaña en el reparto del mapa electoral este año. En marzo último, Diego Bossio, cabeza de ANSES, y alineado al sciolismo y lejos del cristinismo duro, apareció en la UNTREF junto a Kaufmann y el entonces intendente Hugo Curto, entre otros. Bossio presentó su libro Bases para el Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, aunque el evento no fue un ágape literario, sino un obvio espaldarazo a su postulación para gobernador. Estuvo también la directora del plan Conectar Igualdad, Silvina Gvirtz. Pero los vínculos entre la UNTREF y el programa de netbooks que el kirchnerismo usó como bandera de sus políticas sociales son más profundos que una mera presentación. Hay, según fuentes en ANSES, más de cien empleados de Conectar Igualdad y de otros sectores del organismo que están bajo la modalidad de "convenio" con la Universidad: esto no es más que un simple pase de factura, sin aguinaldo ni vacaciones. Kaufmann responde: "De eso no tengo idea. No te digo que no sea, pero no lo sé. Tenemos convenios de asistencia con diferentes organismos que ratifican que la gente trabajó y nosotros lo pagamos".
Entonces, ¿quién vigila este esquema? Kaufmann es escueto ante esta pregunta: "Los mismos que controlan nuestro presupuesto". Pero los decretos que fundamentan la trama de convenios ministeriales no hablan de auditorías externas. Infobae pidió información a la Auditoría General de la Nación. "Se auditan dos universidades públicas por año", afirmó una fuente. Pero, para la Universidad dirigida por Jozami y Kaufmann, una visita de control está largamente adeudada: el último estudio integral realizado por la AGN fue sobre el presupuesto 2005 "y de su ejecución, a fin de determinar la existencia de desvíos", apuntó el informe posterior.
Para ese entonces, las cuentas de la Universidad marcaban más de 10 millones de pesos del Tesoro Nacional y más de 2 millones en "recursos propios" en su balance interno. Las "contrataciones" se volvieron un foco de atención. "La oficina de contrataciones de esta casa de altos estudios utiliza el término mal denominado 'concurso de precios', por contratación directa, que no tiene ninguna similitud con el concurso privado o público" de los Decretos Nº 436/00 y Nº 1023/01, respectivamente", dice el texto de la AGN, que acusó faltas de "difusión de la convocatoria en el sitio de internet", "orden de compra o contrato de los servicios adjudicados", un caso de factura emitida con un cobro de anticipo anterior a la adjudicación de la contratación, entre otros puntos dudosos que llevaron a la AGN a señalar la existencia de "incumplimientos en el régimen de contratos".
Sin embargo, evaluaciones a otros entes del Estado casi diez años después revelaron conexiones sorprendentes que terminaron en los tribunales de Comodoro Py. La AGN envió el 8 de junio de 2013 una "carta de recomendación sobre aspectos de control interno" al médico Juan José Mussi, ex Secretario de Ambiente kirchnerista, del cual dependía ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Fue tras una auditoría de sus estados contables de 2012: llamó particularmente la atención el convenio firmado entre ACUMAR y la UNTREF en 2012 para crear y mantener el stand de ACUMAR en Tecnópolis, con aplicación de tecnologías y personal. El monto del convenio ascendía a casi 21 millones de pesos, con un 50 por ciento del monto a pagar a diez días de la firma del convenio.
El análisis de un cuadro presupuestario arrojó diversas "debilidades de control", con "gastos administrativos" por casi un millón de pesos, la falta de rendiciones por parte de la UNTREF y, directamente, una "inexistencia de cláusula de rendición de cuentas de los servicios contratados por la UNTREF", bajo un esquema general que se instrumentó "a través de convenio y no de licitación pública, atento a la envergadura de los montos de contratación".