La trampa de Nicolás Maduro para anular a la Asamblea Nacional controlada por la oposición

"Es una subversión pacífica contra las pretensiones burguesas de los nuevos diputados de la derecha venezolana". Con esa claridad casi pornográfica definió Diosdado Cabello, presidente de la actual Asamblea Nacional (AN), la decisión de crear un Parlamento Nacional Comunal (PNC). La idea es otorgarle, de hecho, funciones superpuestas a las de la AN, que desde el 5 de enero tendrá una mayoría opositora de dos tercios.

El pasado martes 22 de diciembre sesionó por primera vez este Congreso inventado, que se conformó a las apuradas después de la catastrófica derrota del oficialismo en los comicios del 6 de diciembre. Para hacer todo más grotesco, lo hicieron reunirse en el recinto de la AN. "Debemos hacer leyes para el futuro de la patria", afirmó Eduardo Loyo, parlamentario comunal del estado de Yaracuy.

Si muchos opositores y analistas están calificando de golpe de Estado esta iniciativa es porque la Constitución Bolivariana de Hugo Chávez, sancionada en 1999, le otorga a la AN la potestad exclusiva de sancionar leyes.

"En diciembre de 2010, la entonces saliente AN, integrada casi en 100% por diputados oficialistas, aprobó varias leyes orgánicas que, en contra de la voluntad de los electores, establecieron el Poder Popular y el Estado Comunal a nivel Legislativo, en violación de la Constitución. El PSUV invoca, manipulando, el artículo 4 de la Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo, para afirmar que el Poder Popular sí tiene base constitucional, lo que es mentira", explicó Luis Herrera, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la asociación civil Un Estado de Derecho, consultado por Infobae.

"La Constitución de 1999 no contempla ni el Poder Popular, ni el Estado Comunal, y por tanto, ninguna de las instancias de ese Estado, entre ellas, las Comunas y el Parlamento Comunal. Tienen su base en el proyecto de reforma constitucional que Chávez sometió a referéndum en 2007 y que fue rechazado por la mayoría del electorado", agregó.

"La Constitución de 1999 no contempla ni el Poder Popular, ni el Estado Comunal"

Más allá del intento forzado por buscar en la Carta Magna una justificación para el PCN, el principal sustento para su implementación es la Ley Orgánica de Comunas, aprobada el 21 de diciembre de 2010. La norma, que nunca había sido reglamentada, establece la figura del Parlamento Comunal como instancia legislativa de cada una de las comunas, que son entidades locales. Es algo muy distinto de lo que está planteando ahora el Gobierno.

"No establece un Parlamento Comunal Nacional ni mucho menos —dijo Herrera—, sino que en cada comuna se creará un parlamento. Es decir, que ese artículo no sirve ni siquiera como base legal para crear el PCN. Y aunque sirviera, seguiría siendo inconstitucional y antidemocrático, ya que sus integrantes no se eligen mediante elecciones con sufragio directo, secreto y universal. Por tanto, se trata de un acto de fuerza del PSUV".

En su artículo 21, la ley de comunas dice que "el Parlamento Comunal es la máxima instancia del autogobierno en la Comuna, y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria, coadyuvar con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos, así como en actos de gobierno sobre los aspectos de planificación, coordinación y ejecución de planes y proyectos en el ámbito de la Comuna".

El texto no deja lugar a dudas: el parlamento dicta normativas, no leyes, y su alcance es "el ámbito de la Comuna", no el país.

el parlamento dicta normativas, no leyes, y su alcance es "el ámbito de la Comuna", no el país

"Nuestro poder público está organizado en la trilogía clásica de legislativo, ejecutivo y judicial, y dos ramas más que inventamos, que son el poder ciudadano y el electoral. El legislativo es asumido en Venezuela por órganos diferentes para la federación, los estados federados y los municipios, que dictan, respectivamente, leyes para todo el país, leyes estaduales y leyes locales", dijo a Infobae el abogado Carlos Luis Carrillo Artiles, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Disciplinario.

"Los parlamentos comunales que establece el artículo 21 fueron activados recién ahora, tras cinco años de sancionada la norma, y después de perder las elecciones. Es evidentemente una burla, un fraude a la voluntad popular. Los diputados de la AN son los que representan a toda la población venezolana", agregó.

El PCN no sólo carece de base legal y constitucional. Sus fundamentos son tan débiles que ni siquiera se puede decir que representa la voluntad popular: tiene sólo cinco miembros (llamados "voceros" en la ley) y ninguno es elegido directamente por los ciudadanos. Uno lo designa el "consejo comunal", tres las "organizaciones socio-productivas", y el restante, el Banco de la Comuna. Tienen un mandato de tres años y sólo se reúnen una vez por mes.

Pero hay algo todavía más grave. "Las comunas de las que habla la ley —dijo Carrillo Artiles— son artificiales, no tienen sustento en la vida real. Están controladas por consejos comunales, que para que existan hay que registrarlos en un ministerio. Dice que son entidades locales, pero no se corresponden a un territorio ni a una realidad. En un mismo mismo edificio podría haber dos comunas. Es una verdadera forma de manipulación de la sociedad, disimulada como un mecanismo de una participación directa".

"Las comunas no se corresponden a un territorio ni a una realidad"

"Hasta nuestros días —continuó—, el municipio sigue siendo la instancia mínima local consagrada en la Constitución. Entonces, estas estructuras, como comunas y federaciones comunales, no tienen identidad ni efectividad en la práctica, son creaciones legislativas para hablar de socialismo".

Para que quede claro: no sólo eran inexistentes hasta el momento los parlamentos comunales, tampoco estaban creadas las comunas. Es más, la ley que las estableció ni siquiera especifica qué son, cuántas hay en el país, cuáles son sus límites y su ubicación geográfica. Son una entelequia.

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El mayor interrogante que se abre a partir del 5 de enero, cuando asuma la nueva AN de mayoría opositora, es cómo será la relación con el PCN. ¿Qué pasará si aprueban leyes contrapuestas sobre el mismo tema? ¿Cuál primará?

"Hay mucha inquietud en Venezuela para el día de la asunción de la AN, porque hay muchas advertencias televisivas de los que perdieron. Hay que ver qué pasa. Pareciera que se van a producir roces, aunque puede ser todo parte de un bluff. La institucionalidad tiene que ser defendida por las Fuerzas Armadas, que deben hacer respetar la Constitución", respondió Carrillo Artiles.

Para Herrera no debería haber conflicto alguno. "Todo acto, acuerdo, decisión u orden que emita el PCN carece de validez jurídica, es decir, no son obligatorios, vinculantes o mandantes para ningún ciudadano o autoridad. Si intenta actuar en lugar de la AN incurrirán los individuos que lo integran en usurpación de autoridad y en responsabilidades personales civiles y penales. Igualmente lo harán quienes los obedezcan y ejecuten sus decisiones", dijo.

"Todo acto, acuerdo, decisión u orden que emita el PCN carece de validez jurídica"

"Por tanto —continuó—, está descartado un conflicto de poderes entre la AN y ese PCN, ya que ni es Poder ni es autoridad. El único conflicto que sí está previsto es con el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso, ante las designaciones inconstitucionales hechas el 22 de diciembre, y las de diciembre de 2014, lo que corresponde es revocar por nulidad absoluta todas esas designaciones y nombrar a nuevos magistrados, independientes del PSUV y de la MUD, es decir, de todos los partidos políticos".

En cualquier caso, la mayoría calificada de dos tercios le otorgaría a la oposición la potestad de terminar con cualquier puja de poderes que pueda surgir, ya que el PCN fue creado por una ley. "La AN podría derogarla y acabar con el parlamento comunal. En términos jurídicos, es perfectamente probable que eso ocurra", concluyó Carrillo Artiles.