La mayoría parlamentaria chavista de la Asamblea Nacional (AN, unicameral) designó el miércoles y juramentó a 13 magistrados principales y 21 suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela con el voto salvado de la oposición, que prometió destituirlos al asumir el control del Parlamento.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró que la mayoría parlamentaria opositora electa en los pasados comicios legislativos revertirá este proceso de designación de nuevos magistrados, un procedimiento que calificó de "inconstitucional", "antiético" e "inmoral".
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"Estamos aquí 55 diputados, nosotros vamos a seguir defendiendo contra todo trance, esta constitución y la ley", subrayó Cabello.
El clima de tensión entre chavismo y oposición se ha reavivado tras la designación de los nuevos magistrados del Supremo a pocos días de que el oficialismo pierda el control del Parlamento, en el que han sido mayoría desde hace 15 años.
Cabello advirtió que la "confrontación" entre los dos bandos es "inevitable".
"Son dos modelos (...) se van a confrontar, no hay ninguna duda, ninguna duda, va a llegar el momento de la confrontación porque van a ser mutuamente excluyentes, por eso hoy está Asamblea Nacional, gracias a los diputados revolucionarios cumplimos con nuestra tarea", dijo.
El diputado chavista Elvis Amoroso, que hizo la propuesta de designación de magistrados, pidió al pueblo venezolano sentir que "está muy bien representado por estos juristas" que fueron designados tras reiterar que el procedimiento se hizo acorde con las leyes.
"Son juristas de una alta calidad profesional y una gran honorabilidad, hemos cumplido con esta propuesta, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con su normativa legal y sobre todo con la patria de Bolívar y también con la patria de Hugo Chávez", aseguró.
Por su parte, el diputado opositor William Dávila pidió a los designados que "no se conviertan" en "jueces del terror" porque están siendo designados "mediante un acto nulo porque ni siquiera el procedimiento lo han seguido".
"Cuando se instale la nueva Asamblea de mayoría opositora, comenzará una luz diferente y una esperanza distinta para Venezuela"
Dávila reiteró que la bancada opositora no asistiría al acto para juramentar a los magistrados y señaló que el próximo 5 de enero cuando se instale la nueva Asamblea de mayoría opositora "comenzará una luz diferente y una esperanza distinta para Venezuela".
Más temprano el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, sostuvo que los legisladores de su formación podrán aplicar distintos mecanismos para revertir este proceso.
Torrealba explicó en su programa radial a través de la emisora privada RCR, que la nueva Asamblea Nacional, una vez instalada, podría declarar "írritas" (nulas) las acciones que conllevan a este proceso y revertirlo, o también promover la destitución de estos jueces por haber sido designados sin que se respetaran los lapsos.
"Podría ocurrir también que sencillamente se produzca una reforma de la Ley del TSJ, se amplíe el número de magistrados y esta mayoría sea prácticamente licuada en una nueva correlación de fuerzas", apuntó.
"Todo eso puede ocurrir y todo eso va a ocurrir", sentenció.
Además, aseguró que "el 96 % de los delitos en Venezuela queda impune" y que "el sistema de administración de justicia está al servicio del partido del Gobierno y no al servicio de los ciudadanos, porque se dedican a perseguir a estudiantes" o a políticos, lo que contradice los objetivos del nuevo Parlamento.
La nueva Asamblea Nacional estará conformada por una mayoría opositora calificada con dos tercios de la cámara, una mayoría con un gran poder sobre leyes orgánicas, entre otras atribuciones.
Con esta cantidad de parlamentarios podrán llevarse a referendo aprobatorio los proyectos de ley, los tratados, convenios o acuerdos internacionales.
Esa mayoría permite igualmente destituir a los magistrados, en el caso de que cometieran faltas graves que fueran calificadas previamente por el Poder Ciudadano (integrado por el fiscal, el defensor del pueblo y el contralor).
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