La caída de Brasil: el desastre amenaza a la mayor economía de Latinoamérica

La publicación británica The Economist elaboró, para su primer editorial de 2016, una revisión de la crisis económica y política en Brasil. La reciente salida del ministro de Hacienda, la creciente deuda pública y las antiguas leyes laborales son algunas de las cuestiones que utilizó el medio para defender la necesidad de una reforma brusca por parte del gobierno de Dilma Rousseff.

Este es el artículo completo, que saldrá impreso el próximo 2 de enero:

Al iniciar 2016, Brasil debería estar con un ánimo exuberante. Río de Janeiro será sede de los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica en agosto, dando a los brasileños la oportunidad de embarcarse en lo que mejor saben hacer: una fiesta realmente espectacular. En lugar de ello, Brasil se enfrenta a un desastre político y económico.

El 16 de diciembre, Fitch se convirtió en la segunda de las tres grandes agencias de calificación crediticia en rebajar la deuda de Brasil a la categoría basura. Días después, Joaquim Levy, el ministro de Hacienda designado por la presidente Dilma Rousseff para estabilizar las finanzas públicas, renunció tras menos de un año en el puesto. Se prevé que la economía de Brasil se contraiga entre un 2,5% a un 3% en 2016, no mucho menos de lo que lo hizo en 2015. Al mismo tiempo, la coalición gobernante de Brasil está desacreditada por el colosal escándalo de sobornos que rodea a Petrobras, la petrolera estatal. Y Rousseff, acusada de ocultar la magnitud del déficit presupuestario, se enfrenta a un juicio político.

Como la B del bloque BRICS, Brasil se supone que debe estar a la vanguardia de las economías emergentes. En su lugar, se enfrenta a la disfunción política y tal vez un regreso a una inflación galopante. Sólo decisiones difíciles pueden poner a Brasil de nuevo en marcha. Pero justo ahora Rousseff no parece tener el estómago para ellas.

El sufrimiento de Brasil, como el de otras economías emergentes, se debe en parte a la caída de los precios mundiales de las materias primas. Pero Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT) han hecho una mala situación mucho peor. Durante su primer mandato, entre 2011 y 2014, gastó dinero imprudentemente en altas pensiones y deducciones fiscales improductivas para industrias favorecidas. El déficit fiscal aumentó del 2% del PIB en 2010 al 10% en 2015.

Los analistas de crisis de Brasil no tienen el lujo de esperar a tiempos mejores para comenzar la reforma. La deuda pública es preocupantemente grande para un país de ingresos medios. El Banco Central no puede utilizar simplemente la política monetaria para combatir la inflación, ubicada actualmente en el 10,5%, ya que tasas más altas ponen en riesgo de desestabilización las finanzas públicas. Por lo tanto, Brasil no tiene más remedio que subir los impuestos y recortar el gasto.

Levy hizo un intento de renovar el edificio, mientras se apagaba el fuego. Recortó discretamente el gasto en un récord de 70 millones de reales (USD 18 mil millones) en 2015 para el seguro de desempleo. Pero no fue suficiente. La recesión arrastró ingresos fiscales. Rousseff dio poco apoyo a su ministro de Finanzas y el PT era hostil con él. La oposición, en su intención de derrocar a la presidente, no estaba de humor para cooperar.

A pesar de que era un funcionario de alto nivel de tesorería durante el desastroso primer mandato de Rousseff, Nelson Barbosa puede ser capaz de lograr más como ministro de Hacienda. Él tiene el apoyo político dentro del PT. También tiene el poder de negociación, ya que Rousseff no puede permitirse el lujo de perder a otro ministro de Finanzas. Una primera prueba será si Barbosa persuade a un Congreso recalcitrante de restablecer un impopular impuesto a las transacciones financieras.

Un objetivo central deben ser las pensiones. La prestación mínima es igual al salario mínimo, lo que ha aumentado en casi un 90% en términos reales durante la última década. Las mujeres por lo general se retiran cuando tienen 50 años y los hombres dejan de trabajar a los 55, casi una década antes que la media de la OCDE (club de países ricos). El gobierno de Brasil paga casi el 12% del PIB a los pensionistas.

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Si Brasil se compromete a cumplir su promesa, necesita mucho más. Una empresa típica de fabricación gasta 2.600 horas al año cumpliendo con el código de impuestos del país; el promedio latinoamericano es de 356. Las leyes laborales inspiradas en las de Mussolini hacen que sea costoso para las empresas despedir a los empleados incluso incompetentes. Brasil ha protegido a sus empresas de la competencia internacional. Esa es una razón por la cual, entre 41 países cuyo desempeño fue medido por la OCDE, su productividad de fabricación es la cuarta más baja.

Para reformar el trabajo y las pensiones, Rousseff debe hacer frente a los problemas que han estado durante décadas en la fabricación. Alrededor del 90% del gasto público está protegido contra los recortes, en parte por la Constitución de 1988, que se creó al fin del régimen militar para consagrar generosos beneficios de protección del empleo y del estado. Durante mucho tiempo agotando la vitalidad económica, el estado autoritario de Brasil es ahora una causa principal de la crisis fiscal.

Superar este tipo de prácticas arraigadas es difícil para cualquier gobierno. En Brasil se hace todo más difícil por un sistema político tonto, que favorece la fragmentación partidaria y la compra de votos y atrae a mercenarios políticos que tienen poco compromiso ya sea con el partido o con el programa. El umbral de un partido para entrar en la Cámara baja del Congreso es pequeño; hoy 28 agrupaciones están representadas, lo que ayuda a la parálisis legislativa. Los congresistas representan estados enteros, algunos tan poblados como los países vecinos de América Latina, lo que hace campañas extremadamente caras; una de las razones por las que políticos extrajeron enormes cantidades de dinero de Petrobras.

Por lo tanto es difícil, pese a las ventajas del señor Barbosa, sentirse optimista sobre las perspectivas de una reforma profunda. Los votantes tienen desconfianza. La oposición se empeña en un juicio político contra Rousseff, una batalla equivocada que podría dominar la agenda política durante meses. El PT no tiene apetito por la austeridad. Y lograr el apoyo de tres quintos en ambas Cámaras del Congreso para las reformas constitucionales será una tarea difícil.

¿Y si Rousseff no provoca el cambio? La mayoría de los préstamos de Brasil son en moneda local, lo que hace poco probable el default. En lugar de ello, el país puede llegar a inflar sus deudas. El logro de Brasil ha sido sacar a decenas de millones de personas de la pobreza. La recesión detendrá eso o, incluso, comenzará a revertirlo. La esperanza es que Brasil, que ganó duramente la estabilidad económica y democrática, no se extinga una vez más en la mala administración.